El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, se comunicó con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández para pedirle que el gobierno nacional que le de protección a los jueces y fiscales federales de la provincia de Santa Fe que la semana pasada fueron amenazados de muerte. El funcionario se habría comprometido a reforzar las medidas de seguridad para los integrantes del Poder Judicial santafesino.
El pedido se dio luego de que el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fueran víctimas de intimidaciones a través de un mensaje de WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Le mandaron una foto de una pistola Bersa, con la promesa de "balas y granadas".
El mensaje llegó en el marco de la ola de violencia que asola a Rosario, donde en lo que va del año se registraron 41 homicidios y balaceras a edificios públicos, comisarías, unidades de detención, la sede de la Policía Comunitaria y el centro de salud del Centro de Distrito Sudoeste, ataque que desencadenó que le ministro de Seguridad provincial Rubén Rimoldi fuera eyectado de su cargo. A diario se dan también balaceras a viviendas y negocios.
Rosatti se solidarizó con Cuello Murúa y se comprometió a respaldar a los magistrados y a reclamar a las autoridades nacionales que refuercen su seguridad. Fue por eso que se comunicó con Aníbal Fernández, quien prometió intensificar la custodia sobre los jueces federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Su comunicación con el titular de la cartera de seguridad se dio en el marco de sus cruces con el gobernador Omar Perotti.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe expresó su solidaridad para con la fiscal Pepino, el Juez Federal Cuello Murúa y el fiscal federal Arzubi Calvo, como así también con el delegado del Ministerio de Seguridad, el Intendente de Venado Tuerto y con el Senador por el Departamento General López, quienes fueron blanco una vez más de graves amenazas.
"Hacemos público nuestro reclamo a las autoridades competentes para extremar las medidas de seguridad de los referidos funcionarios/as y magistrados a fin de que puedan seguir cumpliendo con las distintas obligaciones a su cargo", señala el comunicado de la entidad, y añade: "La máxima preocupación ante la sistemática repetición de estas intimidaciones cada vez que distintos órganos judiciales direccionan su accionar contra integrantes de bandas de criminalidad organizada".
Asimismo, indica: "Tal preocupación se profundiza a poco que se repare en que, de acuerdo a información que es de público conocimiento, los actos intimidatorios se ordenan y/o planifican desde el interior de instituciones penitenciarias, tanto federales como provinciales".
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Finalmente, afirma: "Nuestra convicción en cuanto a que resulta necesaria una reacción enérgica y homogénea de los distintos poderes estatales, sin distinción de niveles y más allá de intereses políticos coyunturales, a fin de neutralizar el accionar de organizaciones criminales que pretenden imponer una lógica de violencia totalmente inaceptable en un estado constitucional y democrático de derecho".
El primero de los dos asesinatos se produjo en Rodríguez al 4400. El segundo, con una media de hora de diferencia, se registró en Ayacucho y Estado de Israel.
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