Por Mariano D'Arrigo
Casi veinte años después de la llegada del kirchnerismo al poder, el Frente de Todos ingresa al último cuarto de su gobierno arriando dos de las principales banderas del movimiento de Néstor y Cristina Kirchner. Desde 2003, el kirchnerismo siempre intentó ponerse en la vereda de enfrente del ajuste y la represión. La violación de estas dos cláusulas del contrato electoral abren profundos interrogantes políticos, económicos, sociales y también identitarios.
Dos hechos de esta semana tensionan la solidez de esas creencias. Por un lado, la intervención en Villa Mascardi, donde las fuerzas federales detuvieron y trasladaron al penal de Ezeiza a cuatro mujeres de la comunidad mapuche, una de ellas embarazada. El otro, la violencia desbocada de la policía bonaerense en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que terminó con la muerte del hincha César Regueiro.
Más allá de la decisión de la justicia rionegrina, lo concreto es que el gobierno abordó como un hecho policial una cuestión cuya salida no aparecerá en los juzgados penales sino en alguna instancia de negociación en la que se sienten todas las partes.
En tanto, la represión salvaje de la policía bonaerense, que casi provocó un Cromañón a cielo abierto, reflejó de forma dramática qué sucede cuando se deja a la policía librada a sus instintos. Sin conducción civil, pese a los simulacros de las autoridades para sumar likes en redes sociales y posicionarse.
El caso de Sergio Berni expresa también un fenómeno conocido en Santa Fe. Es la la sorprendente capacidad de un ministro histriónico y proclive a la sobreactuación para mantenerse en el cargo mucho más tiempo de lo que indicarían sus magros resultados.
Ambos episodios recalentaron la interna de un peronismo virtualmente acéfalo. La renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y los pases de factura del Movimiento Evita al gobierno de Axel Kicillof son sólo las últimas señales de tensión en un movimiento que suele rendir culto a la verticalidad pero que hoy cayó en un caótico sálvese quien pueda.
La policía bonaerense desplegó un violento operativo en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata
Son las señales que se emiten desde el comando central del peronismo. Alberto Fernández aparece replegado y tira cada tanto miguelitos administrativos, como la resolución de su amigo y titular del Banco Central, Miguel Pesce, que metió ruido con el agro en el lanzamiento del dólar soja.
Luego del atentado que sufrió el 1 de septiembre, Cristina sólo se corrió de la agenda judicial para amonestar a Massa por los precios de los alimentos y el aumento de la indigencia.
En este marco, es el ex presidente de Diputados el que se carga al hombro la gestión de una economía que hoy está lejos de catapultarlo hacia una candidatura presidencial.
Pese a lograr una cierta calma en el frente financiero con el dólar soja y la ayuda de los organismos internacionales, el programa de Massa continúa con pronóstico reservado. El ministro no encuentra antitérmicos efectivos para bajar la suba de precios del 7 por ciento mensual y la puja distributiva no da tregua.
Es que tras el largo conflicto por la paritaria del neumático -en la que tanto Massa como el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se ubicaron mucho más cerca de las empresas del sector que del Sutna- ahora son los camioneros y los aceiteros los que van por un aumento salarial que supere el 100 de inflación que descuentan en la city.
Sergio Massa recibió un nuevo guiño del FMI
Su poder de presión -derivado de su cohesión interna, pero también del control de algunas de las palancas estratégicas de una economía que sufre una escasez crónica de dólares- contrasta con las dificultades generalizadas en el astillado mundo laboral para que los salarios logren, al menos, una derrota digna en la carrera con la inflación.
La insatisfacción material y simbólica en la base del peronismo pone en riesgo dos objetivos minimalistas que podría plantearse el kirchnerismo, aún perdiendo en 2023. Uno es el repliegue en la provincia de Buenos Aires, a la espera de que un nuevo fracaso de Juntos abra las puertas para volver al poder. El otro es instalarse en un 25 por ciento del electorado, una suerte de usucapión en el campo del centro-izquierda, para desde ahí obstaculizar o bloquear construcciones alternativas que intente el peronismo.
No es necesario que los votantes migren en masa hacia Juntos, Milei o el FIT. Alcanza con que al igual que el año pasado -cuando el Frente de Todos perdió cuatro millones de votos- una porción significativa de ellos vote en blanco, anule o directamente se quede en la casa. Un ejemplo lejano geográficamente pero cercano en el tiempo: en Italia, la alianza de ultraderecha liderada por Giorgia Meloni ganó con la participación más baja desde la Segunda Guerra Mundial.
En este contexto, los gases lacrimógenos que arrojó la fuerza policial que comandan formalmente Axel Kicillof y Sergio Berni apenas tapan las internas en Juntos por el Cambio. A un año de las elecciones, la principal alianza opositora está atravesada por la pelea por los liderazgos -donde nadie se impone sobre el resto- y el debate sobre qué la une más allá del antikirchnerismo. Como el título del nuevo libro de Mauricio Macri, el para qué.
Esta semana, el antecesor de Alberto Fernández fue blanco de las críticas de Facundo Manes, que se metió en una zona prohibida: los usos non sanctos de los servicios de inteligencia entre 2015 y 2019. Incombustible y defendido incluso por dirigentes que sufrieron el espionaje ordenado desde el vértice del poder, Macri le transmite a los dirigentes que tienen llegada a él que se siente cómodo en el papel de gran elector y que en marzo o abril decidirá si va por su segundo tiempo.
Facundo Manes, criticado incluso por su propio partido tras sus dardos contra Mauricio Macri
Sin esperar la decisión del jefe, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich arman por su lado: juntan dirigentes, buscan apoyos en el Círculo Rojo y proyectan su expansión. Convencida de que su perfil conecta mejor con el pulso social, la presidenta nacional del PRO -que cuenta en su equipo a los santafesinos Federico Angelini y Luciano Laspina- vendrá la segunda semana de noviembre a Rosario para reunir a sus equipos técnicos, pero también para entrar en contacto con un electorado que señala a la violencia urbana como uno de sus principales problemas.
A años luz de las preocupaciones de la gente de a pie, la causa sobre presunto espionaje en Santa Fe, en la que se sigue demorando la esperada audiencia imputativa, y el tambaleante procedimiento para designar a los jefes de los fiscales y los defensores, del que ya se bajaron nueve jurados, llenan de ruido a la escena pública santafesina.
La convocatoria de la Casa Gris a la oposición para el próximo 18 de octubre descomprime por unos días la situación pero es sólo un primer paso para tratar de reencauzar un proceso que toca nervios delicados del sistema institucional.
“El procedimiento tiene que ser muy prolijo, porque si esto sigue así de manoseado los que queden afuera de las ternas te van a impugnar el concurso”, advierten desde la Legislatura, donde también siguen con preocupación la disputa en Seguridad entre el ministro Rubén Rimoldi y la secretaria logística, Ana María Morel, que responde al ministro de Economía Walter Agosto.
El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, desplazado del procedimiento para elegir a las autoridades del MPA y el Servicio Público de la Defensa Penal. Foto: Virginia Benedetto / La Capital
La pulseada por el manejo de los fondos -entre ellos, los 3 mil millones de pesos de la ley de emergencia- traba la gestión en un momento en que los homicidios en el departamento Rosario se encaminan a superar el récord de 2013, cuando se cometieron 264 asesinatos.
En este marco, la decisión del gobernador Omar Perotti de convocar las elecciones generales para septiembre -un dato que todos los laboratorios políticos incorporaron a sus cálculos- permitiría ya no capitalizar un hoy improbable viraje del humor social, sino acortar el traspaso de mando. Un tiempo demasiado largo entre la elección y la asunción del nuevo gobernador suma incertidumbre y riesgos en una provincia con demasiados conflictos y donde acecha el fantasma de la crisis institucional.
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