El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer el procesamiento y embargo del ex director de la Afip Ricardo Echegaray y de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" a causa del desvío de más de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).
El pedido fue efectuado ante el juez federal Julián Ercolini y también implica un reclamo de embargo para De Souza y López hasta cubrir 8.926.740.758,91 pesos (monto de la deuda actualizado a abril de 2016), mientras que para el resto de los implicados del monto que determine el magistrado.
Según el fiscal, desde 2013 a la actualidad, Oil Combustibles, empresa de López, omitió el pago del impuesto a la venta de combustible ya que solo abonó 7 períodos de los 55 en cuestión.
"Los ex funcionarios indagados no reclamaron oportunamente el pago de la deuda, a la vez que habrían permitido por acción en algunas oportunidades y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento, otorgamiento y posterior gestión de regímenes de facilidades de pago", consideró Pollicita.
Según la fiscalía, la omisión de los funcionarios permitió que Oil Combustibles "se valiera indebidamente de esos fondos para financiar a otras sociedades del Grupo Indalo", de las cuales López formaba parte, "todo ello, en perjuicio del Estado nacional, que por ello dejó de percibir más de 5.000 millones de pesos en concepto de capital".
"Echegaray, cuya función primordial era propender a la recaudación de los tributos, otorgó en forma directa y personal, en menos de 24 horas, un plan de pagos" a Oil Combustibles "sin hacer ningún tipo de control, observación o requerimiento a las áreas pertinentes", subrayó el fiscal.
En su dictamen, el fiscal hizo evaluaciones políticas: resaltó "la alarma social que generan hechos como el presente y la preocupación manifestada por organismos internacionales a raíz de la reiteración de conductas que, como la presente, se enmarcan dentro de lo que se ha dado en llamar «delitos de corrupción», que afectan la transparencia y honestidad con que debe desempeñarse la función pública".
Pollicita también pidió que sean procesados Rubén Toninelli, Guilltermo Michel, José Bianchi, Pedro Roveda, Celeste Ballesteros, Walter D'Angela, Eduardo Nappa, Pablo Aguilera, Simón Zárate, Fabián Di Risio, Karina Venier, Mabel Fadda, Walter Tetes, Víctor Cingolani, Gustavo Esperón, Claudio Burtin, Marcelo Eglis y Daniel Collazo.
Por María Laura Cicerchia