Los dos máximos responsables de la empresa bursátil y corredora de cereales Guardati y Torti SA (GyT) quedaron presos tras una audiencia imputativa en la que les atribuyeron dos nuevos delitos. La resolución judicial implica que los directivos Juan Carlos Guardati y Angel Torti permanezcan por 90 días en prisión preventiva. Lo que se les reprocha es haber realizado un convenio de su empresa concursada en el cual pactaron pagos a dos acreedores a cambio de que estos dieran su conformidad al juez del trámite civil para que se apruebe el concurso preventivo. Tal conducta está penada por la ley porque supone comprar los votos del concurso. Por ello, el juez Hernán Postma decidió que ambos empresarios, que estaban imputados por delitos previos, deben quedar detenidos.
El proceso penal comenzó cuando la empresa bursatil fue denunciada por maniobras ilícitas, consistentes en operaciones de transferencias bancarias y de compraventa de dólares y de títulos valores de parte de la sociedad bursátil GyT SA para fondear las operaciones de la firma conectada GYT Plus SA, con conocimiento que esta se encontraba en cesación de pagos. El fiscal Sebastián Narvaja añadió a ese delito presunto la imputación de un segundo hecho a los miembros del directorio, consistente en haber certificado y autorizado el balance del ejercicio finalizado al 30 de septiembre de 2019, incompleto y con información falsa, reflejando una situación que no se correspondía con la realidad económica de la sociedad de bolsa GT SA.
Este viernes Narvaja les adjudicó dos nuevos hechos, cometidos hace diez días, tanto a Guardati como a Torti en su rol de directores titulares. El primer hecho fue el 6 de junio pasado, cuando "concluyeron un convenio escrito, cuyas firmas fueron certificadas el 8 de junio por una escribana, denominado “Acuerdo transaccional”, con G. D., acreedor verificado en el proceso concursal. En dicho convenio pactaron pagarle a este la suma de sesenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 6.500), a pagarse en 4 cuotas, en dólares billetes. En dicho convenio intervino un fiador personal, en garantía del cumplimiento de las obligaciones comprometidas por los imputados. Como contraprestación, entre otras, se estableció la obligación de prestar conformidad respecto de la propuesta concursal que hubiera sido realizada por Guardati Torti SA, que fuera presentada el 9 de mayo de 2022. La propuesta sobre la cual se presta la mentada conformidad implica el “pago del 100% de los créditos verificados y/o admisibles en el plazo de 10 meses de que la misma fuere homologada judicialmente”, o por cualquier otra propuesta que sea superadora de esta mencionada”, señaló la oficina de prensa de la Fiscalía Regional Rosario.
El segundo hecho fue el del 8 de junio, cuando "concluyeron un convenio escrito, cuyas firmas fueron certificadas el día 10 de junio, denominado “Acuerdo transaccional”, con el acreedor verificado en el proceso concursal, representado por su apoderado. En dicho convenio, pactaron pagarle la suma de siete mil dólares estadounidenses (U$S 7.000,00), pagaderos en billetes de dicha moneda, a las 24 horas de homologarse judicialmente el acuerdo judicial en el Concurso Preventivo de Guardati Torti S.A., del acuerdo concursal en el Concurso Preventivo de Guardati Torti S.A.
Después de la audiencia, Narvaja explicó que la imputación que convalidó e juez consistía en que estos directivos realizaron un convenio en el cual pactaban una serie de pagos a estos acreedores, además de lo que estos acreedores habrían de cobrar en el concurso, a cambio de que dieran su voto o conformidad ante el juez del concurso para que se apruebe el concurso preventivo. La objeción es que esto se hace a espaldas de otros damnificados que esperan reparación.
“La ley castiga eso como delito, se llama delito de colusión, que castiga que cuando hay un proceso de concurso preventivo abierto, los deudores ofrezcan ventajas a algunos de los acreedores a cambio del voto, o dicho de una manera más simple, comprarles el voto dentro del concurso”, dijo el fiscal.
Los imputados en los trámites penales previos contra la agrofinanciera son el presidente y vice de Guardati Torti, seis directivos y el síndico. Sobre todos ellos pesa prohibición de salir del país y debieron pagar una caución cada uno de dos millones de pesos. Les adjudican haber defraudado a 156 inversores que les delegaron operaciones financieras ocasionándoles un perjuicio patrimonial de 6.768.645 pesos y 1.152.151 dólares.
En esta audiencia, el fiscal pidió prisión preventiva ante la reiteración de maniobras. La defensa alegó que Guardati y Torti son personas que superaron los 70 años y que además tienen problemas de salud. En el caso de Guardati el abogado Claudio Pucinelli afirmó que sigue tratamiento por un cáncer y que el encierro en una cárcel lo coloca en grave riesgo y presentó certificados médicos. El juez consideró que tal cosa no quedaba acreditada de manera elocuente y pidió que tanto a él como a Torti fueran evaluados por una junta médico forense. Hasta tanto se produzca esa evaluación, no habrá destino definitivo a un establecimiento penitenciario. El abogado Pucinelli sostuvo que sus representados se encontraban en la alcaidía Order de 27 de Febrero al 7800. Afirmó que Guardati, de 76 años, fue revisado en el Sanatorio Americano y que tras la revisión fue transferido al Order. El miércoles próximo deberá ser evaluado nuevamente por una junta médica forense.
