El huracán Milei toca tierra y ya golpea en las provincias

No es lo mismo llamar al león que verlo venir, suele decir un reconocido comentarista de boxeo. El plan de ajuste propuesto por Javier Milei, valorado en distintas tertulias políticas y mediáticas, tocó tierra como un huracán arrasador. Y sus consecuencias, parece, no las está pagando otro.

El primer capítulo se vio con el salto inflacionario de diciembre, cuando se duplicaron los peores índices de la gestión anterior y se derrumbó el salario real al nivel más bajo desde 2002. Ahora, las crecientes dificultades fiscales en las provincias muestran una nueva fase del plan “No hay plata”.

La Legislatura de La Rioja aprobó la emisión de cuasimonedas por $ 15 mil millones, con los que se pagarán parte de los sueldos de la administración pública. El gobernador Ricardo Quintela, además de denunciar la falta de cumplimiento del pago de deudas nacionales por coparticipación, dijo que “la velocidad y el salvajismo del ajuste” lo obligó a avanzar con la emisión del Bocade. También denunció un plan nacional para “desestabilizar” a las provincias.

Los bonos a los que el propio Milei les dio una irónica bienvenida desde Suiza, tienen como antecedente más cercano las 15 monedas provinciales y la letra nacional que poblaron la base monetaria durante el agónico final del régimen de convertibilidad. Ahora asoman de la mano de una crisis anunciada y provocada. Fue la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, la primera en plantear esa posibilidad, aunque no en forma inmediata.

En términos de cuentas fiscales, sin contar el impacto directo de abandonar la inversión de la obra pública y el efecto de las políticas económicas en el nivel de actividad de cada territorio, cada provincia sufre de distintas maneras las decisiones tomadas por el gobierno libertario. La eliminación de las transferencias no automáticas se suma a la negativa a negociar alternativas a la pérdida de recaudación por la reducción de Ganancias a los trabajadores, y el propio impacto negativo del ajuste en la coparticipación, que caería 7,5% en enero según el cálculo que hizo el Iaraf en base a las cifras de la primera quincena. A esto habría que sumarle, al menos en el caso de los distritos que no transfirieron sus Cajas previsionales, la disputa por las obligaciones a asumir en la cobertura del déficit de los sistemas jubilatorios provinciales.

En esta paritaria federal a la baja, que recuerda a los precarios pactos fiscales de fines de la convertibilidad, Milei se sienta sobre el capítulo de Ganancias, una ley que él mismo votó a instancias de Sergio Massa, para presionar a los gobernadores en el marco de la negociación legislativa por el DNU y la ley ómnibus.

El posicionamiento de los mandatarios frente a este tema no escapa a su identificación política. Los más cercanos ideológicamente, o los que tienen menos población afectada en sus provincias, proponen más o menos abiertamente volver atrás con ese alivio fiscal. Otros impulsan el reemplazo de esos recursos caídos por la coparticipación de los impuestos al cheque y País. Los jefes políticos del Norte Grande ya anunciaron que presentaran un proyecto legislativo en ese sentido.

Una tercera vía, expresada en un proyecto de ley de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, es reflotar el fondo sojero, que entre 2009 y 2018 redistribuyó a las provincias parte de los ingresos por retenciones a la exportación de soja. Hoy esa plata se la queda Nación. En 2024 la recaudación será mayor por la recuperación de la cosecha y la devaluación. Y si se aprueba la ley ómnibus, también por la eliminación del diferencial arancelario para la industria aceitera. Coparticipar esa plata y que vuelva al territorio parece una idea razonable aunque, en el estadio actual de la discusión política, parece no encontrar mucho eco.

Otra alternativa, también desafiante para el clima político de la época, llegó de la mano del gobernador Maximiliano Pullaro, quien propuso la creación de un impuesto a los contribuyentes más ricos. Una propuesta sorpresiva para la agenda pública, que encuentra su antecedente más cercano en el aporte solidario votado en la pandemia, pero que viene siendo estudiada profundamente en el Ministerio de Economía provincial.

Mientras ensayan distintas estrategias y agrupamientos para equilibrar la cancha frente a la avanzada del poder central, los gobernadores avanzan con sus propios ajustes. En el marco de la negociación paritaria con los gremios docentes, que reclaman ajustar un descalce de 84 puntos respecto de la inflación, el ministro de Economía de la provincia, recordó que los ingresos corrientes de Santa Fe quedaron 92 puntos por debajo de la suba de precios de 2023.

Olivares hizo foco sobre la gestión anterior y sobre los propios gremios, por los acuerdos para pasar a planta permanente a personal contratado de la administración pública. “Toda esta situación fue conformando durante el segundo semestre un combinado explosivo, siendo el dato de la inflación de diciembre su detonador”, dijo, luego de señalar que las cuentas fiscales de Santa Fe están sometidas a “una feroz presión”.

En la previa a la asunción de Javier Milei, buena parte de los Estados subnacionales se aseguraron, en negociación con Massa, financiamiento para el pago del aguinaldo en el interior. Luego emitieron letras a corto plazo para hacerse de liquidez en el verano, incluyeron autorizaciones de endeudamiento en sus presupuestos y avanzaron en la reducción y recortes de programas públicos, como es el caso de Billetera Santa Fe nivel local.

Pero esa pequeña provisión se va agotando, y la magnitud del desafío planteado por la política económica nacional conspira contra cualquier resultado posible en la lógica de actuar replicando el ajuste en cada territorio.

En la última semana, la Cámara de la Construcción advirtió la complicada situación del sector en Santa Fe. Incluso señaló que ya hubo reuniones con representantes del Ministerio de Trabajo santafesino para hablar sobre la utilización de las conciliaciones obligatorias frente a los despidos masivos que se producen en las obras. Respecto de los proyectos nacionales, se quejaron porque directamente “no hay interlocutores con el gobierno para ir destrabando conflictos”. Esa queja es generalizada en distintos rubros.

Entre los sectores empresarios que abrazan o abrazaron en mayor medida el ideario que hoy es régimen de gobierno, también hay inquietud. Una forma extraña de expresarla fue la de Natalio Grinman, el presidente de la CAC, quien saludó las reformas libertarias aunque admitió que habrá muchos comercios que van a caer. En paralelo, la entidad que preside pidió la continuidad del programa Ahora, en momentos en que el consumo cae en forma vertical.

Las entidades del agro, que mucho hicieron para contribuir al cambio de gobierno, también expresan reparos. CRA, FAA y SRA pidieron sacar de la ley ómnibus la adhesión a Upov 91, una convención que protege la propiedad intelectual en semillas. “Beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación”, señalaron.

Los federados, además, difundieron un duro pronunciamiento luego de la última reunión de su consejo directivo central. Cuestionaron varios puntos del DNU y el proyecto de ley ómnibus, como la delegación “eterna” de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, el aumento de retenciones a economías regionales, la derogación de la ley de tierras y la posible privatización de empresas del Estado. Tema que recuerda a la FAA de los 90, cuando resistía la privatización de un Banco Nación que tenía hipotecas de productores por casi 13 millones de hectáreas. Hoy la situación es distinta pero lo que no cambió, más allá de los discursos, es el rol clave que cumple el banco en la asistencia financiera al sector, como se vio en la sequía.

“Frente a una situación que preocupa por el impacto en los pequeños y medianos productores y las economías regionales, nos convocamos a seguir de cerca las repercusiones en cada uno de los sectores productivos”, advirtió la FAA. Uno más de los distintos focos de conflicto que se activaron con el paquetazo de Milei y que promete ampliarse en la medida que se revela que el ajuste era para casi todos.