"Rompan el pacto de silencio y digan qué pasó con mi hermano mellizo"

Sabrina Gullino, hija de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, le pidió ayer a los imputados en la causa Area Paraná, en la que se investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de esta ciudad durante la última dictadura, que "rompan el pacto de silencio y nos digan que pasó con mi hermano mellizo".

En la causa se investiga el robo de bebés y la sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, nacidos en ese hospital en marzo de 1978. Uno de esos bebés es Sabrina Gullino quien, con su medio hermano, Sebastián Alvarez, se constituyeron en querellantes.

"Estos reos son responsables del secuestro y asesinatos de mi mamá y de mi papá y de la desaparición de mis hermanito mellizo y, aunque quisieron destruir a mi familia, no pudieron", agregó Gullino.

En su declaración ante el Tribunal Federal de Paraná, la joven le reclamó a los imputados que "rompan el pacto de silencio, como hizo el médico militar Juan Antonio Zaccaría, que reconoció que había habido otros partos (clandestinos)".

Sabrina relató que su madre biológica, Raquel Negro, fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, para dar a luz en Paraná en marzo de 1978.

La mujer fue internada como sobrina del entonces jefe del II Cuerpo de Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri, y tuvo mellizos: un varón y una nena. Poco después de nacer, los bebés fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría, por complicaciones en su salud. Tras ser dados de alta, la niña fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, luego entregada a la Justicia de Menores y finalmente dada en adopción legal.

Recalcó que ella, anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008, pero desconoce el destino que sufrió su hermano.

Negro y Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. Junto con la pareja estaba Sebastián Alvarez, hijo de la mujer, que tenía un año y medio de edad en ese momento y ahora se constituyó en el querellante de la causa junto con Gullino.

"Mi papá, en un supuesto acuerdo con los militares, tenía que marcar a la cúpula de Montoneros en México, mientras que mi madre, con un embarazo avanzado, quedó como rehén y Seba fue entregado a nuestros abuelos maternos", agregó la joven.

Gullino agradeció "a las enfermeras que se jugaron y aportaron datos a la Justicia para iniciar la causa" y que permitieron determinar que ella y su hermano fueron derivados al un instituto privado, donde ingresaron como Soledad López y NN López. "Los dos tenemos el alta de ese centro, lo que me hace suponer que mi hermano mellizo está vivo", agregó.

La joven se dirigió luego a los represores Juan Amelog y Walter Pagano, "que son los que me llevaron en el auto y me dejaron abandonada en un orfanato. Seguramente deben estar arrepentidos de no haberme tirado al río, porque miren todo lo que está pasando: 33 años después se constituyó este Tribunal que los está juzgando", recalcó.

Luego declaró su hermano, Sebastián Alvarez, quien reclamó la colaboración de los dueños del Instituto Privado de Pediatría, donde fueron derivados tras nacer, para obtener datos sobre el destino del mellizo desaparecido pocos días después.

"Que digan qué pasó, porque hay claras diferencias entre las enfermeras que recuerdan el caso y los doctores que no se acuerdan de nada", dijo antes de recalcar que de lo contrario "vamos a creer que era una práctica normal el ingreso clandestino de chicos a institutos privados".

Luego, el médico Juan Ferrarotti declaró no recordar sobre el nacimiento de los mellizos en el Hospital militar.

Ayer también debía declarar el ex agente de inteligencia Eduardo Tucu Costanzo, que fue quien reveló los detalles del traslado de Raquel Negro al Hospital Militar de Paraná y de la apropiación de sus hijos mellizos. Este represor se encuentra cumpliendo condena con prisión domiciliaria en Rosario e iba a ser llevado hasta la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, pero una diverticulitis aguda se lo impidió.

Suspendieron la audiencia del juicio oral a Díaz Bessone

La audiencia de ayer del juicio oral por la causa Díaz Bessone, fue suspendida a pedido de los querellantes que debían alegar, solicitud a la que se sumaron la Fiscalía y la organización Hijos, ante la ausencia de los letrados que de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
  El equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas (que representan a 85 víctimas) no pudieron hacer ayer el pedido de condena a los imputados “ante la ausencia sin notificación previa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una de las partes querellantes en el juicio que se tramita en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario”, expresaron en un comunicado.
  Al advertir la ausencia, los letrados de la Liga y Familiares solicitaron al Tribunal “la suspensión de la audiencia en resguardo de las garantías del debido proceso”, explicó Gabriela Durruty, abogada de esos organismos. El pedido contó con la adhesión del fiscal Gonzalo Stara y de la querella representada por la abogada de Hijos Nadia Schujman.
  Asimismo, el defensor de Ricardo Chomicki, Héctor Galarza Azzoni, además solicitó que “se tenga por desistida tácitamente” la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos y se le impongan sanciones.
  El Tribunal sólo hizo lugar al pedido de suspensión y quedó a la espera de las explicaciones que deberán brindar los abogados de la Secretaría por la ausencia. Los jueces determinaron que la audiencia se reanude el próximo 12 de septiembre.

Elogio de Lorenzetti

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, afirmó que la Argentina “es el único país que avanzó en semejante extensión” en materia de juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, y opinó que el volumen de procesos judiciales “es muy valorado en el mundo”. A pocos días de presentar su libro “Derechos humanos: justicia y reparación”, el titular del máximo tribunal del país destacó el volumen de juicios por crímenes de lesa humanidad llevados adelante y dijo que “son producto del pueblo argentino”. En ese marco, destacó que esos juicios “se han hecho respetando el debido proceso, con la legislación vigente”. Subrayó que “hoy forma parte del contrato social de los argentinos. No hay marcha atrás, todos estamos en mayor o menor medida participando”.

NN en Santiago

El juez federal Guillermo Molinari ordenó realizar excavaciones y la exhumación de cadáveres que se sospecha fueron enterrados como NN durante la última dictadura en Santiago del Estero. Las tareas estarán a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense y se iniciarán en septiembre, en un cementerio de la localidad de Quimilí.