Un proyecto de ley para regular los procesos de transición de un gobierno a otro, que fija como obligatorio el acto simbólico de la entrega de mando y dispone que quien abandona el poder entregue a su sucesor una "memoria del Estado" sobre la situación en que deja la administración, será debatido esta semana en comisión en el Senado por iniciativa de Cambiemos.
La propuesta del senador del oficialismo Esteban Bullrich, que tiene su correlato en proyectos de características parecidas presentados por sus pares del PJ Mario Pais y Dalmacio Mera, o de Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, abrirá el debate el próximo miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales.
En sus fundamentos, Bullrich explica que la idea es "favorecer una transición pacífica, ordenada, eficiente y transparente", y que las nuevas autoridades de un gobierno asuman "sin obstáculos desde el primer momento, con la información propicia, a fines de que la gobernabilidad no se vea afectada, y que ello repercuta en un detrimento de los ciudadanos".
La iniciativa establece la obligación para cada ministro del gobierno saliente de presentar una memoria que detalle la situación en la que se traspasa cada repartición. El informe deberá ser entregado al presidente electo y al Congreso de la Nación. En el listado de tareas que deberán reportar los funcionarios figuran la nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación.
También deberán describir la situación financiera de cada uno de los ministerios, instituciones, empresas, entes y auditorías realizadas. Además de los procesos judiciales en los que cada organismo sea parte; contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes y servicios que estén en curso o pendientes, especificando objetivos, características, montos y proveedores.
Los funcionarios estarán obligados por ley a entregar un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades financieras y obligaciones exigibles, y las normas propias del organismo vigentes al momento de la transición; los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas, y una descripción de los servicios que el organismo brinda directamente al público.
La norma tiene por objeto regular el período de transición del gobierno, que se inicia, según se indica, el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea legislativa, y finaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario.
La propuesta comprende a la administración central, a los organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado o con participación estatal, entre otros entidades.
En la iniciativa se advierte que se establecerán responsabilidades "administrativas, patrimoniales o penales para los casos de incumplimiento".
También dice el proyecto que será obligatorio "velar por el cumplimiento de todos los actos simbólicos de entrega de mando de conformidad con los usos, costumbres y protocolo vigentes", en un apartado que parece destinado a evitar lo ocurrido durante la asunción del presidente Mauricio Macri cuando la entonces mandataria, Cristina Kirchner, se negó a traspasarle el mando.
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