La Legislatura removió al fiscal de San Jorge por una presunta maniobra para conseguir que el seguro repusiera dos cubiertas de su auto. Su caso se suma a una serie de denuncias, imputaciones, condenas y detenciones que involucraron a integrantes del Ministerio Público de la Acusación en los últimos años.
Las cámaras de Diputados y Senadores de Santa Fe resolvieron este jueves, en sesión conjunta, destituir al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros. La decisión llegó al cabo de un proceso disciplinario que lo tenía suspendido preventivamente desde noviembre pasado y que arrancó por una causa tan curiosa como reveladora: la presunta simulación del robo de dos neumáticos de su propio auto para conseguir que el seguro se los repusiera.
El caso se completa con otro escándalo que sacudió al MPA apenas 24 horas antes: este miércoles, la Justicia detuvo al exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho, investigado por maniobras irregulares con fondos de causas judiciales. Dos episodios que se suman a una lista de diez fiscales o exfiscales santafesinos denunciados, imputados o condenados desde la puesta en marcha del actual MPA.
La causa contra Rodríguez y Barros se originó en una denuncia que el propio fiscal había presentado por el robo de dos neumáticos de su vehículo. La sospecha: que la habría simulado para conseguir que la aseguradora se los repusiera. Una consulta de oficio del MPA a la compañía detectó indicios de irregularidad, y el expediente pasó al auditor Leandro Mai, que lo remitió a la Legislatura. Ahí llegó la suspensión preventiva, con rebaja del 50% del salario y prohibición de ingresar al MPA.
Al expediente se sumaron después denuncias de trabajadores de la fiscalía por presuntos malos tratos del funcionario, ya mencionadas en su momento por la vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini. También se lo cuestionó por ingresar sin autorización al sistema informático Heimdall del MPA y actuar en una causa en la que él mismo figuraba como víctima de amenazas, cargando un requerimiento acusatorio de otro fiscal y pidiendo una reparación económica para sí mismo. En marzo de 2026 el expediente ya estaba caratulado como tentativa de estafa.
La defensa intentó frenar el proceso con un recurso de amparo, argumentando que el caso debía tramitarse bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento de la Constitución de Santa Fe, con mayores garantías de debido proceso. La Comisión Bicameral respondió que ese esquema no rige hasta que se sancione la ley que lo reglamente. Cumplidas las instancias de acusación y defensa, la acusación impulsada por el diputado Marcos Corach llegó este jueves a la sesión conjunta, donde se resolvió la destitución.
La destitución en San Jorge se conoció apenas 24 horas después de que el MPA pidiera y consiguiera el arresto de Mariano Ríos Artacho, de 42 años, en un operativo de la Policía Federal Argentina. La captura, solicitada por el fiscal Adrián Spelta, se dio en el marco de 15 allanamientos en Rosario y Córdoba, con nueve detenidos en total, por presuntas maniobras con fondos de cuentas judiciales de causas tramitadas entre 2017 y 2024.
Ríos Artacho había renunciado al MPA el 25 de junio de 2024, tras cumplir una sanción legislativa por entregar irregularmente un Mercedes-Benz secuestrado al comisario Álvaro Rosales, detenido por abuso sexual. Los investigadores describieron ese vínculo: "Esta persona era amigo del exfiscal y mantenía un vínculo de apego y compañerismo". Ocho meses después de su renuncia fue imputado por disponer de ese mismo auto, y también quedó bajo la lupa por el secuestro de un Chevrolet Cruze —a su nombre— que usaba un expolicía cómplice de la barra brava de Newell's, y por una pelea violenta en un casino en junio de 2024. Ya como abogado penalista, la semana pasada se había presentado como defensor del imputado por el femicidio de Carina Candelas.
Un relevamiento desde la puesta en marcha del MPA hasta este jueves identificó al menos diez fiscales o exfiscales santafesinos denunciados o imputados penalmente por hechos vinculados a su función. Cuatro estuvieron privados de la libertad y varios terminaron condenados. La propia Fiscalía General, en su Informe de Gestión 2025, reconoció investigaciones penales contra fiscales, dos renuncias durante causas penales, tres remociones de fiscales luego condenados y cuatro suspensiones legislativas.
El caso de mayor peso institucional es el de Patricio Serjal, exfiscal regional de Rosario, detenido en 2020 por integrar un esquema de protección al empresario del juego clandestino Leonardo Peiti y condenado en 2025 a nueve años de prisión, sentencia confirmada en julio de 2026. En la misma trama cayó Gustavo Ponce Asahad, fiscal adjunto que colaboró con la Justicia, cumplió 14 meses preso y fue condenado a tres años. Mauro Blanco, de Venado Tuerto, terminó con prisión domiciliaria por vínculos con narcotráfico e irregularidades patrimoniales. Rodrigo González, de Reconquista, fue condenado a tres años condicionales por su rol en la misma megacausa del juego.
No todos los casos terminaron en condena: Melisa Serena, fiscal de San Lorenzo, fue imputada en 2021 pero su causa se archivó en 2023 y hoy sigue en funciones. Matías Edery, que encabezó investigaciones contra el crimen organizado en Rosario, fue suspendido cuatro meses en 2024 por encubrimiento, sin condena firme hasta ahora. Fernando Rodrigo renunció en 2017 tras ser denunciado por escuchas ilegales a su pareja y recién en 2025 fue condenado a tres años condicionales. Leandro Benegas, de Vera, estuvo preso en marzo de 2026 por abuso sexual y hoy sigue el proceso con medidas alternativas.
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