En Rosario hay puntos de venta de drogas que son históricos por su exposición recurrente en las crónicas policiales. “El búnker del medio”, en Tarragona al 1100 bis; el ubicado en Boedo y Ghiraldo; y los puntos de venta de “La U”, en el Cordón Ayacucho de Tablada, por nombrar sólo algunos. Pero hay otros que mantuvieron un “perfil bajo” para los medios, hecho que no implica que los vecinos no los hayan padecido o los estén padeciendo e incluso denunciado en más de una ocasión. Una de esas bocas de expendio de estupefacientes está en Liniers 378 bis, en el barrio Ludueña, donde la noche del 23 de marzo fue asesinada a balazos Lidia Mabel Mensegue, de 43 años.
Ese punto de venta ya había sido reportado por investigadores policiales a partir de una serie de mails informativos que el ex comisario Gustavo “Gula” Pereyra envió entre el 20 de diciembre de 2012 y el 13 de agosto de 2013 a quienes eran sus jefes: la ex secretaria de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, Ana Viglione; y su segundo, Andrés Ferrato, ambos mencionados por el ex ministro Marcelo Sain en su extensa declaración del viernes ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en el marco del juicio que se sigue a Esteban Lindor Alvarado, como integrantes del staff de la política provincial que “desestimaban denuncias” presentadas por los investigadores de calle. En una de las misivas que Pereyra le envió a sus superiores, precisamente pedía que se investigara “el quiosco de Claudia”, la viuda de Sergio Ariel “Gitano” Luraschi, un sindicado transero que fue asesinado en febrero de 2008 en Ludueña.
Ante la escalda de homicidios que en 2013 marcó el récord de 271 hechos en Rosario, el entonces gobernador Antonio Bonfatti ordenó sobre fines de 2012 la creación de la Secretaría de Delitos Complejos. Al frente de la misma nombró a la abogada y policía Ana Viglione y como segundo al abogado Andrés Ferrato, quien se responsabilizó del área de Investigación Criminal. El jefe de la brigada operativa de esa Secretaría desde diciembre de 2012 era “Gula” Pereyra. Al ser indagado por cohecho y tráfico de influencias en la causa en la que se juzgó a los integrantes de la banda de Los Monos, el ex policía explicó que trabajaba recolectando información de calle y que en forma personal o telefónica Ferrato y Viglione le pedían datos relacionados con drogas y búnker. Pero que no sabía lo que hacían ellos con esa información.
En aquella emblemática causa contra el clan Cantero, Gula primero fue sobreseído por el entonces juez de Instrucción Juan Carlos Vienna, pero el camarista Daniel Acosta revirtió este temperamento y Pereyra terminó yendo a juicio con el núcleo duro de Los Monos acusado de pasarle información a Ramón “Monchi” Machuca. Finalmente lo absolvieron de culpa y cargo por el beneficio de la duda. En tanto, Viglione y Ferrato fueron acusados por falso testimonio en torno al alcance de las tareas que desarrollaban en esa área cuando el juez Vienna los llamó a declarar al inicio de la causa que terminó con el enjuiciamiento y condena de los principales referentes de la banda surgida en el barrio La Granada.
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En la audiencia del viernes, el ex director del Organismo de Investigaciones (OI) y ex ministro de Seguridad de provincia, Marcelo Sain, volvió a insistir sobre la idea de que Ana Viglione operaba como “protectora” de la banda de Alvarado. Ya en diciembre de 2018 el fiscal Aníbal Vescovo había presentado su acusación contra Viglione y Ferrato en la que pidió para ellos la pena de 3 años de prisión condicional y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de falso testimonio. En mayo del año pasado el juez Román Lanzón respaldó la acusación, desechó un planteo de sobreseimiento e indicó que el caso debe discutirse en un juicio oral y público. El querellante Sergio Larrubia, con Gula Pereyra sentado a su diestra, pidió que la condena sea a 5 años de prisión efectiva. El mismo Pereyra declarará como testigo esta semana en la causa que se sigue a Alvarado y su banda y quizás brinde precisiones sobre sus investigaciones contra un sector de la policía.
Los mails de Gula
Entre el 20 de diciembre de 2012 y el 13 de agosto de 2013 el ex comisario Gula Pereyra remitió a sus jefes, Ana Viglione y Andrés Ferrato, una serie de mails en los que precisaba el funcionamiento de búnkers y redes de narcotraficantes en Rosario. Pereyra utilizaba para ello dos cuentas de correo electrónico bajo el nombre de fantasía de Juan Alberto González. Entre los mails informativos sobresalían informes en los que al menos tres jefes policiales a los que identificaba habían sido beneficiados por Esteban Alvarado, quien les había construido casas en un barrio privado de Roldán.
“Haciendo averiguaciones me entero que en la Dirección está el oficial Macat (sic). De muy buena fuente me dijeron que es un soldadito de Esteban Alvarado”, escribió Pereyra en un mail. Algo que quedó en evidencia cuando encontraron a uno de esos jefes policiales, Javier Makhat, viviendo en una propiedad que había sido de Alvarado en diciembre de 2018. Makhat fue condenado en la causa Alvarado en un proceso abreviado a 3 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa de 50 millones de pesos.
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Entre los mails enviados a la cúpula de la ex Secretaría de Delitos Complejos había uno que tenía como asunto “Claudia P.” y estaba fechado el 3 de abril de 2012. En ese correo electrónico se daba cuenta de un punto de venta de drogas ubicado en Liniers al 300 bis. Claudia “se domicilia en Liniers 371 bis, donde funciona un quiosco (mugre). Es la mujer de Ariel Luraschi, otrora importante transero caído en desgracia por el consumo, mujeres y el juego. Una suposición mía es que volvió al ruedo empezando de abajo", describió Gula en el parte informativo.
En el mail que Gula remitió se da cuenta que Claudia era la mujer de Sergio Ariel Luraschi, también conocido como “Gitano”, con numerosos antecedentes en el mundillo del narcotráfico cuando cinco años después de ese mail, el 11 de febrero de 2008, fue baleado en el abdomen en el barrio Ludueña cuando llegaba a la casa de un acusado por tráfico de drogas que estaba detenido en la cárcel de Marcos Paz. Falleció tras agonizar una semana.
Para los vecinos, el punto de venta referido es “el quiosco de Claudia”, el mismo en el que el miércoles 23 de marzo pasado fue asesinada Lidia Mabel Mensegue, de 43 años, a quien un sicario ejecutó estando en el interior de la vivienda. La mujer estaba sola, en apariencias, en una casa de Liniers 378 bis, una de las tres viviendas que según los vecinos se van rotando en la cuadra como puntos de venta de drogas. El acompañante de una moto que se estacionó frente a la ventana y disparó al menos cinco veces con una pistola calibre 9 milímetros. Cinco disparos, cinco impactos. Mensegue quedó tendida agonizante sobre el piso de cerámicos. “Mi hermana había salido hace poco de estar en un centro de rehabilitación en Buenos Aires. Estaba vendiendo droga para una amiga de ella”, explicó una de las hermanas de la víctima.
“Acá hace unos años mataron a un pibe, lo tiraron en la vereda”, agregó. Se refería a lo ocurrido poco después de las 2 de la mañana del 2 de enero de 2017 cuando Juan Jesús Godoy, de 39 años, fue baleado desde un auto mientras estaba con amigos en la puerta de una casa de Liniers 380 bis. Godoy recibió tres disparos en el abdomen y otros tres en las piernas, y su primo político fue alcanzado por dos proyectiles, en el tórax y el hombro izquierdo. Godoy vivía en Granadero Baigorria y, según indicaron por aquellos días los investigadores, tenía en su prontuario una condena por robo calificado de 2001 que cumplió en 2006.
La sensación que quedó tras el crimen entre vecinos e investigadores fue que la ejecución de Mensegue tuvo como intención “quemar” el punto de venta de drogas. El crimen es investigado por el fiscal de homicidios Gastón Ávila. Las evidencias están claras de que tras los datos que pasó Gula a sus superiores hace casi una década, el punto de venta de Liniers al 300 bis nunca fue cerrado.