El gobierno nacional fuerza su apuesta política para pasar la crisis económica

En medio de una crisis fenomenal, el gobierno nacional fuerza su voluntad política para remendar lo que su estrategia económica rompe.

Mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sangra reservas, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró a los agentes de mercado que empeñará todo lo que sea necesario para garantizar el pago de la deuda en moneda dura, incluidos los Bopreal que él emitió.

Sin dólares y sin superávit financiero en julio, prometió también a sus pares que “reprimirá” precios y actividad en el nivel necesario para que el IPC vuelva a mostrar un sendero de desaceleración.

Con un abrazo ideológico, el presidente Javier Milei buscó en la Sociedad Rural Argentina sortear el impacto en las reservas que tiene esa especie de “125 silenciosa” que le plantean los silobolsas. Y frente a los roces con el FMI, dobló la apuesta en la crisis venezolana, pensando en la intervención estadounidense para destrabar préstamos del organismo. Con promesas de inversiones que todavía están en el papel, como la de la planta de GNL, golpea a la principal provincia opositora y agrieta el frente subnacional.

La crisis de representación es la gran aliada del oficialismo para surfear el derrumbe económico fugando hacia adelante, en una suerte de carry trade político que durará hasta que un par se presenten a cobrar las ganancias prometidas.

Por ahora, los temblores se acotan al terreno sectorial. El paseo triunfal por Palermo tiene su otro costado en el duro comunicado de CRA emplazando al gobierno a bajar las retenciones y en los pocos camiones cerealeros que entran a los puertos. Por rutas que, además, están intransitables porque el Estado nacional incumple sus promesas de repararlas, aun cuando sea un pedido desesperado de gobernadores colaborativos, como el de Santa Fe.

La competencia fiscal que promueve la Nación entre las provincias, al estilo de los 90, se encarna en reclamos de entidades empresarias para que adhieran al Rigi y al blanqueo. Y un mercado laboral fuertemente tensionado por el creciente desempleo y la pérdida de poder adquisitivo atiza una nueva etapa de conflictividad, protesta y movilizaciones. Así lo señaló durante la semana el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Héctor Aguiar, al referirse a la marcha que programan los movimientos sociales el 7 de agosto, y a la que adhirió la CGT luego de retirarse del diálogo social convocado por el gobierno.

Plan anti crisis económica

Días antes de esa decisión, un plenario del sindicalismo aceitero planteara desde el corazón del complejo agroexportador, la disposición a tomar medidas de acción para enfrentar el “plan antiobrero” del gobierno nacional. En el marco de un amplio debate, abogados laboralistas como Carlos Zamboni y Matías Cremonte, describieron los ejes de la confrontación con una reforma laboral, ya en marcha, que promueve la tercerización, la deslaboralización, la renunciabilidad de derechos, la destrucción de los convenios, la limitación del derecho de huelga y la legalización del empleo clandestino (“El único delito con el que se vuelven garantistas”, apuntaron).

Y concluyeron que esta ofensiva, que no se agotará con la ley Bases, es nodal para el plan económico, que “ necesita de la caída del salario y la reconstrucción del ejército de desocupados”. Y la única barrera frente a eso es la de “los trabajadores organizados”.