El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, denunció que un boliche clandestino funcionaba en un piso cedido por el Estado a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que investigaron la denuncia luego de que esa universidad percibiera "$4.500 millones de pesos de hoy y se recibieron cero alumnos"
El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, denunció que un boliche clandestino funcionaba en un piso cedido por el Estado a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
El edificio, que está ubicado en la intersección de avenida Rivadavia y Pueyrredón, en la ciudad de Buenos Aires, fue investigado por irregularidades en la instalación de la sede.
Según notificó el titular de la cartera, “en 2023 la Universidad recibió del ministerio el equivalente a $4.500 millones de pesos de hoy y se recibieron cero alumnos", por lo que procedieron a efectuar una denuncia penal y solicitaron un allanamiento que fue realizaron por la Policía Federal.
En la denuncia constataron que el equipo del ministerio detectó en el segundo piso funciona el Centro Migrante, dependiente del Ministerio de Justicia, pero también la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (Amumra) y la sede de la Asociación de los Haitianos Viviendo en la Argentina” (OHVA), ambas de índole privada.
“También se observó un espacio en desuso que antiguamente funcionaba Radio 9 Rebelde, pero que presenta faja de clausura en la puerta con fecha 2015. El resto del piso se encuentra sin uso y con mal estado de mantenimiento, con presencia de filtraciones y espacios inhabitables”, detalla el escrito.
Desde el Ministerio de Justicia detallan que el tercer nivel “se encuentra ocupado por una familia utilizando todo el piso en cuestión”, y cuenta con dos salones que se destinan para alquiler de eventos. "Este piso se encuentra directamente cerrado, ya que desde el hall de acceso tienen una reja con la llave en poder de dicha familia”, aclararon. .
“El inmueble será recuperado para su posterior venta”, prometió Cúneo Libarona, y remarcó que en el marco de la inspección se constató que el desarrollo de actividades políticas partidarias y otras prácticas que calificó de ilegales.
Asimismo, completó: “Este despilfarro es una prueba más del saqueo sistemático realizado por el Partido del Estado. Aquellos responsables de este escándalo, tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo facilitaron, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”.
En sintonía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, encargado de informar el anuncio, aseguró que "representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concedió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos de la República Argentina”.
Por su parte, responsabilizó al Partido Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (Miles), quienes —según la denuncia— habían instalado una especie de búnker con banners de la dos veces mandataria Cristina Fernández de Kirchner.
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