Diputado nacional, con más de medio siglo de trayectoria en la UCR e integrado al Frente de Todos (FdT), Leopoldo Moreau preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que ha reunido una frondosa evidencia sobre el capítulo argentino del lawfare, guerra judicial contra el kirchnerismo, que se desplegó durante la presidencia de Mauricio Macri. Moreau cree que la fuerza política gobernante, aun con mayorías reducidas en el Congreso, está en condiciones de impulsar y concretar cambios radicales en sectores del sistema judicial.
En el marco del explosivo descubrimiento (y presentación judicial) de 105 mil audios de escuchas ilegales generados durante el período macrista por parte de la actual interventora de la Agencia Federal de Información (AFI), María Cristina Camaño, La Capital entrevistó a Leopoldo Moreau, titular de la comisión Bicameral del Congreso que tiene por función controlar el accionar de los servicios de inteligencia. El gobierno, azorado por la trama de persecución política que queda a la vista, y que muchos de sus actuales funcionarios y dirigentes fueron víctimas, se debate sobre los caminos posibles para una transformación radical del sistema, o bien la expectativa por ahora inocua de la autodepuración del Poder Judicial: el único permanente, que no se somete al escrutinio popular.
“La cantidad de elementos de pruebas que demuestran el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política del macrismo es infinita, irrefutable”, definió Moreau. Considera que en ningún país latinoamericano se han reunido tantos elementos demostrativos de la existencia del lawfare como en la Argentina. “No hay ningún país donde se hayan reunido tantos elementos demostrativos de la articulación entre sectores judiciales, de medios de comunicación hegemónica y grupos económicos para llevar adelante la tarea de desgaste y demolición de los movimientos populares. O en los casos de Lula, Dilma Rousseff y Evo Morales, directamente el derrocamiento de sus gobiernos”, abundó.
- Aun así, ¿entiende que hay sectores políticos que niegan la existencia de la guerra judicial contra el kirchnerismo?
- El ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por caso, lo niega, contradiciendo todos los elementos que se conocen, y el propio sentido común. De igual manera, el fallo de dos jueces descarados como (Pablo) Betucci y (Mariano) Lorenz, que pretende hacer creer que la persecución política la llevaron adelante cuatro peregiles o cuentapropistas, un fallo similar a la auto amnistía de la dictadura militar en su retirada.
- ¿Por la auto amnistía de (Reynaldo) Bignone y (Cristino) Nicolaides?
- Claro, han dictado un fallo de auto amnistía. No solo para intentar exculpar a Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, y todos los que tuvieron responsabilidad directa en la construcción del plan sistemático, los integrantes de la mesa judicial, sino también para exculpase ellos juntos a otros jueces y fiscales de Comodoro Py. La pata judicial fue el eslabón más importante de esta cadena, daban la puntada final, junto con la AFI, la Afip, Migraciones, el Servicio Penitenciario Federal, y demás. Por todo esto es incomprensible que continúen en el Poder judicial personajes como Martín Irurzun, que fabricó una doctrina para encarcelar arbitrariamente a integrantes del gobierno anterior (a 2015), o Bertucci, Lorenz, (Gustavo) Hornos y muchos otros que entraban y salían de la Casa Rosada o de la Quinta de Olivos cada vez que tenían que sacar un fallo de Casación.
- ¿Y cómo imagina que se pueda desarmar esa madeja?, porque el gobierno del FdT lleva más de dos años y no se visualizan cambios significativos
- Tuvimos avances, retrocesos y también estancamientos. Los avances están en las pruebas que hemos logrados reunir: el Estado mafioso del macrismo, paralelo, clandestino.
- ¿La filmación del Banco Provincia es la consagración más determinante de esa prueba?
- Es la frutilla del postre porque permite ver con imagen y con las voces, lo que nosotros llamamos el funcionamiento de la mesa judicial, y la asociación ilícita, tres o más personas planificando delitos. Pero, además del Banco Provincia, hay infinidad de pruebas, agentes de inteligencia que han confesado los hechos tanto en los expedientes judiciales como en la comisión Bicameral (de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia). En materia de esclarecimiento no falta nada. Ahora bien, la Bicameral no lleva adelante causas judiciales, tiene un rol de esclarecimiento político institucional. Haciendo un parangón, tal vez excesivo, hacemos lo que hizo la Conadep con la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Hay una matriz similar entre lo actuado en inteligencia por la dictadura militar y por el macrismo. Nuestra tarea es poner en conocimiento de la sociedad lo ocurrido, y lograr que no se vuelva a repetir. Lo otro, la sanción penal, es parte de la esfera judicial.
- Volvamos a la pregunta anterior, ¿y cómo se le pone un punto final al lawfare y se lo juzga?
- En primer lugar, con voluntad política, no dejar esto en las sombras ni en la impunidad. Luego, es necesario abandonar la teoría de la autodepuración, eso no existe.
- Convengamos que el propio Alberto Fernández, en un momento, apostó a la autodepuración de la justicia, pero no tuvo éxito, al menos hasta ahora.
- Esa teoría hay que dejarla de lado. Recuerdo que el propio Alfonsín, en 1983, cuando dictó el decreto de juzgamiento de las Fuerzas Armadas en una primera instancia lo envió al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas para que ahí se hiciera el juzgamiento. Como durmió unos meses, sin resultados, luego dictamos una ley por el Congreso y reformamos el Código de Justicia Militar para que la justicia civil pudiera llevar adelante los juicios.
- Ahora con una mayoría débil, sobre todo en Diputados, ¿tiene el FdT posibilidad de impulsar juicio político desde las cámaras?
- Es probable que no tengamos mayoría para un juicio político a la Corte, o eventualmente tampoco en el Consejo de la Magistratura, sí podríamos impulsar una ley con mayoría simple para la ampliación de la Corte. Eso podría conseguirse. Después podrán decirme que necesitamos los dos tercios para designar los miembros. Pero, en todo caso, el debate está planteado y se verá qué pasa.
- No parece sencillo que puedan coincidir con Juntos por el Cambio (JxC) en los nombres de candidatos para una eventual ampliación de la Corte Suprema.
- En lo personal, no me preocupa que determinado candidato sea conservador, y, por caso, esté en contra la despenalización del consumo de marihuana, o contra la de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo central es que sea independiente, que no haya sido cómplice del espionaje ilegal, y que no responda a las órdenes de la Embajada de Estados Unidos, o a las órdenes de (Héctor) Magneto.
- ¿Y con la lapicera presidencial, los DNU, cuánto puede hacer el gobierno para cambiar el estado de cosas del sistema judicial?
- El Ejecutivo tiene márgenes estrechos, los que impone la arquitectura constitucional argentina. Pero hay que dar la batalla aun con esas limitaciones. Vuelvo al ejemplo del 83, Alfonsín también tenía márgenes estrechos, sin embargo, con una ley cambio el código de justicia militar, y juzgó a los represores por la vía civil.
- Algunos referentes de su frente político debaten sobre si el presidente debería o no aplicar la facultad del indulto presidencial para casos emblemáticos de presos que aún permanecen detenidos como de Milagro Sala, ¿qué piensa?
- Creo que la detención de Milagro Sala es absolutamente arbitraria, caprichosa. Y que responsabilidad es de la Corte Suprema, que no resuelve una cantidad de recursos que tiene por el caso Milagro Sala, no hace nada. La Corte tiene mucha velocidad para resolver cuando se trata de intereses de grupo, corporativos o individuales, pero no muestran la misma velocidad con ciudadanos que están privados de su libertad, o cuando tiene resolver sobre intereses en materia laboral, entre otros. Yo seguiría exigiendo a la Corte a que se pronuncie, incluso, a través de los organismos internacionales que intervienen en el caso. Por ejemplo, ¿por qué la Corte conserva la prerrogativa de no pronunciase y rechazar los temas con el famoso del sellito del código 280? Con eso también podemos hacer algo desde el Congreso, son leyes orgánicas del Poder Judicial que las sanciona el Parlamento.
