El juicio abreviado que se cocina en una causa caliente

La defensa de los directivos de la agrofinanciera Guardati Torti (GT) trabajan para lograr el cese de las acciones penales en su contra, a través de un juicio abreviado, previo acuerdo económico con las víctimas avalado por la Fiscalía. Se trata de la causa que tiene con prisión domiciliaria a los empresarios Juan Carlos Guardati y Ángel Torti, máximos responsables de la firma que entró en crisis a principios de 2020, tras la caída de Vicentin.

Fuentes independientes confirmaron a La Capital que la posibilidad de lograr un abreviado, que permita evitar el juicio, se encuentra "muy avanzado". Si bien hay expectativa de poder presentar los acuerdos antes de la feria, entre los empresarios prima la cautela, pues aún no tienen el ok final de todos los damnificados. Como prueba del avance de las negociaciones, las partes exhiben que recientemente se renovó por 90 días la prisión domiciliaria de Guardati y Torti, una medida que no tuvo objeciones de la defensa.

Se trata de una causa compleja, que reúne casi una decena de imputados y más de 150 damnificados. La posibilidad de llegar a un abreviado se comenzó a explorar a mediados de año, junto a un cambio de estrategia judicial que ya logró éxitos en el fuero civil y comercial. Vale recordar que, en el marco de su concurso preventivo, la firma logró las mayorías requeridas por ley para aprobar el acuerdo con sus acreedores.

"Entre la reparación económica que se está ofreciendo por la vía penal, y lo que se cobrará en el concurso, los damnificados estarán cobrando gran parte de lo adeudado", informaron a La Capital fuentes con llegada al directorio de GT, desde donde reconocieron que el dictado de la prisión preventiva (ocurrido a mediados de junio) fue un "antes y un después" en el expediente.

El abreviado implica aceptar la culpabilidad pero evita investigaciones que podrían suponer penas más graves. La estrategia inicial de los empresarios había sido negar los delitos, pero se encontraron con una férrea actitud del fiscal Sebastián Narvaja, quien los sentó en el banquillo de los acusados en varias ocasiones entre 2021 y 2022.

Además de los citados Juan Carlos Guardati y Ángel Torti, se encuentran imputados en la causa otras siete personas: Susana Alessandrini, Alejandro Giacomino, Juan Martín Guardati, Natalia Guardati, Noemí Ponte, Laura Torti y Gustavo Rossi. Todos ellos integrantes del directorio de la sociedad bursátil Guardati Torti SA, a excepción del último, que fungía el rol de síndico.

La investigación en contra de los empresarios se inició hacia 2020, cuando un grupo de ahorristas denunció que les habían quitado sus fondos de cuentas comitentes (registrados en Guardati Torti SA) para tapar agujeros financieros de GyT Plus SA, dedicada al corretaje y acopio de granos. La crisis del grupo se precipitó tras la caída de Vicentin, ocurrida a finales de 2019. En la tarde del 6 de febrero de 2020, la agrofinanciera rosarina había anunciado oficialmente que no podía honrar los pasivos de sus clientes y que necesariamente debía recurrir a una reestructuración de pasivos.

La causa fue sumando damnificados, a los que se les empezó a ofrecer una reparación económica, cuyo monto varía en función de cada caso particular (un prorrateo de la deuda individual). Aunque formalmente no hay nada presentado ante la Fiscalía, el equipo de Narvaja ya recibió varios correos electrónicos de víctimas que informaron su consentimiento al acuerdo.