San Jorge.— El Ministerio de Salud de la provincia presentó un estudio realizado en esta ciudad destinado a valorar la incidencia del llamado "fallo San Jorge" sobre la salud de las personas. El informe concluyó que hubo una disminución de 16 por ciento de consultas médicas en los registros del Samco local, atribuibles a dolencias relacionadas con contaminantes externos en dos períodos: uno comprendido entre el 1º de diciembre de 2008 y el 31 de marzo de 2009 y el segundo durante los mismos meses pero un año después, cuando ya regía la prohibición que imponía el fallo del juez Tristán Martínez. El magistrado estableció una distancia libre de agroquímicos para el barrio Urquiza de 800 metros para aplicaciones terrestres y 1.500 para aéreas.
El objetivo del estudio fue determinar posibles cambios en efectos potencialmente atribuibles a irritantes externos por exposición inmediata (o aguda) a agroquímicos. Los investigadores partieron del supuesto de que durante la prohibición impuesta por el fallo judicial la cuantía de agroquímicos disminuiría por lo que podría surgir a la vista una relación directa entre la aplicación de los plaguicidas y las afecciones de los vecinos que originaron las denuncias que motivaron la intervención judicial.
Para ello, especialistas del Ministerio diseñaron una investigación con un esquema que condujera a la valoración de la frecuencia de las consultas y de los efectos a la exposición aguda y crónica. También evaluaron la percepción de diferentes actores locales sobre los efectos de la exposición a los agroquímicos a través de entrevistas a informantes clave y encuestas a usuarios del hospital.
Los casos sospechosos se buscaron entre pacientes de la guardia, clínica médica y pediatría del Samco local y en el Centro de Salud que consultaron en los períodos evaluados. De los registros hospitalarios se tomaron como casos testigo los que acusaban afecciones de vías respiratorias (ataques de asma, tos irritativa y bronquitis), afecciones conjuntivales (conjuntivitis o irritación conjuntival) o afecciones (alergias) de la piel.
Las conclusiones. En términos globales se observó una disminución de consultas entre ambos períodos del 16 por ciento en los servicios sanitarios. De ese porcentual hubo una disminución del 34 por ciento en cardiología, 14 en clínica general, 10 en guardia y 37 en pediatría.
Llamó la atención que hubo una reducción en menores de 14 años del 58 por ciento en afecciones conjuntivales, 89 en problemas cutáneos y 33 en vías aéreas, potencialmente asociadas a irritantes externos. Otros diagnósticos no asociados a esos fenómenos se redujeron en un 17 por ciento. En mayores de 15 años las tendencias se conservan.
"Si bien los motivos elegidos como casos sospechosos no son específicos, disminuyeron conjuntamente y en mayor proporción que el resto de los diagnósticos no asociables a irritantes externos, lo que sumado a la disminución de las consultas entre adultos y niños refuerza la presunción que el fenómeno estuvo asociado a la ausencia de un factor ambiental durante el segundo período", expresan las conclusiones.
Sobre la exposición a largo plazo, la falta de registros impidió hacer comparaciones. Los neonatólogos consultados no percibieron un aumento de los casos de malformaciones congénitas y refieren esa situación como muy poco frecuentes.
Disparador. En abril de 2009, días después de presentado un recurso de amparo por parte de los vecinos contra los propietarios y explotadores de campos linderos al vecindario, Martínez resolvió suspender en forma preventiva la fumigación con todo tipo de agroquímicos.
Productores, la Municipalidad y el gobierno de la provincia apelaron la medida judicial. En diciembre de ese año la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial de la provincia hizo lugar a la sentencia dictada y ratificó la prohibición de fumigar en los campos linderos al barrio Urquiza hasta una distancia de 800 y 1.500 metros, según se trate de aplicaciones aéreas o terrestres.
La Cámara también exigió al Ministerio de Salud una investigación epidemiológica para evaluar los posibles impactos en la salud que el uso intensivo de agroquímicos podría ocasionar y si en el lapso de prohibición menguaban los requerimientos de atención sanitaria.
