Dos días después de ser imputada en la causa que posa la lupa sobre el espionaje ilegal, Débora Cotichini, ex directora de Inteligencia Criminal zona sur del Organismo de Investigaciones (OI), está al borde de la expulsión del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La funcionaria enfrentará hoy un juicio disciplinario interno del MPA. La acusan de transmitir de manera indebida información hacia el Ministerio de Seguridad, conducido en su momento por Marcelo Sain, y ocultar datos a sus superiores del OI.
El jurado está integrado por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; el fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo; la diputada socialista Lionella Cattalini; el senador justicialista Alcides Calvo, en reemplazo de Armando Traferri, quien se excusó, y Gabriela Capponi Fiorillo en representación de los abogados.
En la reunión, convocada a las 14, en la capital provincial, la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, expondrá la acusación y mostrará la prueba recolectada.
La defensa de Cotichini estará a cargo de Juan Lewis. El ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Antonio Bonfatti también la representa en la causa por espionaje ilegal.
Después de las declaraciones de los testigos y los alegatos, el jurado deberá deliberar y tomar una decisión. Las resoluciones son por mayoría simple: es decir, se necesitan al menos tres votos.
Esa definición, indican fuentes judiciales, podría darse hoy, mañana o, a más tardar, el lunes.
Tanto en la Legislatura como en los tribunales creen que la suerte de la mano derecha de Sain en el organismo está echada.
“Ella va a plantear su defensa con el argumento del lawfare, pero lo cierto es que están los Whatsapp con texto y su voz”, indicaron a La Capital fuentes que conocen los detalles del procedimiento disciplinario.
La denuncia se inició en septiembre del año pasado. En ese momento, Víctor Moloeznik, a cargo del Organismo de Investigaciones tras la partida de Sain al Ministerio de Seguridad y después de su destitución del OI, se presentó ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura.
Allí, Moloeznik informó a los diputados y senadores sobre cómo Cotichini le pasaba información confidencial y grabaciones de escuchas judicializadas a Sain, cuando el criminólogo era ministro.
Para los fiscales Hernández y Grimberg Marcelo Sain era el jefe de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal
El funcionario judicial detalló también que Cotichini vació su oficina, la cerró con llave y, cuando pudieron acceder a ella, descubrieron que había formateado su computadora.
Además, Moloeznik señaló que Cotichini le ordenó a un subordinado del OI que le ocultara información. “‘De esto no se tiene que enterar Víctor, mandale un informe viejo que de esto no se tiene que enterar’, le dijo a la empleada”, detalló el responsable del organismo judicial.
En función de esos elementos, a fines de septiembre de 2021 Cotichini fue separada preventivamente de su cargo hasta que resolviera el proceso disciplinario.
Ese trámite corre por un andarivel diferente a la causa judicial que tiene en el centro de la polémica a Sain, ex funcionarios del ministerio de Seguridad y la propia Cotichini.
El martes, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg acusaron a Sain de liderar una asociación ilícita dedicada a recabar en forma indebida información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales.
>> Leer más: Imputaron al ex ministro Sain como jefe de una asociación ilícita y por violar la ley de Inteligencia
De acuerdo a los integrantes de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos del MPA, Cotichini y Nadia Schujman, a cargo de la Agencia de Control Policial, eran las organizadoras de una estructura criminal piramidal que tenía en el vértice a Sain.
Para Hernández y Grimberg esa organización criminal operó al menos entre el 30 de diciembre de 2019 y el 26 de noviembre de 2021 y realizó “acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.520, consistentes en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe”.
