Los gobernadores nucleados todavía en el paraguas de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron este domingo por Zoom con el objetivo se fijar una nueva posición con la ley ómnibus que impulsa el gobierno en Diputados.
Los gobernadores de las provincias respiraron con el inesperado anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo.
Los gobernadores nucleados todavía en el paraguas de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron este domingo por Zoom con el objetivo se fijar una nueva posición con la ley ómnibus que impulsa el gobierno en Diputados.
En ese cónclave virtual, los mandatarios provinciales cerraron fila contra una de las iniciativas que promueve el megaproyecto como lo es las retenciones a las economías regionales.
Fue el segundo encuentro en menos de una semana y contó también con la presencia de un grupo de legisladores que negociaron el jueves pasado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el oficialismo algunos ítems de la Ley Bases.
En este escenario, los gobernadores pondrán como la llave de acceso a la aprobación del documento que tiene más de 600 artículos el aumento en los gravámenes a los productores rurales en diversas áreas.
Esta nueva posición pondrá al presidente Javier Milei entre la espada y la pared, ya que la negociación parecía más que encaminada y tanto el Ejecutivo como el Legislativo oficialista aspiraba a conseguir dictamen para mañana lunes o, en su defecto, el martes.
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Entre los presentes estuvieron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (Caba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Gustavo Valdés (Corrientes).
Por el momento, los mandatarios siguen manifestando diferencias respecto a la iniciativa que el presidente Javier Milei envió al Congreso y está lejos la posibilidad de que estos bloques opositores acompañen un dictamen de La Libertad Avanza.
A la par de los gobernadores, también se contactaron vía Zom los diputados Cristian Ritondo, Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo, Nicolás Massot y Miguel Angel Pichetto.
“El gobierno está haciendo un ajuste fiscal que es indispensable y necesario, que los gobernadores apoyan. El problema es que las variables del ajuste recaen principalmente sobre las espaldas de las provincias. Los recortes del gasto propuestas por el oficialismo son en cuestiones que afectan a las provincias: obra pública, fondo incentivo docente, fondos de salud, los fondos de la cajas jubilatorias no transferidas, es decir, básicamente transferencias a las provincias. Y por el lado de los ingresos, sube impuestos que no son coparticipables, como las retenciones y el impuesto País, que lo aumentó por decreto”, fue la queja de los gobernadores en la cumbre virtual de esta mañana.
“Los gobernadores de JxC han iniciado un fuerte ajuste fiscal desde que asumieron, con el componente además de haber perdido el ingreso coparticipable de ganancias, que fue votado por el kirchnerismo con apoyo de La Libertad Avanza. Los gobernadores de JxC y diputados de la UCR, PRO y Hacemos Cambio Federal vienen proponiendo hace varias semanas, como alternativa al aumento de retenciones y de la reversión de ganancias, que el gobierno avance sobre los gastos tributarios de más de 4.5% del producto, que agrupan más de 30 tratamientos particulares de exenciones, subsidios y regímenes especiales impositivos que podrían ser utilizados como mecanismos de compensación a las provincias”, agregaron.
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En paralelo, y ante el fin del período extraordinario de sesiones convocado hasta el 31 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional preparó el decreto de prórroga de sesiones para darle tiempo al Senado de debatir el proyecto en plenario de comisiones y convertirlo en ley antes del 1º de marzo en el caso de que Diputados avance con la sanción la semana próxima.
El tablero de las negociaciones muestra que el PRO está dividido. El bloque de Pichetto (Hacemos Coalición Federal) tiene en su haber 23 diputados y en los últimos días han expresados algunos reparos respecto a la iniciativa del Ejecutivo. En ese sentido, acercaron una propuesta para que desarmen regímenes especiales de deducción impositiva para compensar la caída de la recaudación.
La postura de los 10 gobernadores de la UCR y el PRO es concreta: si no sacan las retenciones, no votarán la ley ómnibus. Apoyan el 80% del texto normativo, coinciden en la necesidad de aplicar un ajuste fiscal. Pero discrepan en que ese recorte de gastos recaiga centralmente en las provincias y en las jubilaciones. Lo primero por afecta la recaudación y los intereses provinciales. Lo segundo porque no piensan pagar el costo político de ajustar a los jubilados.
Aún estamos lejos de acordar dictamen con LLA”, dijo uno de los participantes de la reunión. Hay varios puntos en discusión que aún traban el acuerdo que el oficialismo necesita para tener dictamen de mayoría favorable y llevar la discusión de la ley ómnibus al recinto esta semana.
Los puntos que aún obstaculizan el acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores y los bloques de JxC (UCR, PRO y Pichetto) son la nueva fórmula jubilatoria (reforma jubilatoria), retenciones, Fondo General de Sustentabilidad (FGS) y la compensación por la caída de la recaudación en las provincias.
La Libertad Avanza (LLA) debió ceder en su intención fijar los aumentos de jubilaciones de manera discrecional y por decreto, ya que en la ley ómnibus se eliminaba la fórmula vigente hasta ahora.
Fuentes oficiales, al tanto de las negociaciones, rechazaron la posibilidad de que la nueva fórmula se base en la variación de la inflación mensual que mide el Indec como propusieron los bloques de la oposición dialoguista esta semana. “La nueva fórmula no puede ser sólo por IPC, antes que eso preferimos que quede la fórmula actual. Una fórmula jubilatoria nueva no se arma en un fin de semana”, aseveró un funcionario con despacho en Casa Rosada.
Por otra parte, el oficialismo ya tuvo que ceder además en el capítulo pesquero, de biocombustibles y de hidrocarburos a pedido de los gobernadores, además de eliminar el artículo que criminalizaba las reuniones de más de tres personas.
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