En un fallo de implicancia significativa para otras causas, la Cámara Federal de La Plata declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en un expediente donde se investigaban irregularidades de un juez y otros profesionales del derecho.
"Las acciones investigadas pudieran constituir actos de corrupción y por ende, mínimamente debiéramos mencionar que dichas acciones son imprescriptibles", sostuvo la Sala II de la Plata, y agregó: "La corrupción debe ser considerada como un atentado a la democracia y, además, como una violación a los derechos humanos", al equiparar ese delito con los de lesa humanidad.
La causa fue abierta por irregularidades en el accionar del entonces juez federal Julio Miralles, ya fallecido, así como un grupo de abogados y profesionales médicos.
Se los acusa la habilitación de casinos fuera de su jurisdicción y por otorgar amparos exprés en el marco del "corralito".
En el sumario, la diputada nacional Elisa Carrió había realizado el pedido de imprescriptibilidad luego de presentarse como amicus curiae (amigo del tribunal) y el fallo es de importancia significativa, pues sienta precedente sobre que los "delitos de corrupción" no prescriben.
"Aun en la enfermedad mi felicidad es extrema: ya no pueden zafar los corruptos, antes o después van a ser juzgados", aseguró Carrió, quien se repone de una operación de angioplastia, a través de un comunicado.
"Este es el gran paso en la lucha contra la corrupción en 30 años y por eso envío felicitaciones a Leopoldo Polo Schiffrin, el gran maestro del derecho argentino", agregó con referencia a uno de los camaristas.
Desde que comenzó la causa pasaron más de 10 años, y aún no se celebraron las indagatorias, las cuales se habían fijado inicialmente para 2004.
La causa investiga el rol del juez Miralles, quien a cargo del Juzgado Federal Nº4 de La Plata, fue blanco de diferentes acusaciones de corrupción por la habilitación de casinos fuera de su jurisdicción.
También fue acusado de otorgar amparos exprés, conjuntamente con un grupo de profesionales (abogados y un médico), quienes presentaban amparos en su juzgado por el "corralito financiero" y conseguían resoluciones en tiempo récord para que los bancos otorgaran los dólares reclamados.
Según la denuncia, los acusados les cobraban el 60 por ciento de lo obtenido; para distribuir entre el juez y los profesionales.
En medio de la investigación falleció el juez Miralles y los demás imputados pidieron la prescripción.
En el amicus curiae que presentó Carrió pidió que se declare la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en los que sea parte algún funcionario de alguno de los tres poderes.
Ahora, los camaristas César Alvarez, Schiffrin y Olga Angela Calitri evaluaron que "la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio".
"Para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva", agregó el tribunal en el fallo.
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