El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto el nombramiento de trece secretarios de Juzgados Comunitarios, materializado en el último tramo de la gestión de Omar Perotti, que ya habían sido comunicados a la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Archivo / La Capital.
El ministro de Gobierno Fabián Bastía fue quien anunció que la declaración jurada es obligatoria para los docentes.
El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto el nombramiento de trece secretarios de Juzgados Comunitarios, materializado en el último tramo de la gestión de Omar Perotti, que ya habían sido comunicados a la Corte Suprema de Justicia.
En la explicación de la decisión, plasmada en un decreto, la actual administración provincial objetó las designaciones de trece personas para ocupar los cargos vacantes de secretarías de Juzgados Comunitarios “sin que se haya instado un procedimiento de selección que pueda dar cuenta de la idoneidad” de las mismas.
Para la gestión de Pullaro, las designaciones realizadas por Perotti atentaban contra el régimen legal vigente. Por eso habían advertido que, en el fondo, los nombramientos apuntaban a crear cargos para militantes, allegados de políticos o funcionarios.
La decisión de dejar sin efecto el polémico decreto de la anterior administración se produjo para anticiparse a la eventualidad de que los designados prestaran juramento ante la Corte Suprema, como estaba previsto.
En el nuevo escrito de Pullaro se argumenta que, a partir de esa decisión, la Corte Suprema no tomó juramento a las personas designadas, de manera que no tomaron posesión del cargo y que, por ese motivo, el decreto inicial no tuvo efectos jurídicos.
El decreto emitido en septiembre pasado por Perotti designaba secretarios y secretarias en trece Juzgados Comunitarios de Pequeñas Causas, en diversas localidades santafesinas, que dependen del Ministerio de Justicia. Y en varios casos se desempeñaron como personal político en la gestión anterior.
Antes de asumir, el nuevo ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastía, había reclamado a la Corte Suprema que no tomase juramento a los funcionarios.
“Los santafesinos votaron un cambio. La calidad institucional de Santa Fe, sobre todo en estos últimos cuatro años, fue muy baja y hay que mejorarla. Los ciudadanos esperan de nosotros transformaciones con diálogo, y en eso tenemos que estar involucrados los tres poderes del Estado, que deberemos ser mucho más eficiente en el uso de los recursos y en nuestro trabajo”, enfatizó el funcionario.
Entre otros cuestionamientos, señaló que las designaciones se daban en un plazo que la ley prohíbe: la legislación establece que en los dos últimos trimestres previos al cambio de gobierno -es decir desde el 10 de junio-, queda prohibido cualquier incremento permanente de gasto corriente, y estos nombramientos ocurrieron en septiembre.
La Casa Gris convocó a sesiones extraordinarias y las autoridades de ambas Cámaras llamaron a sesión este jueves, a las 15. El primer mensaje incluye el presupuesto 2024 (ya votó el Senado).
A su vez, Bastía presentará este miércoles proyectos sobre seguridad a legisladores oficialistas. Y el 21 de diciembre la Asamblea Legislativa tratará el pliego del fiscal de Estado, Domingo Rondina.
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