Política

El gobierno de Fernández busca bajar el nivel de tensión con la Justicia

La ministra Losardo aclaró que la comisión bicameral que propicia el oficialismo "no podrá sancionar magistrados"

Miércoles 03 de Marzo de 2021

La ministra de Justicia nacional, Marcela Losardo, sostuvo que la comisión bicameral que impulsa el gobierno de Alberto Fernández para investigar a magistrados y fiscales “no puede arrogarse atribuciones de otros poderes”. Y aclaró que “no podrá sancionar jueces” porque “no es constitucional”.

La funcionaria explicó, además, que la comisión será únicamente un órgano “de asesoramiento” para “estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas”.

De ese modo, Losardo intentó bajar el nivel de tensión entre el gobierno y el Poder Judicial, que se acrecentó luego que el ministro del Interior nacional, Eduardo Wado de Pedro, advirtiera a los magistrados: “O se transforman o se van”.

“Lo que no puede arrogarse la bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No podrá sancionar magistrados, eso no es constitucional”, afirmó la titular de la cartera de Justicia.

Asimismo, la funcionaria defendió el proyecto de reforma judicial que el gobierno envió el año pasado al Congreso y que no fue sancionado. Al respecto, Losardo consideró que “todos dicen que esto así no puede seguir”, en relación a la Justicia.

En esa línea, subrayó: “El presidente pide que se lo trate y se modifique o no, pero que se haga algo. Eso planteamos nosotros”. También sostuvo que “hay un problema en el funcionamiento de la Justicia”.

Paralelamente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) rechazó la propuesta de Fernández de implementar un control legislativo sobre la Justicia. “Es ajeno al orden institucional”, advirtió.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de «control cruzado», ajeno al orden constitucional jurado”, resaltó la Asociación de Magistrados.

Además, cuestionó que el presidente asegurara que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga el impuesto a las ganancias”, ya que por la ley Nº 27.430 los designados a partir del 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen.

“En el discurso de apertura de las sesiones legislativas el presidente dijo a toda la ciudadanía que el Judicial «es el único Poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano». Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”, añadió la entidad.

“También ha preocupado una afirmación errada sobre que «ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias», cuando sabido es que, a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos

Escenario legislativo

Respecto de los votos que necesita el oficialismo para aprobar la comisión bicameral investigadora de la Justicia en el Congreso nacional, en el Senado está garantizada la mayoría para sancionar la iniciativa.

Pero, al posar la lupa sobre la Cámara de Diputados, la ecuación no es favorable para las aspiraciones del Frente de Todos (FdT).

Dardos macristas

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que sería “abiertamente inconstitucional” la creación de una comisión bicameral en el ámbito del Congreso para estudiar el funcionamiento de la Justicia, ya que implicaría “entrometerse” en un Poder que “debe ser independiente”.

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Rodríguez Larreta se expresó de ese modo en varios mensajes que emitió a través de la red social Twitter, en los que indicó: “La idea de crear una comisión legislativa ad hoc para controlar a los jueces es abiertamente inconstitucional y me opongo con firmeza”.

La iniciativa también cosechó el rechazo del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio. “No sólo sería abiertamente inconstitucional sino que demuestra que la principal preocupación del Ejecutivo es amedrentar a magistrados y fiscales para garantizar la impunidad en el país”, sostuvieron.

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