El gremio del Poder Judicial propone una nueva medida de fuerza porque no se concretaron los retroactivos y la firma de ascensos anunciados por el gobierno
Foto: Archivo / La Capital.
Empleados judiciales podrían retomar las medidas de fuerza la semana próxima.
Pese a que el gobierno provincial aseguró que saldará los retroactivos y normalizará los ascensos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales insiste con un nuevo paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo jueves. Si se concreta, acumularía tres medidas de fuerza de este tipo en un mes.
“Sin respuesta a los decretos y retroactivos, continúa el plan de lucha”, sostiene el flyer que se giró por Whatsapp a los empleados judiciales desde este lunes por la mañana. El martes será la asamblea para definir si se acepta la moción de paro de 9 a 13 de actividades y presentación de una nota a la Corte Suprema de Santa Fe para que insista en el pedido y jueves de paro sin asistencia a los puestos de trabajo.
El pasado jueves se realizó el segundo paro con movilización al Centro de Justicia Penal. “Hasta hoy, ninguna persona del gobierno se comunicó con el sindicato para darnos fecha del pago de lo adeudado ni de la firma de los expedientes que tiene retenido el gobernador. Hay promesa que valoramos, pero hasta tanto no se materialice no dejaremos de parar”, dijo Jorge Perlo, secretario general del Sindicato de Judiciales de Rosario.
El reclamo del Sindicato de Trabajadores Judiciales se enfoca en el pago de retroactivos que se acumularon con los distintos aumentos y en la formalización de ingresos, promociones y ascensos del personal. La semana pasada el gobierno accedió a pagar la deuda y firmar las cuestiones administrativas previo análisis, pero desde el sindicato quieren verlo materializado.
Luego de que el Sindicato de Trabajadores Judiciales realizara algunas medidas de fuerza, primero de baja intensidad y luego con un paro inédito en 30 años, el gobierno de Santa Fe comenzó a retocar la estrategia y dejar de lado a los empleados judiciales como forma de desacoplarlos de lo que cree que es el verdadero objetivo: la Corte.
El gobierno directamente responsabilizó al máximo tribunal por “un manejo discrecional y desajustado de manera ligera de la ejecución presupuestaria de la Corte que hizo que se quedaran sin fondos”. La Corte salió a responder y a decir que esa información es "falaz". “El pago de los retroactivos de los empleados del Poder Judicial dependen de los ajustes presupuestarios que el Poder Ejecutivo debe materializar y que no son resorte de este Máximo Tribunal Provincial”, sostiene la cúpula judicial.
Según un informe del Cepa, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron 2.916 empleadores. El sector más afectado fue el de transporte y almacenamiento
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