El presidente dijo que las provincias "buscan boicotear el cambio nacional". El jefe de la Casa Gris insistió con que se eliminen los derechos de exportación
Foto: Archivo / La Capital.
El presidente Javier Milei y los gobernadores, enfrascados en una disputa por los recursos y el ajuste.
La relación entre el gobierno nacional y las provincias sigue tensa. El presidente Javier Milei cargó contra los mandatarios locales, que reclaman la redistribución de recursos, mientras que Maximiliano Pullaro consideró "un error" que la administración libertaria no prorrogue la baja transitoria de las retenciones.
Durante la cena de recaudación de La Libertad Avanza (LLA), que se celebró este miércoles en el Hotel Yacht Club de Puerto Madero, Milei apuntó contra los gobernadores, que plantean rediscutir la distribución de los aportes del tesoro nacional (ATN) e incrementar la coparticipación del impuesto a los combustibles.
“En estas elecciones se definirá la profundidad y la velocidad del cambio que llevaremos adelante, y enfrente tenemos a todo el statu quo encolumnado detrás de los privilegios que no quieren perder”, aseveró.
Y denunció: “No nos engañemos, podemos hacer cambios profundos en la administración pública nacional pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado”.
Este lunes, gobernadores y representantes de 22 de las 24 provincias se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con enviados del Poder Ejecutivo nacional para presionar por la distribución de fondos.
Las provincias pusieron sobre la mesa un proyecto de ley para eliminar todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos y que el Fondo de Aportes al Tesoro Nacional se distribuya entre la Nación y las provincias "de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria" y no de manera discrecional por el gobierno, como hasta ahora.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó el planteo y desafió a los mandatarios. “Los gobernadores siempre quieren más plata; tratamos de encontrar algún camino para responderles y que no tenga impacto en las cuentas. Pero no hay ninguna posibilidad de que el presidente y el ministro (de Economía, Luis) Caputo cedan un ápice en el superávit fiscal. Podrán venir los 24 gobernadores a plantearnos… Y cualquier ley que quiera alterar eso será vetada", adelantó Francos.
Unos días después, el propio Milei apuntó contra los jefes provinciales. “Hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente en su jurisdicción, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”, disparó.
“Por eso, es imperante llevar el cambio a las provincias dado que va a acelerar exponencialmente el proceso de crecimiento que viviremos en los próximos años, profundizando las raíces del árbol de la nueva Argentina que estamos sembrando juntos”, completó, al tiempo que definió a las provincias como “la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía”.
Por su parte, Milei sostuvo que las provincias son el mejor ejemplo de “cómo desde el poder local algunos buscan boicotear el cambio nacional”, y postuló que aumentaron el tamaño del Estado utilizando el erario “como chequera ilimitada” para contrariar al Ejecutivo.
En tanto, Pullaro criticó que a partir del 1º de julio regrese el esquema anterior de retenciones para el sector agropecuario.
“Es no mirar al interior productivo de la República Argentina. Todo lo que se genera en el campo debe quedar en los pueblos y en las ciudades del campo, fundamentalmente. Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior, no la ponen en cuentas offshore, no la ponen en criptomonedas. Invierten absolutamente todo lo que ganan en tecnología para poder producir más, o en poner en ladrillos en las ciudades, con lo cual estoy convencido que si esta política no cambia, si no se eliminan las retenciones o si no se prorroga la medida vigente, realmente el gobierno nacional se va a equivocar y cometerá un gravísimo error”, indicó este jueves el mandatario santafesino.
Además, sostuvo: “Necesitamos no solo que se mantenga el esquema de baja de retenciones sino que se eliminen las retenciones, pero también que tengamos una política en donde cuidemos a la industria. La apertura del país tiene que ser estratégica e inteligente, pero siempre cuidando los puestos de trabajo”.
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En el mismo sentido, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, pidió certeza para el campo y que “se pueda sostener esta baja de la alícuota de retenciones para seguir incentivando al campo a invertir".
"Si más allá del 30 de junio vuelven las retenciones, sobre todo a la soja, como eran hasta enero, los productores santafesinos perderán 227 millones de dólares, considerando el volumen pendiente de comercialización de la campaña 2024/2025, plata que se va y no vuelve ni en arreglo de rutas nacionales, ni en terceros carriles de autopistas ni en grandes obras logísticas o de infraestructura energética”, enfatizó.
El ministro sostuvo: “Con el gobernador venimos dialogando con los productores, los verdaderos perjudicados por este maldito impuesto, y nos remarcan la preocupación que tienen frente a la falta de definiciones de la Nación. Se necesitan certezas para producir, para planificar, para que sepan si invertir o no en máquinas nuevas”.
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Y fue contundente a la hora de hablar de números respecto del aporte que hicieron desde el campo santafesino al Estado Nacional.
“Un dato: durante 2024, los productores agropecuarios santafesinos transfirieron más de 2.000 millones de dólares al Estado nacional en términos de retenciones, un impuesto que no es coparticipable y que no generó ningún beneficio para nuestro entramado productivo, ya que no volvió en obras ni quedó en manos de los propios productores. Si vuelven las retenciones al esquema anterior, donde el poroto de soja tenía un 33 por ciento, y la harina y el aceite pasa de nuevo al 31 %, se reducirán significativamente la capacidad de pago de la industria y la exportación, con un lógico impacto en los precios del mercado”, concluyó.
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