El secretario general de la provincia, Juan Cruz Cándido, cargó contra la manifestación organizada para este martes frente a la sede local de Gobernación.
La creciente ola de violencia que asola a Rosario, que dejó como saldo 41 homicidios en lo que va de 2023 y una serie de ataques intimidatorios contra edificios públicos, provocó que el gobernador Omar Perotti eyectara a Rubén Rimoldi del Ministro de Seguridad de Santa Fe y una serie de cruces entre el mandatario provincial y el titular del área a nivel nacional Aníbal Fernández.
En ese marco, el diputado provincial Juan Cruz Cándido –referente del bloque UCR Evolución que preside Maximiliano Pullaro y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe – presentara un pedido de convocatoria para que la Junta Provincial de Seguridad se reúna en la ciudad de Rosario, como en mayo del 2022 lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Su intención es visibilizar la situación que viven los rosarinos ante el recrudecimiento de los hechos de violencia, a pesar del nombramiento al frente de la cartera de seguridad santafesina a Claudio Brilloni. La iniciativa, que se presenta como un intento de buscar soluciones al problema de la inseguridad en Rosario, tiene una clara intención política: criticar la gestión de Perotti en la lucha contra el crimen organizado.
“El gobernador apareció para la foto en el cambio de ministro y se escondió otra vez. Queremos que se convoque a la Junta para coordinar entre los tres poderes del Estado y además enviar un mensaje a las organizaciones criminales: el Estado no va dejar que lo dobleguen con amenazas”, comentó Cándido, al dar a conocer el pedido que elevó a la Cámara baja provincial, haciendo referencia a las amenazas sufridas por jueces y fiscales de Venado Tuerto.
En se sentido, Cándido señaló que “es necesario coordinar" para que el combate del narcotráfico sea eficaz, y disparó: "Vemos un gobierno que no tiene un norte, que no habla con la Justicia, que no dialoga con los legisladores. Y que además no muestra reacción frente a las amenazas narcos que reciben mediante ataques a edificios públicos casi todos los días”. Y agregó: “El Estado en su conjunto debe mostrar que las bandas no son más fuertes”.
Esta sería la cuarta convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad, espacio donde el gobernador y sus ministros, legisladores, fiscales, Jueces, jefes policiales y familiares de víctimas pueden coordinar acciones para reordenar criterios de custodias o agilizar trámites en cuanto a disposiciones en el servicio penitenciario. El pedido fue respaldado por el bloque Evolución - que integran el propio Cándido, Maximiliano Pullaro, Silvana Di Stefano, Sergio “Checho” Basile, Georgina Orciani, Fabian Bastia, Silvia Ciancio, Marcelo Gonzalez, Jimena Senn - el diputado Sebastián Julierac Pinasco (Coalición Cívica), Ximena Sola (Pro) y Walter Ghione (UNO).
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, se comunicó con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández para pedirle que el gobierno nacional que le de protección a los jueces y fiscales federales de la provincia de Santa Fe que la semana pasada fueron amenazados de muerte. El funcionario se habría comprometido a reforzar las medidas de seguridad para los integrantes del Poder Judicial santafesino.
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El pedido se dio luego de que el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fueran víctimas de intimidaciones a través de un mensaje de WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Le mandaron una foto de una pistola Bersa, con la promesa de "balas y granadas".
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe expresó su solidaridad para con la fiscal Pepino, el Juez Federal Cuello Murúa y el fiscal federal Arzubi Calvo, como así también con el delegado del Ministerio de Seguridad, el Intendente de Venado Tuerto y con el Senador por el Departamento General López, quienes fueron blanco una vez más de graves amenazas.
"Hacemos público nuestro reclamo a las autoridades competentes para extremar las medidas de seguridad de los referidos funcionarios/as y magistrados a fin de que puedan seguir cumpliendo con las distintas obligaciones a su cargo", señala el comunicado de la entidad, y añade: "La máxima preocupación ante la sistemática repetición de estas intimidaciones cada vez que distintos órganos judiciales direccionan su accionar contra integrantes de bandas de criminalidad organizada".
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