Aunque no es vinculante, el 28 de noviembre la Cámara alta votará si la legisladora libertaria puede asumir o no la banca
La senadora electa por la Libertad Avanza Lorena Villaverde junto a Karina Milei.
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta nacional inició este miércoles el debate por los diplomas de los senadores electos con foco en el de la rionegrina Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza (LLA), por presuntos vínculos con el narcotráfico. En una contraofensiva, el oficialismo presentó dos impugnaciones a los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria, que fueron rechazadas por el PJ.
El pliego de Villaverde fue rechazado, ya que no solo se manifestaron en contra los ocho peronistas sino que se sumaron Juan Carlos Romero y el radical Pablo Blanco. Aunque el destino de la legisladora electa se resolverá en la sesión preparatoria del 28 de noviembre próximo.
La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Alejandra Vigo, definió dos dictámenes de mayoría. Uno en el que figuraban los pliegos de los senadores electos, salvo Villaverde, y un segundo de rechazo de la rionegrina.
El peronismo ya había adelantado que se iba a oponer al pliego de la senadora electa como consecuencia de los antecedentes de una causa de compra de cocaína en Estados Unidos y, además, por sus relaciones con Fred Machado, el argentino extraditado para que comparezca en una causa donde se lo acusa de narcotráfico y lavado de dinero.
>>Leer más: Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos
El presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria (UP), José Mayans, afirmó que la Cámara alta no puede aceptar que asuma la libertaria “por sus vínculos con el narcotráfico” que la hacen “una persona indigna de estar en la banca”.
“No estamos de acuerdo en que Villaverde llegue a una banca en el Senado y, por eso, pedimos que sea reemplazada por quien le sigue en la lista para que pueda jurar”, expresó Mayans.
Al respecto, el legislador formoseño dijo que Villaverde tiene “relación con el narcotráfico que es un delito”. Y agregó: “No estamos de acuerdo con que esta persona que tiene ese antecedente, y que a causa de eso tiene la prohibición de ingresar a Estados Unidos, pueda ocupar una banca del Senado”.
Entre los fundamentos, el PJ alude a causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral. Asimismo, el peronismo apunta contra la senadora electa, por haber incurrido en “amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados, y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde.
La sorpresa que definió la suerte del dictamen de la senadora electa estuvo a cargo del salteño Juan Carlos Romero. Enfrentado al kirchnerismo y cercano al oficialismo, advirtió que “una cosa son las acusaciones políticas y otra haber pasado por la Justicia Penal de Estados Unidos”.
El legislador aludió, de ese modo, a que Villaverde cometió un delito de venta de droga y que le atenuaron la pena porque entregó información.
En tanto, la defensa más polémica de la rionegrina estuvo a cargo del oficialista Juan Carlos Pagotto, quien consideró que “todo se basa en un principio de objetividad y prueba”.
Paralelamente, el oficialismo intentó impugnar a Capitanich (Chaco) y Soria (Río Negro), senadores electos, en una contraofensiva a la impugnación impulsada por el peronismo contra Villaverde.
Se trató de la primera jugada que instrumentó el oficialismo, que tiene nueva muñeca política en la Cámara alta: la ministra de Seguridad Nacional y senadora electa, Patricia Bullrich.
De hecho, las impugnaciones a Capitanich y Soria fueron acercadas a la Cámara alta por la propia Bullrich.
Por Alvaro Torriglia
Por Javier Felcaro