La crisis del empleo y la producción demandan una mayor intervención del Estado municipal para defender la economía local. Así lo entienden los concejales de Ciudad Futura, que presentaron una proyecto de ordenanza a través del cual crean un protocolo de acción para evitar despidos arbitrarios y la recuperación de fábricas que cerraron o están en peligro. La iniciativa contempla declarar la emergencia productiva y laboral por un año, conformar un comité de crisis y establecer un sistema localizado de compras del sector público.
El objetivo es que los poderes públicos de la ciudad se involucren para enfrentar el cierre de empresas comerciales, industriales y de servicios, la caída sostenida de las ventas, los despidos y suspensiones a nivel local, regional y nacional. "Los casos emblemáticos ya son conocidos por todos: Mefro Wheels, General Motors, Sancor y muchas otras", señalaron en el bloque de concejales integrado por Juan Monteverde, Pedro Salinas y Caren Tepp.
El Plan Regional de Defensa del Trabajo, explicaron, apunta a potenciar las potestades y protagonismo del municipio "no sólo para sostener las fuentes laborales sino las actividades productivas estratégicas que hacen al desarrollo de la ciudad".
Propone declarar la emergencia productiva y laboral y crear un comité de crisis con representantes de la comisión de Producción del Concejo y funcionarios de las áreas productivas y de la economía social del municipio.
Si se aprueba, este comité tendrá a su cargo elaborar un protocolo de acción frente a situaciones de crisis de empresas. Entre otras cosas, podrá evaluar y recomendar al gobierno local, ante un caso de despidos arbitrarios, la suspensión de las habilitaciones municipales y autorizaciones para funcionar de la empresa en cuestión por el plazo de declaración de la emergencia.
También tendrá a su cargo confeccionar un registro de empresas locales a proteger. La iniciativa contempla que cualquier firma industrial, comercial o de servicios radicada en Rosario que se encuentre en situación de crisis y prevea despidos estará obligada a informarlo al Ejecutivo y al Concejo para que el gobierno local pueda "promover acciones intersectoriales tendientes a la conservación de los puestos de trabajo".
El proyecto de ordenanza menciona al menos una decena de programas, planes y herramientas disponibles para tal cometido. Las empresas que no cumplan con la notificación a las autoridades locales serán inhabilitadas y quedarán pasibles de sanciones.
Para la recuperación de fábricas, el protocolo postulado contempla, ante el cierre de una empresa o establecimiento productivo, el asesoramiento a los trabajadores sobre sus derechos. Si las dos terceras partes del personal expresara su voluntad de sostener la producción, "se instrumentarán las medidas necesarias para facilitar el proceso de recuperación de las empresas".
La iniciativa establece la "obligatoriedad de compra estatal", por la cual el Ejecutivo queda autorizado a realizar contrataciones directas de bienes y servicios de empresas, industrias y comercios locales, los cuales serán relevados y convocados a conformar un "registro de empresas locales a proteger". De esta manera se establece como prioritaria la prestación local, en primera instancia, y provincial, en segunda. También el Ejecutivo local podría "efectuar las adecuaciones de partidas presupuestarias" para "aumentar, profundizar, articular e implementar las acciones" fijadas en la ordenanza.
"El municipio debe intervenir para favorecer a los trabajadores de manera decisiva, sin medias tintas, evitando despidos, recuperando y reabriendo fábricas, y fortaleciendo la producción local", destacaron los concejales de Ciudad Futura. Y enfatizaron: "No es tiempo de declamar por los derechos de los trabajadores sino de cumplirlos realmente, y para ello hay que realizar transformaciones estructurales reales y concretas, como las que propone este plan".
