Una mujer de 61 años del barrio porteño de Recoleta que era buscada por la Justicia por supuestamente financiar los carteles contra la vicepresidenta Cristina Kirchner tildándola de asesina, se presentó espontáneamente en los Tribunales.
Los carteles que presuntamente financió la mujer que se presentó en Tribunales y quedó imputada.
Una mujer de 61 años del barrio porteño de Recoleta que era buscada por la Justicia por supuestamente financiar los carteles contra la vicepresidenta Cristina Kirchner tildándola de asesina, se presentó espontáneamente en los Tribunales.
La acompañaba su abogado Matías Cúneo Libarona y aportó tres teléfonos y su computadora, los cuales serán peritados. Al presentarse, quedó sin efecto la orden de captura dispuesta desde este miércoles.
Por declaración de otro de los imputados, el juez cree que esa mujer, identificada como Nilda Melhem, fue quien financió los carteles. La mujer designó como abogado a Matías Cúneo Libarona y quedó formalmente imputada.
Más temprano, la Policía Federal comenzó un allanamiento en su domicilio por orden del juez y en virtud que ella era buscada desde este miércoles. Incluso, De Campos había allanado seis locaciones y no la había ubicado, por lo que el abogado presentó un escrito en el que intentó justificar que la investigación siga sin detención vigente.
Pero cuando había comenzado el operativo en el domicilio particular de la mujer en Recoleta, ella se presentó en Tribunales de Talcahuano 550, entregó sus dispositivos electrónicos y quedó sin efecto la detención. Sí quedó imputada y será investigada.
En un escrito que había presentado el miércoles a última hora, Nilda Lilian Melhem dijo "sentirse aludida por lo que dijeron los medios de comunicación" y por eso se presentó por medio de abogado.
También lo hizo un adolescente de 17 años, de nombre Lucio, y dijo ponerse a disposición. Ese joven fue quien realizó el primero de los pagos a la imprenta, para lo cual se trasladó en taxi a Lanús.
Según fuentes consultadas, la mujer sufrió la muerte de su esposo por covid durante la pandemia y hasta supo poner una piedra en Plaza de Mayo, la forma en que familiares de víctimas recordaron a sus seres queridos, y las cuales luego fueron movidas por el Gobierno Nacional al interior de la Casa Rosada.
En el escrito presentado por el abogado dijo que prestará “plena colaboración y concurrencia cada vez que sea citada. No tengo antecedentes computables penalmente; jamás tuve denuncias en mi contra; vivo desde hace mucho tiempo (exactamente desde 2009) en un inmueble de mi propiedad”, dijo para rechazar el pedido de detención.
La denuncia que sigue el juez De Campos fue hecha por el empresario Enrique "Pepe" Albistur, quien tiene una empresa dedicada a la cartelera en la vía pública y dijo sentirse afectado económicamente por esos afiches, por lo que no hay definida una carátula de la causa.
Paralelamente, la Justicia porteña a cargo del fiscal Mauro Tereszko también tiene a cargo una causa donde ya identificó a otros involucrados, como son el empleado de la imprenta de Lanús donde se hicieron los afiches y los encargados de realizar la pegatina en la vía pública.
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