El proyecto fue presentado por la diputada nacional del Frente de Todos Mónica Macha y establece multas y penas de dos a ocho años para los culpables del delito de visibilizar videos íntimos
La Cámara de Diputados dio media sanción este martes por la tarde al proyecto que apunta a fortalecer la Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe, a fin de contar con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el marco de la ola de violencia en la ciudad de Rosario, en una sesión especial que cuenta con la presencia del gobernador de esa provincia, Omar Perotti.
El objetivo es adecuar la estructura judicial para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y así poder hacer frente a la escalada de violencia narco. La medida obtuvo 214 votos a favor -del Frente de Todos y Juntos por el Cambio- y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. No hubo votos en contra.
El debate fue abierto a las 14 por el diputado santafesino del Frente de Todos (FdT), Roberto Mirabella, quien al defender el dictamen de mayoría señaló que esta iniciativa “es una señal política de todo el Congreso Nacional, para unir fuerzas” y “estar todos juntos para combatir un delito como es el narcotráfico y la narcocriminalidad”.
En ese sentido, dijo que la implementación del sistema acusatorio “es un salto cualitativo” para la provincia, ya que “solo se aplica en Salta y Jujuy y es muy satisfactorio”.
Mirabella explicó detalles del proyecto de su autoría, que busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.
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Según los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las estructuras promedio de personal y los gastos estimados en salarios, insumos e infraestructura significarán un impacto fiscal anual de 7.500 millones de pesos.
El legislador dijo que el sistema acusatorio permite que “los tiempos procesales se han acortado tremendamente: de 5 a 6 años a un año”, y manifestó que “es un sistema que, además, hace a la calidad del gobierno democrático”.
“Queremos implementar este Código y este proyecto va en esa dirección”, enfatizó.
La importancia que el gobierno provincial le atribuye a esta medida quedó plasmada en la presencia del gobernador Omar Perotti en la Càmara de Diputados, quien siguió parte del debate desde el palco. “No tenemos la magnitud para enfrentar un delito de estas características. La necesidad de contar con más fuerzas es imprescindible”, dijo luego en conferencia de prensa.
El mandatario provincial también instó a los futuros candidatos presidenciales a “unificar una política común” para enfrentar el narcotráfico. “Fundamentalmente, cómo tener una política carcelaria que dé cuenta de la magnitud de lo que hay que enfrentar y que no pueden estar conviviendo los delitos comunes con delitos del narcotráfico y, particularmente, con los denominados de alto perfil. Necesariamente eso tiene que darse y el control tiene que estar”, detalló.
El diputado Eduardo Toniolli –uno de los impulsores de la iniciativa- señaló que esto “va a permitir poner en marcha el sistema acusatorio federal en Santa Fe con más estructura”.
“Este proyecto nace del consenso multipartidario. Creemos este es el camino para abordar la violencia urbana que atraviesa nuestra ciudad, y no el turismo de dirigentes políticos porteños que vienen a Rosario, se sacan una foto con cara de preocupados y después se borran” valoró Toniolli.
“En Rosario no se crea una fiscalía federal hace cuatro décadas, y sin embargo en ese mismo período alguno delitos complejos como el lavado de activos o el narcotráfico han mutado y crecido exponencialmente, de allí la importancia de este fortalecimiento”, explicó el legislador nacional, y detalló algunos puntos del texto aprobado: “en caso de avanzar también en el Senado, esta Ley va a permitir contar con veintisiete cargos de fiscales federales más para la provincia de Santa Fe -quince de ellos en Rosario-, nueve de defensores, seis de jueces, y otros seis cargos de jueces penales con funciones de revisión.”
“Aún cuando el impacto que esta decisión va a tener en la persecución de delitos complejos va a ser a mediano y largo plazo, este acuerdo alcanzado debe ser tomado como un antecedente auspicioso para hacer frente a otras deudas de la política santafesina en materia de seguridad pública, que de resolverse podrían tener efectos positivos a corto plazo”, señaló el diputado justicialista, y precisó: “¿por qué no avanzamos con la tan postergada reforma integral de la policía santafesina, sin la cual cualquier otra medida que se tome, por más buena que sea, será insuficiente?”.
“El crecimiento de la tasa de homicidios en los últimos 15 años en Rosario es paralelo a la profundización del autogobierno policial y su imbricación con el delito, por lo tanto es hora de asumir que ´algo hay que hacer´ con este tema, y que la única forma de sostener las reformas necesarias en la materia es con un amplio acuerdo político, no solo entre partidos, sino también con la sociedad”, afirmó Toniolli, y concluyó: “estamos hablando de un camino más complejo y trabajoso que el oportunismo que han mostrado dirigentes que solo vienen a la provincia de Santa Fe para hacer una nota televisiva con un chaleco antibalas puesto, pero que va a permitir encontrar soluciones de fondo al problema”.
Desde Juntos por el Cambio, en tanto, la diputada santafesina Ximena García señaló que “la tasa de homicidio de Rosario cuadriplica la tasa nacional” y dijo que “es por eso que hoy estamos tratando en el Congreso un tema en el que es urgente avanzar, para fortalecer la Justicia Federal de nuestra provincia”.
“Los números no mienten y nos preocupan. En 2021, hubo 358 homicidios en la provincia de Santa Fe; en 2022, 406 y en lo que va de este año 2023, entre enero y febrero, se perpetraron 85 homicidios. Y solamente en Rosario fueron 57 homicidios, uno por día. Son cifras trágicas”, precisó la diputada.
En este sentido, insistió con que “la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) comprobó que las maniobras de tráfico, comercialización y transporte de drogas y otros delitos vinculados son planificados desde el interior de las cárceles”, y expresó que, “por eso, es que no entendemos por qué la subsecretaria de asuntos penitenciarios, María Laura Garrigós, no toma medidas y no da explicaciones en este Congreso aún cuando fue citada en varias oportunidades”.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, Ley N7.063, sus normas modificatorias y complementarias.
En tanto, debe conformarse además la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún tiene que nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados ya fueron designados.
Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que “quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento”.
Por Tomás Barrandeguy