El fiscal Diego Luciani, es uno de los fiscales de la causa.
La defensa de uno de los acusados en la causa Vialidad aseguró este lunes que la fiscalía “violó la Constitución” al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados, en un proceso en el que la Justicia de Santa Cruz dictaminó años atrás que no hubo hechos de corrupción ni de cartelización en la obra pública en esa provincia entre 2003 y 2013.
Mariano Fragueiro Frías, abogado del ex titular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, inició la ronda de alegatos finales de las defensas en la llamada causa Vialidad, reclamó la absolución de su cliente y manifestó su rechazo al atentado sufrido el jueves último por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también acusada en este proceso.
“Intentaron convertirse en aladides de la corrupción”, expresó Frías sobre la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero, en realidad —advirtió— hubo “violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio”.
Además, Frías remarcó: “Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo; eso no está bien”.
Sentado en la primera fila en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 junto a Garro, Fragueiro Frías insistió ante los jueces que la causa Vialidad “es cosa juzgada” porque ya hubo un expediente en Santa Cruz que evaluó las mismas obras y fue cerrado.
“Se juzgó en los tribunales locales y lo más grave es la interferencia en los gobiernos locales, en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, se genera un daño irreparable al sistema federal”, argumentó el abogado, para quien la fiscalía “violó la Constitución”
Fragueiro Frías apuntó también que su defendido “era un funcionario local de Santa Cruz” y la provincia “se regía por la Constitución local”.
El acusado presidió Vialidad provincial por seis meses, entre 2005 y 2006, y las obras de ese período por las que fue acusado “están todas en el presupuesto provincial y el Tribunal de Cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos”, según detalló el defensor.
Al tomar la palabra, el abogado apeló al Preámbulo de la Constitución Nacional y pidió “que el odio no le gane a nuestra sociedad y cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción en las reglas de nuestra sociedad y nuestra convivencia social”, en relación al intento de magnicidio hacia Fernández de Kirchner del jueves último.
Luego, al iniciar su alegato, el defensor de Garro aseguró que los fiscales Luciani y Mola hicieron abuso de “falacias circulares” al “afirmar cuestiones que son absolutamente inexistentes y que de ningún modo pueden alcanzar a nuestro defendido”.
Por primera vez desde que se reanudó el juicio de manera semipresencial, el abogado y Garro acudieron en persona a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002, donde estuvieron también los jueces del TOF2 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
El defensor había pedido la presencia en la sala también de los dos fiscales de juicio, Luciani y Mola, pero ambos optaron por seguir su alegato conectados de manera virtual desde sus respectivos despachos en el edificio judicial.
La fiscalía pidió condenar a Garro a tres años de prisión en suspenso, pero su abogado reclamó la absolución porque “no hay absolutamente nada que pueda justificar una condena”.
El alegato se extendió por casi tres horas y el juicio continuará hoy con el turno de la defensa de otro ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda, que tiene un pedido fiscal de condena a 6 años de prisión.
El juicio se reinició después de dos semanas de receso y luego de que la fiscalía pidiera condenar a 12 años de prisión a la vicepresidenta y al empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones como presuntos organizadores de una asociación ilícita y defraudación al Estado.
También pidió diez años de cárcel al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
La defensa de la vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el tribunal para el orden de las exposiciones.
Tanto ella como los restantes acusados podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py, en el juicio que se realiza de manera virtual, con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.
En la causa se investiga supuestos direccionamientos de las licitaciones de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La Municipalidad de Rosario fue a la Justicia y alertó que jamás se pidió autorización para esa actividad. La cita se promocionaba para junio y se vendían entradas de 45 dólares.
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