La inflación y su proceso en nuestro país ya no es noticia, aunque mes a mes no dejamos de sorprendernos con la dimensión que adquiere el problema. En una economía inflacionaria todos los productos suben sus precios, aunque lo hacen en magnitudes y momentos diferentes, razón por la cual cambian en forma continua los precios relativos de los productos, a la vez que el poder adquisitivo de los ingresos, es decir, los bienes y servicios que cada individuo puede comprar con los ingresos de que dispone.
Eso supone que los trabajadores, a pesar de ver incrementado el monto en Pesos de sus ingresos, tienen acceso a cada vez menos bienes y servicios, es decir, año a año van perdiendo poder de compra y, en consecuencia, calidad de vida.
En los próximos meses podrán facilitar la instrumentación de un plan de estabilización o agudizar la magnitud del problema… En los próximos meses podrán facilitar la instrumentación de un plan de estabilización o agudizar la magnitud del problema…
Los economistas solemos plantear que en estos casos estamos en presencia de una caída real del salario, ya que si bien el mismo aumenta en términos nominales (más Pesos cobrados), pierde frente al aumento de los precios de la economía.
En los últimos seis años, en el período que va de diciembre de 2016 a igual mes de 2022, el salario perdió, en promedio, el 18,9 por ciento de su capacidad de compra. Esto surge de comparar la evolución del Índice de Salarios y del Índice de Precios al Consumidor elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Este promedio claramente no refleja la realidad de cada trabajador de nuestro país, ya que no todos los argentinos consumimos una canasta idéntica a la que usa el INDEC para medir la inflación, ni todos hemos visto evolucionar nuestro salario de igual manera.
Sin embargo, se trata de un indicador que refleja con absoluta contundencia la magnitud del retroceso que ha sufrido el poder adquisitivo de los trabajadores en nuestra sociedad, incluyendo aquí a los empleados estatales como así también a los trabajadores formales e informales del sector privado.
Esta significativa pérdida de la capacidad de compra del salario y, por ende, de la mayoría de los hogares argentinos, se materializa de forma distinta según el nivel de ingreso de cada uno de ellos. Así, para los sectores de ingresos más bajos, sacrificar recursos significa dificultades concretas para cubrir sus necesidades básicas en materia de alimentación, vestimenta y vivienda.
Por su parte, para los sectores habitualmente englobados en lo que se conoce como “clase media”, la pérdida de poder adquisitivo deriva en una modificación de sus pautas de consumo, pasando a resignar bienes y servicios que si bien no son de primera necesidad hacen a su calidad de vida (reduciendo el gasto en actividades de esparcimiento, turísticas, culturales, etc.).
Inflación de 2013: caída de la calidad de vida y pérdida del poder adquisitivo.
Ilustración de Chachi Verona / Archivo La Capital
Si bien los efectos negativos de la inflación no terminan aquí, este impacto por sí mismo es lo suficientemente relevante como para obligarnos a poner al problema en el centro de la escena de cualquier diseño de política económica.
Esta problemática, que si bien es de naturaleza estructural en nuestro país ha adquirido dimensiones cada vez más preocupantes en los últimos años, y debe ser abordada de forma integral en el programa económico.
Emerge aquí entonces la necesidad de pensar, proyectar, diseñar e implementar un plan de estabilización, que supone la adopción de un conjunto de políticas económicas en el plano fiscal, cambiario, monetario y de funcionamiento de los mercados que guarden consistencia interna (es decir, que no se contradigan ni neutralicen entre sí) y que incorporen apropiadamente el contexto en que se van a implementar (es decir, que no desconozcan el punto de partida ni en el plano económico ni en el plano social, con las restricciones que estos imponen).
>> Leer más: Inflación: en febrero llegó al 6,6%, informó el Indec
Los elementos centrales de ese plan de estabilización consisten en una tendencia marcada hacia el equilibrio fiscal, la eliminación de las expectativas devaluatorias, el compromiso de no financiar vía emisión monetaria las necesidades de fondos derivadas de la administración fiscal y una apropiada coordinación de la puja distributiva que permita contener la inflación inercial.
Llevar adelante en forma simultánea estos cuatro componentes del plan de estabilización exige un equipo económico y un liderazgo político que generen credibilidad en los actores de la economía y que tengan la capacidad de transmitir apropiadamente a los argentinos que este nuevo esfuerzo permitirá efectivamente alcanzar el objetivo perseguido de contener la inflación.
No resultan creíbles las propuestas de reducir mágicamente la inflación sin contemplar debidamente estas medidas de política económica que necesariamente impactarán una vez más en el ingreso disponible por las familias argentinas. Repasemos brevemente cada una de ellas.
La búsqueda del equilibrio fiscal obliga a revisar la política de gasto del gobierno nacional, siendo las transferencias al sector privado vía subsidios a los servicios públicos y los programas asistenciales los componentes con mayor espacio para ser revisados.
En el frente cambiario, alinear el tipo de cambio oficial con el precio del dólar que el mercado supone de equilibrio (es decir, eliminar la brecha cambiaria), muy probablemente empuje una devaluación, con los consecuentes efectos en materia de precios de los bienes transables (alimentos y energía a la cabeza). En el actual contexto social, no resulta viable un escenario devaluatorio que no contemple apropiadamente las medidas compensatorias y de contención social para enfrentar sus efectos.
>> Leer más: Salarios: la inflación impone la dinámica de la "paritaria permanente"
En el plano monetario, no alcanza simplemente con no emitir para financiar el déficit fiscal. Aun si así fuera, quedará por resolver el significativo volumen de potencial emisión diferida que trajo consigo el reciente acuerdo alcanzado con el gobierno nacional con los poseedores de títulos públicos.
Ahora bien, en una economía que viene transitando con una inflación del orden del 100 por ciento anual (es decir, de un año a otro los precios en promedio se han duplicado), la reducción de los registros inflacionarios exige administrar con mucha precisión la puja distributiva de forma tal de mantener bajo control la inflación inercial (situación en la que la inflación pasada empuja hacia arriba a la inflación futura).
Las decisiones que se adopten en los próximos meses podrán facilitar la instrumentación de un plan de estabilización o agudizar la magnitud del problema. La gestión de gobierno que asuma en diciembre tendrá la oportunidad de implementar un plan de estabilización que nos conduzca al objetivo buscado, reconociendo las consecuencias negativas inevitables que este traerá consigo durante los primeros meses de su implementación.
Si la dirigencia política propone soluciones mágicas, la decepción de los argentinos resultará directamente proporcional a la magnitud de las falsas expectativas generadas.
