El Senado nacional sancionó de manera definitiva una norma que mantiene por 50 años asignaciones específicas para la industria cultural nacional. Se trata de tres incisos de una ley vigente (reforma tributaria de 2017) que tenían fecha de vencimiento a fin de 2022. En su momento, se establecieron como gravámenes de emergencia de determinados juegos de azahar y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine y sobre los videogramas grabados, y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios, parcialmente derogada por decreto del ex presidente Mauricio Macri.
Las instituciones beneficiarias de manera directa de los dineros recaudados, y con distintos porcentuales establecidos en cada caso, son: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones nacionales de Medios de Comunicación Públicos, el Enacom, el Fondo Fomeca y la Defensoría del Publico.
En la práctica, el esquema de financiación directa a la industria cultural argentina está vigente, pero tenia fecha de defunción, el próximo 31 de diciembre. Fue por eso que un centenar de representantes de los distintos gremios culturales, presentes en los balcones del Senado -con el ministro de Cultura Tristán Bauer a la cabeza- lo festejaron como un campeonato.
Luego de largas negociaciones, el Congreso produjo una norma con pocos antecedentes: un tributo excepcional y directo – no coparticipable- y por 50 años. Algo que fue cuestionado por sectores opositores, y también algunos oficiales, pero que finalmente obtuvo luz verde por 57 votos, dos negativos y nueve abstenciones.
Carolina Losada y Dionisio Scarpin (JxC), y Marcelo Lewandowski (FdT), los tres senadores santafesinos votaron favorablemente en general la norma. Aunque los opositores de JxC votaron negativamente el articulo que extiende el tributo por 50 años. En principio, y según manifestaron distintos senadores de todos los bloques, durante 2023 se discutirá una nueva norma que adecúe el plazo vigente, y contemple el concepto de asignación directa, una condición de excepcionalidad que la propia Constitución nacional reserva sólo para casos específicos de necesidad imperiosa.
Fue justamente el senador Adolfo Rodríguez (FdT), que votó favorable en general y en particular, quién argumentó con precisión jurídica el porqué de la inconveniencia de asignar recursos directos, sin coparticipar previamente a las provincias, a organismos que tienen sus estructuras de funcionamiento y empleados en la ciudad de Buenos Aires. Por caso, el Instituto de Cine, que contaría con una estructura de más de 800 empleados en la Ciudad de Buenos Aires.
Con todo, Adolfo Rodríguez Saá, fue el creador de una auténtica revolución cultural en su provincia, San Luis, cuando en los años 90 decidió invertir muy fuertemente – dineros provinciales- en una industria que los puntanos no tenían. Así fue como gran cantidad de producciones audiovisuales tuvieron sede en San Luis, incluso promoviendo que actores de renombre nacional se afincaran en esa provincia de Cuyo. El cuestionamiento del “Adolfo”, que de todos modos votó “por disciplina partidaria” con el oficialismo, no es a la promoción de la industria cultural, sino que esa industria la financien todas la provincias pero se termine produciendo en Buenos Aires.
Para subsanar, al menos transitoriamente el criterio centralista y contrario a los preceptos elementales del federalismo constitucional, y hasta que se perfeccione una norma ya sin el apremio de la fecha de vencimiento, el oficialismo hizo público un acuerdo con la Casa Rosada para la reglamentación de la norma: al menos el 30 por ciento de los recursos obtenidos deberán aplicarse a organizaciones culturales con sede en alguna de las 23 provincias argentinas.
Por caso, en el último registro del INCAA (Instituto de Cine) el 84 por ciento de los subsidios a la producción de películas fue aplicado a proyectos en Caba. Y, con todo, “a pesar del esfuerzo que hace el instituto por promover producciones en las provincias”, reconoció la senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT), que transitoriamente oficia de jefa de interbloque del FdT ante la ausencia por un tema de salud del titular del interbloque, José Mayans.
Los efectos virtuosos de promover la cultura en todas sus formas, no estuvo en discusión. Sin embargo, el debate sobre cómo distribuir el dinero, con qué criterios y sobre todo, con el acento puesto en el federalismo, recorrió las tres horas en la Cámara alta, que, se sabe, cuanta con tres representas por provincia de manera igualitaria, más allá de sus habitantes, sus territorios o sus distintos grados de desarrollo económico.
El 99 por ciento de las producciones de cine nacional se concretan con el apoyo económico del Instituto de Cine, Muchos de esos proyectos, que tienen un tiempo de elaboración promedio de tres años, no llegan al público masivo. Aunque algunos si, como el caso de “Argentina 1985”, que en el último fin de semana fue la 9na película más vista en el todo el planeta.
Para conseguir el apoyo opositor – la ley necesitaba mayoría absoluta, justamente por establecer asignaciones directas y no coparticipables- el oficialismo contó con un apoyo clave del senador Martín Lousteau, y todo el bloque radical, que apoyó en general, aunque rechazó el plazo de los 50 años. El senador porteño reconoció que la ley le hacia “ruido” en algunos puntos, pero por provenir “de una familia productora de cultura” (se encuentra casado con la actriz Carla Peterson), finalmente comprendió la necesidad de apoyarla. Con todo, abundó, “de a uno, todos los sectores tienen razón cuando hacen sus pedidos, pero la plata es finita, y no hay para todos”.
