Dos de las iniciativas buscan modificar el Código de Convivencia en los artículos que abordan las picadas y el alcohol al volante. El efecto de la tragedia de la costanera ocurrida en enero
La tragedia de la costanera del 21 de enero cuando dos mujeres fallecieron tras ser embestidas por un vehículo a más de 120 kilómetros por hora.
Rosario quedó atravesada por la tragedia de la costanera del 21 de enero cuando dos mujeres fallecieron tras ser embestidas por un vehículo a más de 120 kilómetros por hora. La conmoción y preocupación del caso llamó a replantearse los mecanismos de prevención al volante y en el Concejo Municipal ya circulan al menos tres proyectos en este sentido.
Mientras el proceso judicial contra Agustín L., en prisión preventiva bajo el plazo de ley (hasta dos años) sigue en curso, el dolor por la muerte de Tania Gandolfi (41) y su hija Agustina García (16) sigue latente en las calles de la ciudad. Proyectos de ordenanzas buscan endurecer las sanciones para conductores que participen de picadas o que sean reincidentes positivos en la prueba de alcoholemia.
El conductor del 206 que atropelló a la familia García en la avenida Arturo Illia (a la salida del túnel homónimo) y Presidente Roca no estaba corriendo una picada sino que perseguía a un motociclista, que aún no fue encontrado. Cuando fue detenido dio positivo de alcohol en sangre, lo que agrava su situación y vuelve a poner en eje la necesidad de controles al volante, que tuvo un quiebre luego del trágico choque protagonizado en marzo de 2016 en la zona oeste por el mecánico Juan Carlos Schmitt, condenado a nueve años de prisión por provocar la muerte del motociclista Damián Orgaz.
El primero de los proyectos busca modificar el artículo 287 del Código de Convivencia para declarar la inhabilitación definitiva de conducir para quienes corran picadas en las calles rosarinas, al tiempo que eleva las multas. Firmado por Nadia Amalevi (Arriba Rosario), la iniciativa plantea agravar las sanciones tanto para los conductores como para los organizadores de estas carreras ilegales.
Las multas, en caso de aprobarse la ordenanza, se elevarán hasta los 4.750.000 pesos (unas 3.800 unidades fijas). “Agravar las sanciones para quienes participen en picadas, no sólo ayudará a reducir los incidentes viales, sino también, promover una cultura de conducción responsable y proteger a toda la comunidad”, argumentó Amalevi.
María Fernanda Rey (Partido Justicialista) presentó un proyecto para modificar el artículo 288 del Código de Convivencia, que fija las penas a quienes conduzcan alcoholizados.
Además de elevar las multas y el periodo de inhabilitación para conducir, que puede ir desde 30 días a un año, se duplicará la pena en caso de conductores reincidentes con hasta un gramo de alcohol en sangre.
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En tanto, si una persona reincide con más de un gramo de alcohol en sangre se duplicará la multa y se inhabilitará por seis años el carné. Ahora bien, en una segunda falta, el chofer quedará inhabilitado de por vida para conducir.
El Concejo Municipal tiene en sus comisiones un proyecto para adherir a la ley nacional de tránsito 24.449, que incorpora un sistema de penalización mediante la reducción progresiva de puntos o “scoring” en la licencia. Fue presentado por la concejala Sabrina Prence (Vida y Libertad), pero rápidamente descartado por las autoridades.
Si bien Prence destacó que este régimen demostró ser una herramienta eficaz en varias jurisdicciones para disminuir la siniestralidad vial, el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, se pronunció ante una consulta de La Capital: "La Municipalidad de Rosario en este caso no podría actuar sobre las licencias porque son provinciales y las maneja la Agencia y es la única que tiene facultades para retener o suspender una licencia. Sólo las provincias que emiten licencias pueden intervenir con scoring o reteniendo licencias. En el caso de Santa Fe es una potestad de la APSV y los que pueden actuar son los jueces de faltas que aplican sanciones como la de suspender o quitar la licencia por un plazo establecido de un mes a dos años ".
En este mismo sentido se paró Sebastián Chale, secretario de Gobierno de Rosario, al advertir que “bajo ningún punto de vista podemos aplicar el scoring sin que antes se revisen otras cuestiones".
Ese fatídico martes 21 de enero fue un antes y un después para la familia García. Diego viajó con su esposa Tania y sus hijas Agustina y Victoria, de 6 años, que milagrosamente fue rescatada por el padre de familia. Agustín L., el conductor del 206 que arrolló a la familia, permanece detenido mientras avanza la investigación y espera por el juicio.
El joven de 21 años se encuentra imputado de doble homicidio simple con dolo eventual y se le retiró la licencia de conducir. “Más allá de cómo siga la causa penal en torno al conductor, de la cual no se sabe cómo puede terminar, lo importante era asegurase que esta persona no vuelva a conducir. Por eso la suspensión es por tiempo indeterminado”, aseguró Torres.
En cuanto al proceso judicial, la fiscal Valeria Piazza Iglesias, al frente de la unidad especializada en siniestros viales, apuntó a La Capital: “Si una persona choca y se da la fuga, cuando la detenemos queda en prisión preventiva. Porque hay peligrosidad procesal, porque se sustrajo a la autoridad y modificó toda la escena, lo cual habla de un entorpecimiento probatorio”.
Las defensas de los imputados por siniestros viales (incluida la del joven que atropelló a las turistas cordobesas, Agustín L.) encuadran la conducta de sus clientes como culposas y se remiten al artículo 84 bis, con penas que van desde los tres a los seis años. Sin embargo, incluso en fallos de segunda instancia (los que se producen luego de una apelación) fue ratificada la perspectiva del dolo eventual. “Para ciertos casos el Código Penal quedó obsoleto. La realidad es que el tránsito está muy violento, cada vez más gente conduce alcoholizada, drogada, y eso antes no pasaba tanto”, manifestó Piazza Iglesias.
Por Matías Petisce