El juez federal Marcelo Martín Bailaque ratificó en Rosario que el crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure en 1975 debía ser considerado de "lesa humanidad" y que por tal motivo no debía prescribir. En consecuencia, la causa seguirá abierta. El primer pedido para que sea calificado de esta forma había sido hecho por el fiscal general Claudio Palacín, solicitud denegada por la Procuración General de la Nación.
De esta forma, el caso pasa a ser emblemático para que los secuestros, atentados, torturas y asesinatos de la guerrilla de los violentos años 70 sean casos abiertos para ser juzgados. El pedido de Palacín había sido por una presentación hecha por el abogado defensor de la familia de Larrabure, Javier Vigo Leguizamón, en febrero de 2007. La familia considera que "el asesinato fue cometido en el marco de un ataque sistemático a la población llevado a cabo por organizaciones terroristas".
Larrabure hijo incorporó como elemento de análisis la presunta responsabilidad de los Estados argentino y cubano. A su criterio "el Poder Legislativo nacional resultaría responsable por cuanto, el 26 de junio de 1973 amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal en lo Penal, dejando en libertad a algunos de los que secuestraron al militar".
Para Larrabure, "la estrategia de los ex guerrilleros estaba centrada en considerar prescriptos sus asesinatos. Las crónicas prueban que la clase política contribuyó a la tragedia, calificando a quienes habían sido condenados por hechos terroristas como perseguidos políticos", dice en un comunicado.
Para el fiscal Palacín "el desarrollo de las organizaciones guerrilleras escapa a tipificaciones simplistas; el ERP-PRT no era una fuerza progresista sino una organización revolucionaria que pretendía instaurar una sociedad marxista inspirada por el faro de la revolución cubana. Desde sus orígenes, consideró que la vía pacífica al socialismo era una imposibilidad, por lo que el cambio social sólo podría llegar a través de una guerra revolucionaria".
El fiscal sostiene que "la violación de los derechos humanos de Larrabure tuvo lugar en ocasión de un conflicto armado, conforme los lineamientos de la jurisprudencia internacional que en la causa Milosevic ha explicado que el concepto de «conflicto armado» requiere únicamente que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate y que de hecho lo hagan. Sus ataques fueron sistemáticos".
Según indicó el abogado de la familia Larrabure, Vigo Leguizamón no se expidió sobre la cuestión de fondo. Sin embargo la resolución del magistrado permite que la Justicia avance en la investigación y mantiene abierta la causa. "Lo que hizo el juez fue rechazar el planteo de nulidad de lo actuado por Palacín, realizado por el procurador Righi", manifestó el letrado.
Larrabure fue secuestrado el 10 de agosto de 1974, mantenido durante 372 días en una cárcel del pueblo y finalmente asesinado por el ERP.
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