El gobierno definió como "legítimo" la quita de fondos a la Capital Federal

El gobierno nacional defendió ayer como “constitucional, justa y legítima” la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la Ciudad había recibido en 2016 merced a un decreto de la gestión macrista, mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avanza en la presentación judicial para que se declare la nulidad de la medida.

“No estamos sembrando discordias sino igualdad. Ningún diálogo se rompe, pero a alguno le duele renunciar a los privilegios”, dijo el presidente al participar de un acto desde la residencia de Olivos, en el que anunció obras públicas para cinco provincias, entre ellas Santa Fe.

En ese marco, Fernández defendió la decisión “darle los recursos que el distrito más poblado, extenso y productivo de la Argentina necesita”, en relación a la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

La medida del gobierno nacional —anunciada ante el conflicto de efectivos de la policía bonaerense que reclamaban mejoras salariales y laborales— fue rechazada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien instruyó ayer a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover una acción judicial contra el Estado nacional, para que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad” de la medida.

Frente a esta acción judicial, el ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro, afirmó que desde principio de año se habló con Rodríguez Larreta sobre “el monto” de coparticipación que “se debía devolver” la Ciudad de Buenos Aires.

Al hablar en un mensaje grabado en Casa Rosada, el ministro consideró que si el decreto del presidente Alberto Fernández sobre estos fondos “es inconstitucional”, también lo es el firmado hace cuatro años por Mauricio Macri.

De Pedro, aseguró que “no se le sacaron fondos al Gobierno de la ciudad”, sino que “se recuperaron” montos que “Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero había señalado que la medida es “constitucional, justa y legítima” y recordó que “está en línea con declaraciones que en su momento hizo Rodríguez Larreta, en 2016, cuando los fondos le llegan al distrito diciendo que no eran fondos coparticipables”.

“No es la masa coparticipable lo que se está distribuyendo, son fondos directos que se dieron del Tesoro Nacional a la Ciudad”, aclaró Cafiero y precisó que “no van a faltar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

También recordó el “testimonio que circuló del anterior ministro del Interior (Rogelio Frigerio) hablando de que había sido desmedido cómo se habían dado esos recursos y que se iba a corregir con un decreto, por el enojo de muchos gobernadores”.

Al igual que el presidente luego en el acto, Cafiero sostuvo que “no hay ningún diálogo roto” con el Gobierno porteño y destacó que continuará el “trabajo permanente y coordinado” con esa administración y el gobierno bonaerense, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Tras el anuncio de Rodríguez Larreta de acudir a la Corte Suprema de Justicia, se publicó ayer en el Boletín Oficial del distrito porteño la instrucción a la Procuración General para avanzar en una acción judicial contra el Estado Nacional, para que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad” de la medida.

Del mismo modo, solicita una “medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada”.

Por su parte, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró que “se lesionó el diálogo” con el Ejecutivo nacional; pero sin embargo, aseveró que, en el contexto de la pandemia por coronavirus, “hay que seguir coordinando” entre la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación para la administración de las medidas sanitarias tendientes a mitigar la circulación del virus.

“Hay un convenio entre partes que hay que respetar y no unilateralmente darlo de baja, y sobre todo, en el marco de la pandemia, en donde los estados provinciales tenemos que afrontar una pérdidas de recursos importantes”, se quejó Santilli, y agregó: “Uno no le quita a una provincia para darle a otra, no se transfiere un problema de un lado a otro”.