La agrupación Hijos Rosario presentó esta mañana una denuncia contra el exjuez federal Guillermo Ernesto Tschopp, quien se desempeñara durante la última dictadura cívico militar como titular del Juzgado Federal de la 2ª Nominación de Rosario, por su "participación en graves crímenes de lesa humanidad".
El escrito, radicado ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), está basado en los testimonios de decenas de víctimas del terrorismo de Estado.
La denuncia, ingresada ante la sede local de la Unidad Especial de Lesa Humanidad del MPF, releva los casos de al menos 16 víctimas de la dictadura que fueron privadas ilegalmente de la libertad y torturadas en centros clandestinos de detención que funcionaron en Rosario, algunas de las cuales fueron además asesinadas y desaparecidas.
El escrito de Hijos da cuenta de multiplicidad de casos en los que el exjuez Tschopp recibía denuncias de personas secuestradas en centros clandestinos de detención o cárceles de la dictadura –incluso algunas embarazadas–, que le manifestaban las torturas a las que eran sometidas para hacerles firmar declaraciones en su contra, que luego juez no sólo no investigaba sino que utilizaba para condenarlas.
La denuncia. La denuncia para que se investigue a Tschopp lleva la firma de Franco Porporato, Nadia Schujman, Natalia Lorena Moyano, Santiago Bereciartua, Sofía Luján Barro Fosin y Matías Gómez, integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos) regional Rosario.
En su informe enviado a la prensa –en el cual la organización de derechos humanos decidió preservar los nombres de las víctimas–, se destacaron algunos de los casos de los 16 relevados en esta primera denuncia contra Tschopp. Allí se menciona el de un detenido-desaparecido que luego de haber sido salvajemente torturado en el Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo "a fines de 1976 es trasladado y alojado en la cárcel de Coronda", donde es visitado por el doctor Tschopp.
"Ante la presencia de este magistrado (el detenido) denuncia las torturas y los apremios ilegales sufridos en el Servicio de Informaciones, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del consejo de guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios, por no haber contado con una defensa, por haber firmado todas las actuaciones estando tabicado (vendado). Luego del arsenal de denuncias realizadas por la víctima, el magistrado le contesta: «¿usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?»"
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El Servicio de Informaciones fue centro clandestino de detención durante la dictadura.
Foto: Archivo La Capital
"Asimismo (Tschopp) le hizo saber (a la víctima) que las actas de estas declaraciones serían la base con la que él lo juzgaría. La condena dictada por el consejo de guerra (realizado por los militares), de 8 años y 7 meses de prisión, fue aumentada por la justicia federal en 10 años de prisión", completa el relato la denuncia de Hijos.
Otro de los casos mencionados por Hijos es el de una embarazada de 8 meses, que estando privada de su libertad en el año 1977 interpuso recurso de amparo, que obra en el Archivo de los Tribunales Federales, y en cuya primera foja contiene una carta en manuscrita de la mujer denunciando "las condiciones de detención inhumanas que sufría".
"Dicho recurso tramitó ante el Juzgado Federal N° 2 de Rosario, a cargo por aquel entonces de Tschopp, quien a pesar de lo narrado por la detenida no tomó medida alguna para hacer cesar dichas condiciones ilegales de detención".
Esa madre, que había estado privada ilegalmente de la libertad en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario, y que fue sometida a un parto en la Maternidad Martin en la peor de las condiciones, pudo relatar "en forma verbal al magistrado el secuestro, las torturas, la detención de ella y de su marido", según precisa el escrito de Hijos, en el que se añade: "A pesar de ello Tschopp nunca inició una investigación en este sentido, ni dejó, cuánto mínimo, asentadas esas declaraciones". "No estaba ante la justicia, estaba ante un cómplice de quienes me torturaron", relató la mujer ante la Justicia, tiempo después.
Impunidad. Tras repasar los 16 casos relevados, Hijos señala que si bien la omisión de los deberes de funcionario es un "aporte penalmente reprochable en la medida en que además de su carácter sistemático el magistrado tenía el deber jurídico de actuar", Tschopp terminó erigiendo en "una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad".
"Asimismo –destaca la presentación de Hijos–, no puede soslayarse el silencio acerca de estos hechos que guardó Tschopp aún luego de retornarse al régimen democrático de gobierno, cuando comenzó a echarse luz sobre las atrocidades cometidas por la dictadura militar en aquellos años".
