“No es ni lawfare ni partido judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”, dijo Cristina sobre su condena.
El Tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y otros imputados en la llamada “causa Vialidad” dará a conocer hoy los fundamentos de su veredicto y se abrirá la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación. Por su parte, La Cámpora inició en la noche de ayer una vigilia frente al Palacio de Tribunales.
El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 notificará los fundamentos de su sentencia a las partes, en un trámite que no será presencial, sino que se incorporará el escrito a la causa judicial informatizada, explicaron fuentes judiciales. Desde ese momento se abrirá el plazo de diez días hábiles para recurrir con la apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.
Tras dar a conocer su decisión al final de un juicio oral el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.
Pero como fija la ley, ahora difundirán los fundamentos completos, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes ya anticiparon que apelarán ante Casación. A partir de esos lineamientos las partes comenzaron a preparar sus apelaciones.
Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas. Habían pedido 12 años de prisión para la vicepresidenta, fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado; el de administración fraudulenta.
Además, los integrantes del Ministerio Público irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
Poco después de la lectura del veredicto, el pasado 6 de diciembre, la titular del Senado y dos veces presidenta de la Nación, aseguró que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni partido judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.
En tanto, La Cámpora inició una vigilia frente al Palacio de Tribunales, en Cristina bajo el lema: “La proscripción al carajo”. La actrividas anoche a las 21 y se extendió hasta la medianoche.
Desde el plano político, las agrupaciones kirchneristas motorizan la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que además organizan para este sábado 11 un multitudinario acto en Avellaneda.
Mientras que la ex presidenta asistirá mañana a la Universidad Nacional de Río Negro a recibir el doctorado Honoris Causa y brindará una ponencia que lleva por título “hegemonía o consenso. Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.
“No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo. Como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero (Néstor Kirchner)”, enfatizó la ex mandataria en aquella oportunidad.
Por otra pare, la Cámara Federal porteña rechazó ayer el pedido de la defensa de Nicolás Carrizo para que sea enviado a prisión domiciliaria mientras dure la investigación del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner e instó a la jueza María Eugenia Capuchetti a avanzar en la elevación de la parte principal del caso a juicio oral, informaron fuentes judiciales.
Los jueces de la Sala I del tribunal dispusieron “confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo”, procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del ataque, y resaltaron que aún se encuentra “configurado en el caso la posibilidad de entorpecimiento de la investigación”, según surge del fall.
En la misma resolución, y a través de dos votos diferenciados, los magistrados instaron a la jueza Capuchetti —que delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo— a avanzar en dirección al juicio oral y público por el hecho ocurrido el 1 de septiembre último por el que, además de Carrizo, se encuentran detenidos los acusados de ser los autores de la tentativa de homicidio: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidieron mediante un voto conjunto “instar a la a quo —teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa— que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”, lo que implicaría llevar el caso a juicio oral y público.
Por su parte, el juez Mariano Llorens sostuvo que “más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella —las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa— lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”.
La querella realizó en el último tiempo diversos planteos para que se investigue si existen autores intelectuales que operaron por detrás de Sabag Montiel y Uliarte, a la vez que pidió que se investigue si por acción u omisión tuvo alguna participación en el intento de magnicidio.
Al momento de referirse a la posibilidad de concederle el beneficio de la prisión domiciliaria a Carrizo, los camaristas sostuvieron que no estaban dadas las condiciones para morigerar el estado de su detención y también remarcaron que el informe socioambiental vinculado al imputado y su entorno no los lleva a cambiar de parecer.
“No resultan un tema menor las circunstancias que rodean la aparición de la garante, quien según alega la defensa tendría un vínculo afectivo con Carrizo de larga data, pero respecto de quien no se encuentran registros telefónicos de contactos, de llamados ni de mensajes”, sostuvieron Bruglia y Bertuzzi en relación con el planteo de la defensa que pretendió que una supuesta pareja de Carrizo oficiara de garante ante una eventual prisión domiciliaria.
“Esta situación, hasta tanto pueda ser dilucidada, nos disuade de hacer lugar a la morigeración solicitada, especialmente frente a la existencia de un riesgo procesal como el peligro de fuga, en el marco de un caso de gravedad institucional como el que se investiga en autos”, sostuvieron los jueces.
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