El refuerzo de la Justicia federal obliga a cimentar los acuerdos políticos

El mismo acuerdo político que permitió plasmar el proyecto de ley para fortalecer la Justicia federal en territorio santafesino deberá prevalecer de ahora en más en el Congreso nacional si el objetivo es ganarle tiempo al avance del narcotráfico y la inseguridad, principalmente en Rosario.

El viernes pasado, 16 de los 19 diputados nacionales por Santa Fe presentaron ante la Cámara baja un iniciativa destinada a tonificar la Justicia federal en la provincia, que cuenta con el respaldo del gobernador Omar Perotti y del intendente de Rosario, Pablo Javkin, y contempla la creación de múltiples cargos para apuntalar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia en ese fuero.

La estructura de la Justicia federal en suelo santafesino está debilitada, constituyendo un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narcocriminales que operan en la provincia, que supera con holgura a otras jurisdicciones en lo que hace a causas por estupefacientes.

Diez días atrás, la Corte Suprema nacional y un centenar de jueces federales habían emitido desde Rosario una fuerte señal para el combate contra el narcotráfico. Y, en un reclamo conjunto, demandaron a los Poderes Ejecutivo y Legislativo cubrir las vacantes pendientes.

En lo inmediato, el Consejo de la Magistratura pondrá en funcionamiento esta semana una sala de alta tecnología digital en los Tribunales Federales de Rosario. El trabajo responde a las recientes demandas de infraestructura de los jueces de la ciudad a las autoridades del organismo.

Génesis

El proyecto para fortalecer la Justicia federal de Rosario, que se enmarca en la implementación del Código Penal sancionado en 2014 (sólo vigente en Salta y Jujuy) demandó más de seis meses de trabajo conjunto entre los legisladores del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC) y el socialismo.

La movida incluyó una convocatoria, en diciembre pasado, de Perotti, la compilación de datos aportados por juzgados y defensorías y hasta la colaboración del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

En paralelo a la confección del proyecto de ley, la comisión bicameral de seguimiento de la implementación del nuevo Código Penal siguió acumulando meses sin autoridades, lo cual acrecentó la inquietud de los legisladores santafesinos.

A principios de mayo, los diputados involucrados en la iniciativa acercaron al presidente de la Cámara baja nacional, Sergio Massa, el proyecto todavía por firmar, aunque con acuerdo de todos los bloques. Y también solicitaron al líder del Frente Renovador (FR) que convoque a la constitución de la comisión bicameral de cara al futuro debate de la iniciativa que buscará potenciar el rol de la Justicia federal en la provincia.

“Se habló con Perotti, con Massa. Están las firmas de casi todos los diputados por Santa Fe. Entendemos que hay voluntad política de impulsar rápidamente el proyecto. Dada la situación en Rosario, sería un delirio que eso no ocurriera”, deslizaron a La Capital en los pasillos del Congreso.

Para el diputado nacional Roberto Mirabella (FdT), “el sistema cambiará sustancialmente” de aprobarse la iniciativa centrada en el rol de la Justicia federal en suelo santafesino. Y resaltó: “Estamos todos -los legisladores- de acuerdo y el gobernador habló con el presidente (de la Cámara baja) porque queremos que no haya trabas políticas en el Congreso al momento de tratar el proyecto”.

Mirabella, una de las espadas de Perotti, aludió a la ola de violencia que sacude a Rosario. “Es una situación muy delicada y compleja y estamos todas las fuerzas políticas juntas tratando de hacerle frente. Nuestro objetivo es proteger a las familias santafesinas y en esa misión no hay diferencias, tiramos del mismo carro”, graficó.

“La Justicia Penal federal tiene una estructura, sobre todo en Rosario, con más de 30 años. En ese lapso, el crimen organizado se fortaleció y consolidó. Necesitamos una estructura aggiornada y acorde a la situación que atravesamos”, agregó a este diario el diputado nacional Enrique Estévez (socialismo).

Al respecto, el legislador sentenció: “El mejor modo de fortalecer la Justicia federal es con el nuevo Código Penal. Por eso, también es muy importante la presencia y dedicación de los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación”.

A su vez, el diputado nacional Federico Angelini (JxC) sostuvo que “el combate al narcotráfico no admite ideologías y debe ser una política de Estado para que, una vez iniciada la batalla, no haya marcha atrás”.

Entre otras medidas, el proyecto propone la creación de cinco nuevos cargos de fiscales federales con competencia Penal en Rosario, tres en la ciudad de Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires).

También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en la capital provincial, entre otros puntos de la bota santafesina.

Según la iniciativa, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Procuración y la Defensoría General nacionales tomarán las medidas administrativas y presupuestarias para materializar la iniciativa, una vez sancionada por el Congreso.

Frente a una violencia sin dique de contención, resulta prioritario cimentar los acuerdos políticos que permitan acelerar los cambios en la Justicia federal en Santa Fe.