Martes por la tarde de calor y humedad en los monoblocks del Parque Oeste, en el corazón de lo que fuera Quinta Luciani. Alrededor de las 16 dos hombre se trenzaron a trompazos en las inmediaciones de Cerrito al 5500, casi Teniente Agnetta. Uno de los contendientes era Leonel Ariel Tripi, de 30 años, hermano de Iván y Hernán, quienes están privados de la libertad en causas ligadas a la narcocriminalidad. Testigos aseguraron que mientras Tripi estaba demoliendo a su contendiente, al menos una persona que llegó a pie le disparó varias veces hiriéndolo en el abdomen y en la pierna izquierda. En medio de una batahola generalizada Tripi fue trasladado en un auto particular con un patrullero en auxilio de persona. Ingresó directamente a cirugía pero muy poco pudieron hacer por su vida. Por una hemorragia incontenible, Tripi murió al filo de la medianoche.
Mientras la policía trataba de resguardar la escena del ataque, mientras varios habitantes del Fonavi, los hacían sentir visitantes zamarreándole uno de los móviles, vecinos comenzaron a apuntar a los supuestos agresores. Dos hombres y una mujer, quienes se internaron por una de las torres de los monoblocks. En el primer piso de una de las torres fueron detenidos Alejandra Corina M., de 43 años, quien tenía un pedido de captura del 2004 por hurto en grado de tentativa, y Leonel V., de 14 años, quien por su edad es inimputable. Y en el tercer piso los aprendidos fueron Iván Milton B., de 26 años, y Joan Javier A., de 17, este último quedó a disposición de la Justicia de Menores en turno.
Los mayores quedaron bajo las órdenes de la fiscal Georgina Pairola, quien al cierre de esta nota analizaba su situación procesal. Fuentes de la investigación confiaron que ninguno de los detenidos fue el autor de los disparos que mataron a Tripi.
En la escena se secuestró un martillo, lo que alimentó la idea de que habían intentado rematar a golpes a Tripi, algo que fue desvirtuado por el informe preliminar de autopsia. Sobre la medianoche efectivos policiales que patrullaban los monoblocks dieron con dos pistolas _una 9 milímetros y otra calibre 45_ que estaban escondidas en un hueco entre las torres 16 y 17 en inmediaciones de Cerrito y Pedro Lino Funes.
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A la hora de hablar de narcocriminalidad, los Tripi son una de las familias más representativas del Parque Oeste desde hace al menos una década. Distintas crónicas periodísticas e investigaciones judiciales dejaron expuesto que los Tripi primero comenzaron vendiendo en la zona como parte de la banda del encarcelado Walter “Dulce” Abregú, al que con el correr de los años “se le pararon de manos”, en la jerga enfrentaron.
La máxima referencia es Iván, el más conocido de la familia, quien el año pasado fue sentenciado a siete años de prisión en un proceso abreviado homologado por el Tribunal Oral Federal 2 por comercio de drogas y portación de drogas. Otro de los conocidos es Cristián Hernán, sometido a proceso por narcomenudeo.
Leonel tenía 30 años. En 2019 fue detenido detrás de un árbol ubicado en calle Rouillón 2860 con dos panes de marihuana que pesaron alrededor de medio kilo. Al advertir la presencia policial dejó caer una bolsa e intentó escapar, pero luego fue detenido por Gendarmería Nacional. Tras ser procesado fue liberado por un fallo de la cámara penal del 22 de octubre de 2020. Para los investigadores era el jefe de la banda de los Tripi, porque era quien estaba libre.
En las vísperas
El asesinato de Leo Tripi no pasó un día cualquiera. Ocurrió en vísperas de que tres, de cinco, policías rosarinos fueran acusados por el fiscal Franco Carbone por plantarle en un operativo armado tres pistolas a una persona cercana a Leo Tripi, de quien era chófer, para incriminarlo en una guerra con una banda rival.
Las armas en cuestión habían sido utilizadas en una serie de media docena de balaceras ocurridas entre diciembre y enero pasado, hechos que fueron acompañados por carteles con mensajes amenazantes al gobierno. El Macro de Saavedra y Ovidio Lagos (12 de diciembre, una calibre 40); el hospital Clemente Alvarez (13 de diciembre, una calibre 40); comisaría 19ª (27 de diciembre, calibre 380); la sede de las Tropa de Operaciones especiales (TOE, el 20 de enero, calibre 9 milímetros); la casa de un muchacho (el 22 de enero en Pedro Lino Funes y Cerrito, calibre 9) y la estación de servicios de 27 de Febrero y Avellaneda (el 23 de enero, calibre 9).
Todo habría ocurrido a cambio de un pago de 5 millones de pesos, según consta en la investigación, en la que los policías puesto bajo la lupa quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años. Dos de los policías son parte del Comando Radioeléctrico y el restante trabaja en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Pocas horas después de conocerse que Tripi habia muerto, se supo que el fiscal Carbone había ordenado una serie de nueve allanamientos contra Mauricio “Mauri” Ayala, un sindicado transero de la zona sudoeste. Un testigo de identidad reservada en la causa de los policía indicó que Ayala había perdido “200 kilos de falopa” y “un búnker” cuando desde la Justicia se ordenó derrumbar un punto de venta ubicado sobre las vías de Riobamba al 5000, una de los siete bocas de expendió derrumbadas por el Ministerio de Seguridad provincial desde que Santa Fe adhirió el 29 de diciembre pasado a la ley nacional de microtráfico.
Ayala infirió que los investigadores que fueron sobre su búnker tuvieron la colaboración de gente de los Tripi y decidió arruinarlos embagayandole al chofer de Leo Tripi. El conductor además es primo de un pesado: Claudio “Morocho” Mansilla.
Los allanamientos estuvieron a cargo de las TOE y se realizaron en viviendas de Amazonas al 3700; La Paz al 4500; Riobamba al 5000; La Paz y las vías; La Paz al 4600; Azcuénaga al 700; Servando Bayo al 1700 y dos en Pascual Rosas al 2300. Según precisaron fuentes de la pesquisa, en varias estas locaciones los uniformados se toparon con marquesinas de negocios que al ser requisados estaban vacíos o con muy poca mercadería.
En los operativos fueron demorados Liliana A.; Adolfo V.; Ludmila G.; Lautaro M.; Vanina T.; Nicolás M.; Romina V.; Hugo P.; Andrea V.; Ariel M. y Eva P.. También se secuestraron dos camionetas; una moto; telefonía celular; un papel con anotaciones; documentación de diferentes vehículos; 520 dólares y alrededor de dos millones de pesos. Varios de los demorados son familiares de Ayala, quien no fue encontrado.
