Sin discusión inicial en el recinto, de manera express y sobre tablas, la Legislatura provincial sancionó esta tarde dos leyes que más allá de sus fundamentos esgrimidos parecen llevar como objetivo apuntar contra el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, de manera reiterada cuestionado en forma mayoritaria por representantes de ambas Cámaras. La primera de las iniciativas impide que funcionarios de conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), o de sus órganos de apoyo como lo es Sain en uso de licencia, se desempeñen en cualquier tarea en otro Poder del Estado provincial o nacional. La segunda genera un control parlamentario sobre los gastos reservados o especiales destinados exclusivamente a solventar investigaciones criminales complejas en el Ministerio de Seguridad.
La velocidad en la presentación, tratamiento y aprobación de estas leyes sin debate previo en el recinto impulsó a abandonar sus bancas a los seis diputados del Justicialismo que denunciaron dos cosas: que las iniciativas tienen como objetivo vulnerar la continuidad de Sain y que responden a un acuerdo ya verificado anteriormente entre el Frente Progresista y el bloque de senadores oficialistas.
"Estas dos son leyes demasiado trascendentes que se metieron sobre tablas. Son leyes que se aprobaron sin leer porque se impulsaron con un mecanismo en que se vota primero y se debate después. Es totalmente escandaloso porque propone reformas sobre la administración de Justicia y de la seguridad. Al mismo tiempo ingresó a Diputados un proyecto con media sanción del Senado que reforma la regulación sobre gastos reservados para el Ministerio de Seguridad. Este también se ingresó sobre tablas y no se discutió su contenido. Salvo los que la redactaron no la leyó ningún legislador", sostuvo la diputada bielsista Matilde Bruera.
Sain consideró que el único motivo de impulsar estas leyes es forzar su salida del gobierno provincial y evitar que se discuta el paquete de leyes que reformula el sistema de seguridad de la provincia, el sistema policial completo y los mecanismos de su control. Y entiende que si las leyes no son vetadas por el gobernador Omar Perotti su continuidad no tendrá sentido ni será viable.
El bloque minoritario de diputados del PJ explotó ante la situación. Pero en la Cámara alta los proyectos fueron votados por todos menos cuatro senadores que se abstuvieron solo en la ley de fondos reservados. Estos fueron los justicialistas Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló, Ricardo Kaufman y Alcides Calvo. Este último el legislador del departamento Castellanos, que es considerado mano derecha del gobernador. Vale decir que ningún senador que responde al partido de Perotti rechazó las iniciativas.
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Los fundamentos de los proyectos que prosperaron postulan asuntos dignos de una razonable discusión pero que acá no se dio. El primero de los mencionados corresponde a los legisladores del Frente Progresista Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Claudio Palo Oliver. Se trata de una enmienda a la ley 13.013 que regula el funcionamiento del MPA y sus órganos de apoyo como el Organismo de Investigaciones (OI), que interviene en investigaciones complejas de los fiscales, cuya titularidad Sain obtuvo por concurso en 2018, y del que está en uso de licencia acordada por la Corte Suprema provincial.
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El argumento de los legisladores es que ningún funcionario que cumpla actividad en otros poderes del Estado puede luego estar en órganos del Poder Judicial para investigar, eventualmente, conductas de los elencos de gobierno que integraron. Desde el PJ indicaron, con un listado de nombres, que miembros de gestiones diversas en cargos ejecutivos del Frente Progresista ocupan cargos en el Poder Judicial como fiscales, defensores o jueces.
El segundo de los proyectos impone controles parlamentarios sobre las partidas conferidas por decreto al Ministerio de Seguridad para fondos especiales a la Policía de la provincia destinados a la Brigada Especial Antinarcóticos, a la Tropa de Operaciones Especiales, a la Unidad especial de Asuntos Internos y a la Dirección General de Policía de Investigaciones.
"Sabemos que se invierten hoy fondos muy importantes que se asignan a los gastos reservados y que se asignan a las figuras políticas cuando antes se destinaban y se usaban por los funcionarios policiales de carrera o las estructuras del Poder Judicial", justificó el diputado frentista Pablo Farías.
"Además de incompetente es mentiroso", dijo Sain en su cuenta de twitter sobre Farías. "En el Ministerio de Seguridad hoy se ejecutan los gastos reservados de la misma forma que lo hacía (el ministro de Seguridad Maximiliano) Pullaro, a través los servicios policiales autorizados", agregó el ministro.
Fuentes del PJ indicaban que un veto al control de gastos reservados será complejo de imponer porque implicará justificar una negativa a un mecanismo legal de supervisión de partidas extraordinarias que manejan con baches de rendición las fuerzas especiales policiales. La diputada Bruera señaló que en las leyes propuestas por Sain mecanismos de control parlamentario para esas partidas están formulados. ¿Por qué entonces esta iniciativa agraviaría al ministro? "Lo que ocurre es que estas dos leyes de hoy no buscan otra cosa más que forzar la salida de Sain limitando partidas que el socialismo no hizo antes. Si interesara la justificación institucional habrían aceptado debatir con tiempo antes de votar", dijo.
Al mismo tiempo el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, expresó en twitter sentirse embargado por un sentimiento de traición hacia los legisladores de su partido. "Muchos años jugué de arquero en un equipo de 'compañeros'". Los goles que más me dolían eran los goles en contra", escribió. En la Casa Gris señalaron que ni la propia vicegobernadora Alejandra Rodenas avisó como titular del Senado de las leyes que aprobarían.
Más allá del debate legal el asunto instala un dilema político de hierro para Perotti. Convalidar las leyes implicará dejar en una posición frágil a quien tiene como uno de sus principales ministros y robustecer en especial al bloque de senadores de su partido que ya le plantó cara en enero cuando le rechazó su ley de emergencia económica. No hacerlo será volver a cruzar espadas con legisladores de su partido que ya le mostraron los dientes en un cuerpo de marcada adversidad para su espacio╠
"Hay que ver qué hace Perotti ahora", indicaron cerca de Sain. "Para nosotros tiene que haber un veto político muy fuerte más que jurídico. Porque esto está anclado en un bloque tradicional de poder interpartidario que garantiza no discutir la reforma de la seguridad y sacar al ministro que está impulsando las luchas contra las mafias. Porque la persecución del juego clandestino, que no sabemos hasta dónde llega, se sustentó en el apoyo del Ministerio. Eso terminó con el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal a quien la Legislatura convalidó de una manera oscura", precisaron.
