El Senado de la Nación aprobó en la noche de este jueves y convirtió en ley el proyecto que pretende fortalecer el sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe, impulsando la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, así como sus normas modificatorias y complementarias.
El proyecto se aprobó por unanimidad y fue puesto en consideración sobre tablas, ya que no pasó por comisiones y se aceleró su debate para intentar paliar la grave situación generada por el avance del narcotráfico en aquella provincia.
Los pliegos aprobados este jueves con 63 votos a favor del oficialismo y de la oposición son los del juez federal de primera instancia 1 de Rosario, Gastón Salmain; del conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Ernesto Cano, y el conjuez de los Juzgados federales de primera instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Mariano Longarini.
También se incluyó la designación de la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, Elena Beatriz Dilario; del juez de cámara del tribunal oral en lo criminal federal 2 de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, y el juez federal de primera instancia de San Francisco, Córdoba, Pablo Montesi.
La iniciativa crea 27 cargos de fiscal federal penal con jurisdicción en el distrito federal Rosario, de los cuales quince tendrán asiento en la ciudad, siete en la capital santafesina, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, y uno en la ciudad de San Nicolás (provincia de Buenos Aires).
Además, abre nueve cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción en el distrito federal Rosario, de los cuales tres tendrán asiento en Rosario, dos en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
Entre otros puestos, crea seis cargos de juez penal federal con funciones de garantía, con asiento en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
El senador Marcelo Lewandowski argumentó que el combate contra el narcotráfico "no pasa solamente por fortalecer la Justicia” y que se deben “cambiar muchas cosas de la actual Policía de Santa Fe y de las acciones de la Justicia”.
“Acompañamos esto que es solo una partecita de todo lo que tenemos que hacer para trabajar contra la violencia y que tiene al narcotráfico desde hace quince años en mi provincia”, sostuvo.
En la sesión, la presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza), se refirió a Rosario como “una jurisdicción que atraviesa un momento delicado” como consecuencia del narcotráfico.
Sagasti reclamó a la oposición que preste acuerdo para la designación de otros postulantes cuyos expedientes aguardan ser tratados y expresó que su “bloque tiene voluntad para traer el recinto decenas de pliegos con dictamen para cubrir vacantes del Poder Judicial de varias provincias”.
Por su parte, la radical Carolina Losada señaló al gobierno nacional por “mirar para otro lado” con un “silencio cómplice e hipócrita” y los acusó de que “nunca les importó hacer algo por Santa Fe”.
El jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, señaló que “Rosario es la foto de un Estado pre anárquico, donde la autoridad se esconde y se tiran la pelota entre el Estado provincial y nacional”.
“Pero el narcotráfico no está solamente en Rosario. Se es consciente del negocio de la droga, pero también de la falta de acción del Estado para frenarla”, indicó Naidenoff.
Finalmente, el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, indicó: “Acá estamos dando un gesto de grandeza” al tratar “esto sin tener en cuenta lo que pasa en las otras provincias”.
“Como mínimo, llevará cuatro años para llenar esos lugares”, advirtió, y destacó que “hay una crisis del Poder Judicial que afecta al sistema republicano de gobierno” y que “con cincuenta cargos no se va a arreglar el problema”.
Por Matías Petisce
Por Lucía Inés López