Los empleados del Congreso respiran con alivio: acordaron un 40 por ciento de actualización salarial a pagar en cuatro cuotas, luego de un 2020 donde perdieron contra la inflación. Los legisladores nacionales, sin embargo, no cuentan con el beneficio que sí tienen establecidas algunas Legislaturas provinciales: el enganche automático de los aumentos, desde abajo para arriba. El 40 por ciento no será para los legisladores. Conclusión: en lo que va del año, los diputados sólo contabilizan un módico 10 por ciento recibido en abril pasado. Con todo, las correntinas Estela Regidor e Ingrid Jetter continúan en el ojo de la tormenta, luego de ser denunciadas por ex empleadas.
Los “desvíos” obligatorios de porciones del salario de sus asesores por parte de las diputadas de correntinas de Juntos por el Cambio (JxC), según denunció -en el segundo caso- María Andrea Cappa, ex empleada de la Cámara de Diputados de la Nación, en exclusiva para La Capital, abrieron un debate sobre el uso efectivo de los salarios que abona el Congreso.
Referentes de distintos bloques parlamentarios consultados por este diario prefirieron no hacer declaraciones sobre ambos casos. La realidad es que muy pocos estarían en condiciones de condenar la conducta de las correntinas porque en muchos despachos de la Cámara baja ocurren situaciones similares, aunque no iguales.
Regidor y Jetter cometieron todos los pecados juntos, sin privarse del peor: que sus empleados quiebren la confianza que los llevó a tomar el puesto y denuncien en los medios – y también en la Justicia- la maniobra de la calesita (sacar dinero del Congreso con formato de salario para luego usarlo con otros fines ajenos a la asesoría). “Las correntinas hicieron todo mal, no se puede apretar a la gente contratada por un sueldo para que te devuelva una parte de la plata bajo amenaza de echarla”, sueltan, a modo de conclusión, distintas fuentes consultadas.
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Para los peronistas, en general, la posición de relativa debilidad de la parte contratada ante quien lo contrató – el principio general que rige todo vínculo laboral- debe resolverse en los principios de la organización política que posibilitó ocupar determinado cargo político. Los afiliados que acceden a puestos rentados en el Estado deben aportar un porcentaje previamente establecido incluso por la Carta Orgánica del Partido, en el caso de que esté especificado. O bien de una también llamada “cotización” mensual, un monto porcentual establecido de acuerdo al monto del sueldo. En sentido progresivo, los sueldos chicos “cotizan” poco o nada a la “orga”, en tanto los cargos más importantes aportan porcentajes mayores.
Con todo, el “acuerdo de palabra” respecto de cómo distribuir en varias manos un monto de dinero que el Congreso liquida a nombre de una persona física única sigue atrapado en el laberinto. Es inevitable el subcontrato de confianza con el que se viabiliza alguna parte de la actividad política. El criterio que rige en los bloques peronistas-kirchneristas es evitar cualquier confrontación con un empleado que, habiendo accedido a un cargo con el compromiso de “cotizar” a la organización (o compartir su posición laboral con otro asesor), de pronto desconoce su compromiso y decide quedarse con todo el salario que cobra, sin más.
Argumentos
La realidad es que una vez quebrada la confianza en el vínculo laboral, queda en manos del legislador mantener o interrumpir el vinculo de “planta transitoria” en cualquier mes de año, sin importar el tiempo transcurrido ni la proyección temporal en la Cámara del legislador contratante. Y sin la obligación de avisarle al contratado, que podría notar que se encuentra desafectado recién al momento de cobrar su sueldo (no liquidado en este caso). Por lo tanto, ¿cómo explicar la brutalidad de las diputadas correntinas de apretar a sus asesores a que reenvíen parte de sus sueldos a otras personas desde sus propios teléfonos celulares?
La respuesta debe encontrarse en que los asesores presionados –como Cappa- en realidad cumplían tareas de manera permanente y eficiente y, por eso, su contratante evitaba darle de baja y sustituirla por otra. Al cabo, una atribución siempre a mano de los legisladores.
En JxC evalúan qué determinación final se tomará con Regidor, hoy en licencia sin goce de sueldo, luego de los audios telefónicos trascendidos en los que exigía un retorno de 40 mil pesos sobre un sueldo de 80 mil. Según dejan trascender en el bloque opositor mayoritario, el reparto de la plata de un asesor entre varios “hay que evitarlo” porque trae más problemas que soluciones. La oposición de derecha ideológica estaría dispuesta a promover –como existe en algunas Legislaturas e, incluso, Concejos Municipales- que los asesores pueden ser contratados con ingresos desregulados. Sobre un monto total asignado al legislador para contratar asesores, que sea el propio diputado quién asigne el monto a cobrar por cada uno.
El criterio, por ahora, no tiene ninguna chance de prosperar. No contaría con el aval político del oficialismo, y con el total rechazo gremial.
Desde los bloques menores de Diputados, como el caso del Partido Socialista (PS), aceptan que la tentación de fragmentar los salarios de los asesores a través de acuerdo particulares, puede desembocar en malas experiencias. Apuestan a reforzar los compromisos partidarios de los afiliados, donde efectivamente concretan una declaración de conformidad al momento de aceptar el cargo. Y luego es la misma Cámara la que “desvía” legalmente una parte del salario del legislador/asesor a las cuentas del espacio político.
Reacciones
Mientras la sociedad se irrita, y con razón, por la discrecionalidad en el manejo de los fondos del Congreso, en este caso por Regidor y Jetter, la financiación “grande” de la política, en el vínculo con la actividad empresarial privada, no bancarizada, continúa su tránsito en un cono de sombra difícil de iluminar. ¿Quién paga, por caso, las campañas de instalación de candidatos con enormes gigantografías urbanas, completamente fuera del tiempo de campaña electoral permitido? Esas decenas de millones de pesos que suelen lucir en los grandes muros urbanos, si bien están a la vista de todos, no suelen disparar la pregunta obvia: ¿Quién lo paga, con qué plata?
Algo es seguro: la plata voluminosa de la política no sale de la calesita con asesores de diputados. Aunque, desde ya, la política también necesita que los asesores del Congreso se apliquen a sus tares naturales y que no haya ningún diputado que apriete para desviar parte de esos salarios.
