La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la competencia de la Justicia Federal de la Capital en la investigación del caso Hotesur, en el que se encuentran imputados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
Así lo resolvió la Sala I -integrada por los jueces María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- al rechazar recursos de queja que habían sido interpuestos por las defensas de Báez y del también empresario Antonio Ramfos, quienes pretendían que las causas tramitaran en la Justicia Federal de Río Gallegos, en Santa Cruz.
En sendas resoluciones dictadas hoy de tres carillas cada una- los camaristas rechazaron ambos planteos por considerarlos “inadmisibles” con el argumento de que las decisiones en materia de competencia “-en principio- no resultan revisables en la instancia”.
De esta manera, seguirá siendo la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital la que tramite el expediente en el que se investiga si existieron maniobras de presunto lavado de dinero parte de empresas privadas en ellas las de Báez- al contratar habitaciones de los hoteles “Alto Calafate” y “Los Sauces”, que nunca fueron usadas.
De todos modos, aún está por resolverse qué juez debe llevar adelante la causa en la Capital Federal.
Es que, el miércoles último, el juez Daniel Rafecas -quien había reemplazado a Claudio Bonadio- se declaró incompetente en la causa y planteó que su par Julián Ercolini es quien debería investigar el caso por su conexidad con otro expediente.
En tanto, en el juzgado de Ercolini tramita una causa en la que se investiga a las mismas personas que en Hotesur, en este caso por un hecho también de presunto lavado de dinero por contrataciones de obras que, en el 2009, fue ampliada a los emprendimientos hoteleros de la familia Kirchner.
Por eso, en principio, es Ercolini quien debe expedirse acerca del planteo realizado por su par Daniel Rafecas, es decir resolver si acepta o no quedarse con la causa Hotesur.
En caso de rechazar esa posibilidad, será la Cámara Federal la que deberá definir cuál de los dos magistrados Ercolini o Rafecas- deberá continuar con el expediente.
Las defensa de Báez, dueño de Austral Construcciones, y de Ramfos, titular de Credisol Sociedad Anónima, pretendían que la causa tramitara en la Justicia Federal de Río Gallegos, con el argumento ahora rechazado por Casación- de que los hechos y las empresas investigadas corresponden a esa jurisdicción.
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Por Matías Petisce