La secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, fue quien meses atrás dijo que el presidente Alberto Fernández cumpliría con el “compromiso” de enviar este año al Congreso Nacional el proyecto de ley de para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ahora que ya está a disposición de los diputados y senadores junto a la iniciativa de los 1000 días, que busca acompañar a las mujeres en sus proyectos de maternidad, la funcionaria vuelve a salir al ruedo para explicar punto por punto la propuesta oficial. Deja en claro que “los abortos en la Argentina suceden de a miles” y apunta que la ley busca “reducir la cantidad de abortos”; insiste en que la discusión es “si es clandestino y con riesgos, o en el sistema con cuidado”, y afirma que la estrategia del gobierno para conseguir los votos necesarios será persuadir y dialogar. “No queremos violencia. Vamos a explicar todo lo que haya que explicar y reafirmar que queremos hacernos cargo del problema de la salud pública”, señala. Ibarra analiza las diferencias con el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y las sostiene. “Queremos un proyecto que pueda alcanzar los votos para ser sancionado. En 2018 obtuvimos una media sanción, pero no pudimos sancionar una ley y nosotras necesitamos sancionar la ley para salir de la clandestinidad”, argumenta.
—Esta semana se planteó desde el gobierno que el proyecto de IVE llega al Congreso con consensos. ¿Cómo se viene trabajando en esos acuerdos y qué perspectivas hay en ambas cámaras?
—Los consensos los estamos construyendo y somos optimistas. ¿Si tenemos garantizados los votos? No. Pero estamos trabajando para tener la ley y el presidente lo va hacer activamente para que se sancionen ambos proyectos. Este es un problema de la salud pública que tiene una demora de años. La experiencia de 2018 nos enseñó muchas cosas, se habló, se preguntó y se dijo todo; concurrieron instituciones, personas y juristas, y ese manterial ya esta a disposición de los legisladores. Repetirlo no aportaría nada y nada cambió desde ese momento. Esperamos es un debate respetuoso, recogiendo la diversidad de opiniones y valores, pero sabiendo que no pueden extrapolarse a toda la sociedad. Tratamos de atender la situación de las mujeres que no aceptan una maternidad forzada para que sean cuidadas y también acompañar a las que eligen proyectos de maternidad. No queremos violencia, vamos a explicar todo lo que haya que explicar, persuadir y reafirmar que nos queremos hacer cargo del problema. Esperamos un debate razonable en un tiempo corto, porque el debate social ya se ha dado.
—¿Cómo piensan persuadir a los sectores religiosos? ¿Habrá diálogo?
—Somos respetuosos de las doctrinas, pero necesitamos visibilizar el abuso de niñas y adolescentes, que las relaciones sexuales no consentidas son delitos y agravios a los derechos humanos, y que cuando una niña llega embarazada es porque muchos de sus derechos fueron vulnerados antes. No vamos a polemizar con la Iglesia. Tampoco que se justifique, se mire para otro lado, no se condene y no se repudie porque las mujeres tienen derecho a crecer en libertad y en su dignidad; a ser cuidadas por el Estado, estar en familias que las cuiden y no las abusen. En niñas y adolescentes los embarazos significan un riesgo para su vida y en esos casos el aborto hasta las 14 semanas es una práctica segura y ambulatoria. Si hay una decisión de esa niña, debe respetarse y son casos donde la ley vigente establece la interrupción legal del embarazo.
—A diferencia del proyecto de la Campaña se sostiene la penalización pasada la semana 14. ¿En qué se fundamenta?
—Buscamos interpelar a todos los sectores de la sociedad y por eso hay dos proyectos que dialogan entre sí. En 2018 obtuvimos una media sanción, pero no pudimos sancionar una ley y nosotras necesitamos la ley para salir de la clandestinidad. El proyecto establece una pena muy baja a partir de la semana 14, que además puede dejarse de lado ante circunstancias especiales, y hay una mirada humanitaria respecto de esas situaciones. Lo que la ley va a permitir es llegar a las mujeres y personas gestantes para que sepan que los sistemas de salud las esperan para atenderlas, no para sancionarlas ni perseguirlas penalmente. Y que con el proyecto de los mil días sientan que el Estado también está en ese momento elegido de la vida.
El proyecto incluye la objeción de conciencia individual, pero hay legisladores que plantean la incorporación en términos institucionales.
—Tomamos el compromiso de garantizar el derecho de la objeción de conciencia, el derecho a hacer a la práctica y a la vez un proyecto que pueda alcanzar los votos para ser sancionado. Buscamos interpelar también a quienes plantean la objeción de conciencia. Hay personas que por sus creencias, su formas de moralidad o su ética se sienten violentadas ante la situación de tener que facilitar un aborto. La objeción puede darse para no violentar a esas personas, que deberán hacerla en el ámbito privado y público. Además no es absoluta porque si hay riesgo de vida deberán hacerlo, no alcanza a las prácticas pre y pos aborto, y en ningún caso se puede impedir la práctica. Para eso se establece un plazo de 10 días desde el requerimiento de la mujer y si el profesional es objetor debe derivar en tiempo oportuno y sin dilaciones la situación. Entendemos que la conciencia y la moral están vinculadas a la subjetividad, aunque las instituciones tenga idearios o sean religiosas. El objetivo es respetar las objeciones, pero que se garantice la práctica en el plazo establecido con las mismas garantías de calidad y prestaciones. No se puede violentar un derecho para respetar otro, hay dos derechos y hay dos garantías. Es cierto que se han judicializado muchos casos, incluso interrupciones legales, y siempre se han puesto muchos obstálculos. Tenemos expectativa sancionada la ley, al desaparecer la amenaza del proceso penal para médicos, eso ayude. Pero hay que trabajar con las provincias, organizaciones y movimiento de mujeres porque sabemos de las diferencias territoriales y ese es un enorme esfuerzo que hay que hacer.
—Habló de los protocolos de abortos seguros con Misoprostol. ¿Cómo evalúa la experiencia de producción Santa Fe en el laboratorio del Estado? ¿Analizan que aprobada la ley, esa producción sea parte de la logística para garantizar la práctica en las provincias?
—Tengo una profunda admiración por el proceso de trabajo en Santa Fe en el áreas de salud, y lo que tengo en claro que es que uno tiene que tomar decisiones y rodeasrse de las mejores experiencias. Mi parte en este proyecto es legal, pero conozco parte de ese proceso a través de funcionarios del Ministerio de Salud, y vamos a prestar atención al trabajo hecho allí.
