La Casa Gris dinamitó horas antes las expectativas de las reuniones que mantuvo el gobernador Omar Perotti con la vice Alejandra Rodenas y los titulares de bloques del Senado, en primer término, y luego con los líderes de las bancadas de Diputados. Usó dos argumentos para marcarles la cancha a los legisladores opositores que, desde la firma del acuerdo por la deuda histórica, vienen cuestionándolo. El primero fue que se tratarían de “reuniones informativas”. El segundo, que el monto y la forma de actualizarlo fue fijado por la Corte Suprema nacional y que la manera de cobrarlo es la que pensaba aceptar el ex gobernador Miguel Lifschitz.
El primero fue una forma de responder a dudas y demás inquietudes, como pedían socialistas, radicales y referentes de otros partidos, pero también de reafirmar que se está frente a un hecho consumado. Perotti ya estampó su firma junto a la del presidente Alberto Fernández.
Para su gobierno, haber conseguido la rúbrica presidencial es un éxito de tal trascendencia que no sólo oxigenará financieramente sino que es equiparable a un logro.
En el acto
El ipso facto de Perotti equivalió a decirle al parlamento que, así como no consultó a la hora de acordar, no lo hace a la hora de aceptar la forma de pago. E, incluso, los llamó luego de haber hecho lo propio con otros sectores, reuniendo al Consejo Económico y Social con idéntico fin: explicar que la Nación cancelará con bonos actualizables por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) la deuda histórica reconocida y exigible por un fallo de la Corte, fijada en 151.800 millones de pesos.
Ese monto se destinará a infraestructura y 21.600 millones se coparticiparán a municipios y comunes. La provincia cobrará en los dos primeros años 50.000 millones.
La otra forma con que el Ejecutivo se plantó fue menos sutil y más confrontativa: el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, respondió en redes sociales los principales cuestionamientos que la oposición instaló en la agenda pública, ya sea con declaraciones de muchos de sus exponentes y hasta con un acto de demostración de fuerza en la Facultad de Derecho de la UNL. No faltó ningún dirigente de alta y media relevancia de todos los partidos que componen el universo fuera del oficialismo.
Corach repitió el argumento que usa todo el gobierno, desde el propio Perotti hacia y que, según todos ellos, hace innecesario que la cuestión debiera discutirse en el escenario legislativo: el monto y forma de pago “lo fijó la propia Corte Suprema”.
El ministro evidenció su intención enfatizando de modo recurrente que se aceptó una variante (el cobro en bonos) que el ex gobernador socialista había contemplado factible.
Cinco veces mencionó Corach a Lifschitz. Difícilmente desconociera el prurito que brotaría en los opositores, sobre todo en el socialismo. Y fue, precisamente, desde donde le respondieron. Tal el clima previo a los encuentros de este miércoles.
La oposición tiene un libreto que no va a cambiar por más que los hechos demuestren exactamente lo contrario” La oposición tiene un libreto que no va a cambiar por más que los hechos demuestren exactamente lo contrario”
La situación que a La Capital explicaron encumbrados dirigentes del Ejecutivo entiende que “es lógico que la oposición se sienta frustrada, porque es un trámite que ellos iniciaron pero no pudieron concluir y lo resuelve un gobierno peronista”.
No aceptan que el argumento es una condescendencia irritante. “El planteo judicial fue acompañado desde un primer momento por el PJ y en las figuras de sus dos ex gobernadores más relevantes. Tanto Carlos Reutemann como Jorge Obeid no sólo apoyaron la demanda de Hermes Binner sino que fueron a plantarse junto a él ante los tribunales”, indicaron.
Lo que informa el Ejecutivo es que el monto surge de la actualización que pidió usando el mecanismo que había fijado la Corte y que, al 31 de mayo, arrojaba la cifra que, sin el bono de Consenso Fiscal aceptado por la provincia en 2017 y sus servicios, queda en 151.873 millones de pesos.
Aunque a Corach, por redes sociales, le retrucó el ex ministro socialista Gonzalo Saglione, el diputado de ese mismo partido Nicolás Aimar (ocupó la banca de Lifschitz) también marcó la escena antes de las reuniones en la Casa Gris convocadas por el gobernador con un proyecto de ley que, en los hechos, importa una resignación ante el acuerdo.
Reacciones
Lo que Aimar busca es generar una presión inesperada sobre el Ejecutivo con una norma para que los municipios y comunas puedan solicitar de inmediato el dinero (del acuerdo) que les corresponde.
“Queremos salvaguardar los intereses de los municipios y comunas santafesinas estableciendo un mecanismo voluntario y alternativo de cobro de los fondos que les fueran indebidamente retenidos”, explicó Aimar .
La cancha que busca marcar el legislador es con plazo dado, dice su proyecto, que el Ejecutivo tendrá 20 días para responder una vez que un municipio o comuna ingrese la nota pidiendo sus fondos del acuerdo.
La oposición se enancó en el convenio de la Afip, que le costaría a la provincia cerca de 8.000 millones de pesos. El radical Julián Galdeano insistió en que “no tiene ninguna lógica, porque todas las provincias que inscribieron en el convenio recibieron algo de la Afip y no se sabe que Santa Fe esté recibiendo algo”.
“Eso suena a extorsión. Hace años que venimos recaudando muy bien con la API. Pagar eso a la Afip es prácticamente injustificable”, señaló en alusión a que el organismo impositivo federal ponga a disposición sus bases de datos, algo que provincia considera valioso.
Como era previsible, los legisladores salieron disconformes y reclamando que les remitan el acuerdo. Aunque les dijeron que el texto llegaría este jueves a la Legislatura.
“Nos vamos con muchas inexactitudes, más dudas que certezas. No entendemos por qué el acuerdo en diez años, cuando la Corte fue clara y debía resolverse entre los Estados nacional y provincial, y no con bonos que valen 60 por ciento. Siento que algo poco transparente ha ocurrido con el acuerdo”, dijo el radical Maximiliano Pullaro.
La socialista Clara García se declaro “sorprendida” ya que todavía no tienen el acuerdo firmado y los citaron sin que pudieran leerlo. “La segunda sorpresa es el aporte de 1,9 de coparticipación a la Afip, que son 8.000 millones”, añadió.
El peronista Leandro Busatto defendió al gobierno provincial. “La oposición tiene un libreto al respecto que no lo va a cambiar por más que los hechos demuestren exactamente lo contrario”, indicó.
Incluso, dijo que la copia del acuerdo no se entregó todavía porque “está en vías de ser homologado por la Corte pero, frente a la insistencia, el gobernador dijo que lo enviara igual este jueves”.
