El bloque de diputados nacionales del FPV-PJ pidió "que alguien le ponga límites" al juez federal porteño Claudio Bonadío, quien ordenó hoy allanamientos simultáneos en Santa Cruz con el objetivo de secuestrar información vinculada a la sociedad Los Sauces, de la familia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El bloque que preside el diputado nacional Héctor Recalde condenó "el arbitrario accionar" de Bonadío y también denunció que hay una "cacería de brujas" contra Fernández.
Los diputados kirchneristas plantearon que hay un "show mediático judicial" porque Bonadío actúa "en connivencia con los mismos medios de comunicación que desde hace años vienen hostigando a la ex presidenta".
"Al menos desde el regreso de la democracia, no ha existido una persecución política como la que está sufriendo la ex presidenta, instrumentada principalmente por un juez que porta un prontuario con innumerables pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, y que actúa guiado por el revanchismo", manifestó el bloque de diputados a través de un comunicado.
"Todo este show mediático judicial pretende encubrir el vertiginoso proceso de empobrecimiento de trabajadores, clases medias y empresarios pymes que está generando el plan económico del actual gobierno", agregaron.
Por orden del juez federal, efectivos de la policía ingresaron hoy a la inmobiliaria Sancho San Felice, donde trabajaba Máximo Kirchner hasta que asumió como diputado nacional.
También buscaban información en dos complejos de departamentos situados en Mariano Moreno al 800 y en Alvear y Tucumán, en el centro de esta capital, que fueron construidos por la empresa Austral de Lázaro Báez y serían propiedad de Los Sauces.
Sobre Bonadío, los diputados kirchneristas también dijeron que "debería excusarse y no lo hace porque no puede ni quiere ser imparcial", al recordar que la ex presidenta "le inició una querella y fue aceptada en tal carácter por la Cámara Federal".
Por otro lado, el bloque FPV-PJ indicaron que "el show deja de lado el escándalo internacional de los Panamá Papers, que tiene al presidente Mauricio Macri no sólo imputado en una causa judicial, sino subido al podio de los mandatarios más corruptos del planeta".
"Pese a ello, no hemos visto que ningún juez se preocupe por allanar las casas o las empresas del actual presidente, de sus familiares, de sus amigos contratistas o de sus ex funcionarios (como el caso del actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti) que aparecen como directores de empresas offshore ubicadas en paraísos fiscales", señalaron.
"Es hora de que la caza de brujas termine. Es hora de que una instancia superior le ponga límites al accionar injustificable y repudiable del juez Bonadío", concluyeron.
