Foto: La Capital/Archivo.
El ministro número once, Enrique Eloy Estévez, nació en Rosario, en 1983, con un apellido de peso. Su papá, Guillermo Estévez Boero fue cofundador del Partido Socialista Popular, el mismo del que hoy su hijo es secretario general. Militante desde la juventud, fue concejal en 2015 y diputado nacional en 2019, desde donde movilizó el debate por la aprobación de la Ley de Humedales, que por primera vez logró llegar al recinto.
Con esos antecedentes, Estévez se probará el traje del ministro de Ambiente durante la próxima gestión provincial. Una cartera cruzada por múltiples tensiones y conflictos, que ni siquiera tiene un edificio propio, sino que ocupa un espacio del edifico del Instituto Nacional del Agua en la capital provincial, pero al que la actual ministra Erika Gonnet supo visibilizar, sobre todo después de tres años de incendios en los humedales del delta del Paraná.
Como candidato a intendente por el socialismo, Estévez puso a la problemática ambiental entre los cinco puntos más importantes de su propuesta. Bajo esta temática agrupó propuestas como profundizar los sistemas de reducción, separación y recuperación de residuos, incorporando tecnología, impulsar proyectos para el tratamiento de líquidos cloacales y desarrollo de corredores biológicos, desarrollar mercados barriales para la agroecología y incorporar criterios de sostenibilidad en el diseño del espacio público.
Pero sus colaboradores destacan, sobre todo, la experiencia construida como diputado nacional, impulsando el proyecto de Ley de Humedales, una iniciativa legislativa que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para asegurar su conservación y su uso ambientalmente respetuoso, conforme el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Además, trabajó acercando las diversas posiciones políticas en el recinto para avanzar con la sanción del proyecto de ley de Envases con Inclusión social, que promueve la gestión ecológica de los envases para reducir su impacto sobre el ambiente.
La llegada de Estévez al gabinete de Maximiliano Pullaro fue parte de la negociación entre el radicalismo y el sector del socialismo que lidera Clara García. En los planes del gobernador electo la idea era que la cartera perdiera su status y pasara a ser una secretaría bajo el paraguas del ministerio de Desarrollo Productivo, pero el socialismo tenía otros planes: quería mantener el rango ministerial del área y que ese lugar lo ocupe el secretario general de su partido.
La iniciativa de recortar Ambiente se relacionaba con la intención del gobernador electo de reducir a una decena el número de sus ministros. El ahora Ministerio número once había adquirido ese rango en 2017 durante la gestión de Miguel Lifschitz. Hasta ese momento, dependía como secretaría del Ministerio de Aguas y Servicios Públicos. Su sucesor, Omar Perotti, mantuvo el área con jerarquía ministerial, denominándola Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
La iniciativa de Pullaro de recortar Ambiente fue duramente cuestionada, no sólo porque restaba personal y presupuesto a un área decisiva en una provincia con un sistema productivo fuertemente agroindustrial, sino porque además la subordinaba al Ministerio de la Producción. La movida se leyó como un contrasentido, en medio de la crisis ecológica que atraviesa la provincia, de la cual la sequía fue su cara más visible; o como una decisión política de postergar el cuidado y la preservación del ambiente frente al fomento de prácticas extractivistas.
La Asociación de Abogados Ambientalistas fue una de las organizaciones en cuestionar con dureza la propuesta de dejar sin rango ministerial al área, "la decisión es incomprensible si atendemos a la gravísima crisis ecológica que atraviesa la provincia de Santa Fe, cuyo territorio viene siendo devastado desde hace más de 10 años por los incendios en el Delta del Paraná, la deforestación masiva y los dramáticos aumentos de temperatura fruto de la intensificación del cambio climático, que afectan directamente el bienestar físico de las personas en las principales ciudades y áreas metropolitanas y que pone en riesgo el mismísimo sistema económico productivo, generando pérdidas multimillonarias”, advirtieron.
Después detallaron un rosario de temas pendientes en relación con la necesidad de implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático: ampliar la superficie de áreas naturales protegidas, fortalecer sus planes de gestión, reducir basurales a cielo abierto, crecimiento del emplazamiento de cotos de caza, contaminación industrial, pueblos fumigados, avance desmedido de megaurbanizaciones y ausencia de protección de cuencas hídricas; entre otros temas que tendrán que formar parte de la agenda de la próxima gestión.
La firma CPC SA, una empresa de Cristóbal López, se prepara para la toma de posesión del corredor junto con una parte de la autopista a Buenos Aires
Por Gonzalo Santamaría
Por Elbio Evangeliste
