El gobierno denunció espionaje ilegal y logró una cautelar para frenar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, grabados en la Casa Rosada
El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, involucrados en otra denuncia de corrupción que erosiona al gobierno.
El gobierno quedó en el centro de la escena política tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. El material fue publicado por el canal de streaming Carnaval, el mismo que semanas atrás había difundido grabaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en las que se mencionaban presuntas coimas.
Ante la repercusión de los audios, el Ejecutivo reaccionó en dos frentes: presentó una demanda en el fuero Civil y Comercial Federal, que derivó en una cautelar que ordena el cese de difusión de nuevas grabaciones presuntamente obtenidas dentro de la Casa Rosada, y una denuncia penal por espionaje ilegal en la Justicia Federal.
Las grabaciones difundidas el viernes pasado son dos fragmentos breves. En uno, Karina Milei afirma: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En el otro agrega: “Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reaccionó en X: “Si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”. Además, acusó a la oposición de orquestar una operación de desinformación para desestabilizar al gobierno a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
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Ese mismo día, Karina Milei presentó un recurso ante la Justicia Civil y Comercial Federal para impedir la difusión de “cualquier chat, foto, audio o video” atribuible a su persona. Argumentó que, de confirmarse su autenticidad, las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente dentro de la Casa de Gobierno y que su publicación afecta su honor y el de la gestión presidencial.
El juez Alejandro Maraniello, del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 5, dio lugar a la cautelar el lunes y ordenó el cese de difusión, aunque limitó la medida a los audios que habrían sido grabados en la Casa Rosada. La resolución notificó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para efectivizar el cumplimiento.
El conductor Mauro Federico, responsable del programa Data Clave que difundió los audios, denunció censura: “Nosotros no sabemos si fueron en la Rosada, pero vamos a cumplir la orden hasta que el área legal de Carnaval haga una presentación”.
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La medida generó críticas de especialistas en libertad de expresión como Martín Becerra, quien recordó que la Ley 26.032 garantiza el derecho a la libre expresión en Internet y que Enacom no tiene jurisdicción sobre contenidos de streaming. Otros constitucionalistas, como Pedro Caminos, señalaron que “las medidas previas son inadmisibles” y que rige el principio de responsabilidades ulteriores, es decir, sanciones solo después de la publicación, nunca antes.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal en la Justicia Federal por presunto espionaje ilegal. El escrito, firmado por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial, recayó en el Juzgado Federal Nº 12, subrogado por el juez Julián Ercolini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
“Las conductas ilícitas forman parte de un ataque a una de las principales figuras del gobierno, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”, sostiene la presentación, que acusa a los responsables de buscar influir en la opinión pública y desestabilizar el proceso electoral.
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La Vocería Presidencial apuntó directamente contra los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, a quienes responsabiliza de difundir el material.
El fiscal Stornelli ya dictaminó impulsar la investigación.
La filtración de los audios se da en la recta final hacia las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave para el oficialismo y la oposición. En ese marco, el gobierno denuncia una operación política destinada a desestabilizar y condicionar el proceso electoral.
Mientras tanto, el caso abre un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el derecho a la intimidad de los funcionarios y el eventual uso de prácticas de espionaje ilegal en la política argentina.