El Reino Unido autorizó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, una decisión que profundiza la controversia diplomática con la Argentina por la explotación de recursos naturales en el archipiélago austral, cuya soberanía permanece en disputa.
La medida fue adoptada por el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, después de que el gobierno de Javier Milei presentara un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar las operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La autorización fue confirmada por la compañía israelí Nativas, que participa en el desarrollo del yacimiento junto a la empresa británica Rockhopper. Las primeras perforaciones comenzarían a principios de 2027.
La decisión del Reino Unido
De acuerdo con información publicada por el diario británico Daily Mail, el gobierno del Reino Unido tiene previsto comunicar formalmente al Parlamento la decisión de habilitar el proyecto, pese a los cuestionamientos presentados por las autoridades argentinas.
El proyecto, según las estimaciones citadas por las empresas, podría empezar a producir el próximo año y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios.
En el Mar del Norte, sin embargo, el mismo funcionario, como secretario de Energía, impulsó el freno a nuevas exploraciones de petróleo y gas.
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El anuncio llegó después de que Buenos Aires estableciera un plazo para que Londres impidiera el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con Sea Lion. El vencimiento de ese ultimátum, ocurrido este lunes, motivó una nueva presentación judicial internacional.
Asimismo, el Reino Unido solicitó a Interpol que rechace las peticiones de la Argentina tendientes a la detención de personas implicadas en el proyecto Sea Lion frente a las costas de las Malvinas.
Las tensiones argentino-británicas llevaron a los funcionarios del Reino Unido a solicitar garantías urgentes a la organización internacional.
El gobierno británico cursó una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de “notificación roja” de la Argentina para la detención de dichas personas, incluidos ciudadanos británicos, deben considerarse motivadas políticamente, según reflejó The Guardian.
Nuevo planteo del gobierno de Milei
Por su parte, el gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La Oficina del Presidente (Opra) comunicó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
La medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el gobierno nacional inició el 28 de septiembre pasado, conforme al anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.