Por Javier Felcaro
Foto: Virginia Benedetto / La Capital.
Somaglia ya le envió su renuncia al gobernador Perotti.
El fiscal regional Nº 1, Carlos Arietti, será destinatario el lunes próximo de un pedido de investigación al secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, por el registro de su voz en unos audios que integrarían la evidencia de la causa que tiene bajo la lupa al ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal.
“Hasta el momento, ningún fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se dio por enterado de los audios de Somaglia, que revelan un comportamiento incompatible con sus deberes como secretario de Justicia”, explicó a La Capital el abogado constitucionalista Domingo Rondina acerca de su presentación ante Arietti.
El letrado santafesino precisó que el planteo señala a Somaglia como eventual responsable de “tráfico de influencias, espionaje ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según Rondina, de los audios en los que aparece Somaglia se desprende que el funcionario provincial habría influido para resguardar a Sain de algunas maniobras que estaban al margen del control judicial. “Es algo muy grave para nuestro sistema”, enfatizó el abogado.
Acerca de su decisión, el constitucionalista subrayó: “Cuando se está investigando algo (por la causa del presunto espionaje ilegal) y aparece otro delito (en alusión a los audios de Sain con Somaglia), hay que independizar éste último” para encarar una nueva pesquisa.
A principios de semana, y vía decreto, el gobernador Omar Perotti había corrido a Somaglia del procedimiento de concursos para los próximos cargos superiores del MPA.
Si bien el secretario de Justicia quedó debilitado tras su desplazamiento del proceso en marcha, en la Casa Gris insistieron ayer en que su permanencia en el Ejecutivo santafesino no estaba en juego. Los pasos a seguir parecen correr, pura y exclusivamente, por cuenta de Somaglia.
Pero la turbulencia institucional fue acicateada por las renuncias de seis jurados que debían evaluar a los candidatos a conducir desde el año próximo el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP).
Por lo pronto, en la administración de Perotti ratificaron el curso del procedimiento, más allá del tembladeral político que provocó la reciente filtración de audios de la causa por el supuesto espionaje ilegal.
Respecto de los evaluadores de las futuras autoridades superiores del MPA, renunciaron por motivos personales Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, mientras que Sandra Valenti había optado por excusarse.
También dimitieron Angela Ledesma y Martha Feijoo, quienes integraban el cuerpo evaluador de las próximas autoridades del Servicio Público de la Defensa, al igual que hizo Sergio Alvira, suplente de Valenti.
“Los concursos deberían frenarse en las actuales condiciones, porque a Somaglia lo apartaron del procedimiento pero quedó trabajando su estructura”, advirtió Rondina, quien aventuró: “Seguramente habrá impugnaciones al proceso, si es que sigue adelante. Además, la Legislatura podría hacer valer su derecho a no tocar los pliegos de los postulantes”. Previamente, la Asociación de Fiscales (del sur provincial) había pedido barajar y dar de nuevo.
No obstante, en los pasillos de la Gobernación reiteraron a este diario que la fase de estudio de postulantes al MPA y a la Defensa Penal sigue su curso ya que están definidos los miembros suplentes del cuerpo evaluador del concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.
De hecho, indicaron que el miércoles venció el plazo para la presentación de los planes de trabajo de los postulantes. Y en el Ejecutivo se mostraron satisfechos: “Lo hicieron 96 de los 112 anotados. Es una muestra más de la transparencia del procedimiento”.
Sobre el detonante de la crisis, en la Casa Gris continúan apuntando a los bloques legislativos mayoritarios de la oposición, que días atrás lanzaron una fuerte advertencia sobre los concursos.
De hecho, el ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach, volvió a apelar a Twitter a modo de réplica a la oposición: “Algunos quieren ensuciar el concurso en el MPA porque buscan imponer lo propio a toda costa. Liman la democracia y las instituciones en nombre de la democracia y las instituciones. Parece un chiste malo, pero no lo es. Y el daño es muy grave”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario solicitó a la fiscalía provincial que investiga el presunto espionaje ilegal a manos de Sain copias de la pesquisa, que en noviembre próximo cumplirá un año.
Es como consecuencia de una apelación planteada por el diputado nacional del PJ Roberto Mirabella, quien meses atrás, frente a la presunción de ser uno de los dirigentes perfilados por la gestión de Sain, hizo una presentación ante el juez federal santafesino Reinaldo Rodríguez. Sin embargo, el magistrado rechazó la petición del legislador.
En base a la apelación de Mirabella, la Cámara rosarina deberá resolver si el espionaje ilegal es un delito de competencia federal.
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