Por Mariano D'Arrigo
Foto: LA CAPITAL/Leonardo Vincenti
Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Atento a las declaraciones de Maximiliano Pullaro y sus alfiles sobre su intención de renovar la Corte Suprema de Justicia de la provincia, su titular, Daniel Erbetta, calificó al gobernador electo como “un hombre de diálogo, de respeto de las instituciones” y se mostró expectante con la posibilidad de un diálogo entre Poderes a partir del 10 de diciembre, pero remarcó: “Para que haya juicio político tiene que haber una causal. Nosotros somos una corte en materia jurisdiccional al día”.
En diálogo con La Capital, Erbetta trazó su balance del año judicial, reivindicó decisiones del Tribunal Electoral (que también presidió este año) y que generaron intensos debates, como el voto joven y la invalidez del decreto de la dictadura que regula la distribución de bancas en Diputados, relativizó la eficacia de la ley provincial de narcomenudeo en el combate del narcotráfico y cuestionó la posibilidad de que Javier Milei utilice los decretos de necesidad y urgencia como atajo ante su debilidad en el Congreso: “Gobernar por DNU es convertir la excepción en regla. Es revertir, trastocar el sentido de lo que quiere una república”.
¿Cuál es su balance de este año como presidente de la Corte Suprema?
Fue un año muy intenso, porque se juntó la presidencia de la Corte con la presidencia del Tribunal Electoral Provincial y la integración de la Junta Electoral nacional. Además, está la tarea jurisdiccional: a diferencia de lo que ocurre en otras cortes, cuando ejercemos la presidencia seguimos trabajando de jueces. Además, en el TEP hubo muchos planteos, como el voto joven y la disputa por bancas en Diputados. Es un balance muy positivo, fue una elección absolutamente limpia y ahorramos 55 millones de pesos a la provincia de Santa Fe porque no pagamos padrones y no contratamos a terceros. Fue un proceso electoral totalmente transparente. En materia del gobierno del Poder Judicial fue un año con mucha gestión, porque Santa Fe es una provincia muy extensa y con muchas asimetrías, con regiones muy diferentes. El Poder Judicial tiene problemas estructurales, que son comunes, y después tiene problemas que son particulares de cada región. Un ejemplo: Santa Fe ha tenido en 2022 niveles de inseguridad en términos de homicidios muy elevados. Pero ha tenido departamentos con cero homicidios, cuatro en General López, cinco en Rafaela y 288 en Rosario. Esto que pasa con la seguridad también sucede en el funcionamiento del Poder Judicial. Por eso no hay que generalizar y lo primero que hicimos fue trabajar mucho con diagnóstico. Para tomar decisiones se necesita información desagregada región por región y hemos encarado distintas cuestiones que tienen que ver con distintas dimensiones del Poder Judicial.
¿Cómo cuáles?
Una está vinculada a la dimensión tecnológica. Después de la pandemia hemos dado un salto de calidad muy importante en materia del sistema informático. Hemos podido flexibilizarlo mucho, abrirlo, hacerlo mucho más cómodo al usuario externo, que es el abogado y que puede cargar escritos desde cualquier parte del mundo. Hemos avanzado en la firma digital y notificación por cédula en lote, pero todavía no estamos satisfechos. Queremos avanzar hacia un sistema mucho más abierto y adaptativo, con producción de información en tiempo real, con posibilidad de acceso no sólo a los usuarios, sino a cualquier ciudadano desde cualquier lugar. Esto implica una decisión estratégica importante. Una segunda noticia es que el sistema penal tenía un desarrollo informático muy precario porque quedó fuera del plan que tenía el Poder Judicial al producirse la reforma y tener organismos autónomos como el MPA y el Servicio Público de la Defensa Penal. Este año, después de ocho meses de trabajo conjunto hemos firmado un convenio con el Poder Judicial de Tucumán y vamos a adoptar al funcionamiento del sistema penal una herramienta tecnológica de última generación, muy superadora, que se va a traducir en un mejoramiento notable en la gestión y en la relación entre los actores. Y lo hemos hecho a través de un convenio entre poderes del Estado, gratis.
En el terreno electoral hubo dos decisiones que generaron mucho debate: el voto joven y el famoso decreto 9280. ¿Cuál es la respuesta al planteo de que el Tribunal Electoral se arrogó funciones legislativas o directamente constituyentes?
No, no nos arrogamos ninguna potestad legislativa ni constituyente. El Tribunal Electoral tiene la potestad de resolver frente a un planteo, un caso, aplicando la Constitución provincial y las leyes. Con el voto joven hicimos una interpretación integrativa desde la Constitución. Nosotros no declaramos ninguna inconstitucionalidad, sino que dijimos que no hay ningún obstáculo para que la Constitución provincial, interpretada en función de los tratados internacionales que hoy tienen rango constitucional tras la reforma del ‘94, habilite el voto joven. Era un despropósito que los únicos jóvenes de la Argentina que podían elegir presidente y vice pero a su gobernador, su intendente o jefe comunal del lugar donde se desarrolla su vida eran los santafesinos. Finalmente la decisión quedó firme y los jóvenes pudieron votar.
En cuanto al decreto 9280, ¿se reúne este martes la Corte Suprema para definir la cuestión? Este miércoles hay sesión preparatoria en Diputados.
En ese tema me he excusado porque no puedo revisar mi propia decisión. Yo tengo una posición muy clara en cuanto a ese decreto del proceso militar. No sólo tiene una debilidad de origen, porque proviene de un facto, sino que estaba regulando nada menos que un artículo de la Constitución de la provincia que dice que la distribución de bancas es por D’Hondt. A eso se suma otro argumento fundamental. Además, hay otro argumento fundamental: cuando viene toda la reforma del sistema electoral santafesino, especialmente con la incorporación de las Paso, se produce una derogación orgánica de todo el régimen anterior. Se sustituye un régimen electoral por otro completamente incompatible. Entonces con las Paso hay un piso para pasar a las generales y competir y luego la adjudicación de bancas debe hacerse conforme lo establece la Constitución provincial. Ese fue el criterio del Tribunal Electoral, no sólo mío sino también del doctor Ivaldi Artacho y el doctor Drago. Si la Corte no resuelve el martes no sé qué pasará, porque la Legislatura es la que otorga la calidad. veremos qué decide el miércoles.
En este período de transición se habla mucho de una agenda reformista, ¿es necesaria una reforma al Poder Judicial de la provincia?
Sí, absolutamente. Del Poder Judicial y de los otros poderes. Debe ser una reforma constitucional. Nosotros tenemos una paradoja: senadores y diputados reelegibles indefinidamente y el gobernador no puede ser reelecto. Pero sí, hay que realizar una reforma al Poder Judicial. Hay que tener mucho diagnóstico, mucha información de buena calidad. Yo no puedo reformar lo que no conozco. En la mesa de café opinamos todos, pero lo primero que tengo que saber es dónde están los problemas y tengo que tener gente que conozca de reforma judicial, que no son necesariamente los abogados. Los abogados hemos estudiado leyes. La reforma de un poder del Estado es una cuestión de ingeniería institucional, que requiere haberse capacitado en otras áreas, en otras disciplinas, porque tiene que ver con cuestiones de organización, de gestión e incluso de litigación. Ahí hay una deuda pendiente. Hemos avanzado mucho con un salto de calidad en el sistema penal con un sistema mucho más flexible, rompiendo la estructura de juzgado, ese laberinto de trámites que es el expediente judicial, y que convierte a la Justicia en una suerte de Disneylandia de los trámites, y debemos repensar todo el sistema de justicia civil, laboral contencioso administrativa y fundamentalmente de familia. Familia es el área más problemática que tenemos hoy en la provincia, especialmente en la región Rosario, que concentra casi el 58% de la conflictividad de toda la provincia. Debemos apuntar a modelos de organización no tan rígidos, con colegios o pools de jueces. La estructura de juzgados es medieval. Si se enferma un juez los abogados están recordando a la madre de todo el mundo porque el juzgado quedó paralizado, pero si usted tiene un colegio siempre va a tener un juez que lo atienda en una audiencia. En un juzgado usted tiene al juez trabajando escondido. Yo quiero saber qué deciden los jueces civiles, porque dan un mensaje de tolerancia social, de solidaridad. No sólo resuelven un caso, tienen la capacidad de resolver problemas del consumidor y conflictos importantes. Yo quiero ver cómo trabajan y eso sólo es posible en un sistema de audiencia pública y oral. En mi primera presidencia se firmó el convenio con el ministro Garavano (nota: se refiere a Germán Garavano, ministro de Justicia la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri) para hacer una prueba piloto sobre la oralidad, que dio muy buenos resultados en Rosario y este año la hemos extendido a toda la provincia. Igual esto es el comienzo, no el final de la reforma, que requiere romper estas estructuras. De apuntar a una separación tajante entre la función de gerenciamiento y la jurisdiccional. Hoy un juez de juzgado trabaja part-time de juez y part-time de gerente de pyme y no fueron preparados para gerenciar una pyme. La reforma hasta nos permite potenciar el recurso humano sin tomar más gente. Fundamentalmente, algo que hay que hacer y venimos trabajando mucho con la Federación de Colegios de Abogados, colegios de magistrados, centros de capacitación y facultades, es la dimensión de la litigación. La sociedad y a veces los propios jueces no comprendemos la importancia que una buena litigación tiene en la trazabilidad de los procesos y en la calidad de las decisiones. Y no litigamos demasiado bien. Hay que replantearse toda la manera de litigar e ir hacia un litigio mucho más dinámico, mucho más ágil y claro en el lenguaje. Los casos de alta complejidad son muy pocos y hay que tratar de desarrollar una dimensión en materia de justicia que no se enseña en la facultad, que tiene que ver con la sensibilidad con los problemas. Un problema es lo que yo llamo el “síndrome de alienación temporal”: si uno cree que su propio tiempo es valioso y no se le puede atrasar diez días el cobro del sueldo un concurso preventivo no puede durar cuatro o cinco años. Justicia que llega tarde casi que no es justicia.
Con respecto a la violencia en Rosario, ¿preocupa la situación de la Fiscalía Regional 2, con esta situación de conflictividad y denuncias cruzadas entre fiscales?
Sí, preocupa mucho. Tenemos mucha confianza, ha habido una renovación de autoridades y hay que esperar. Es un organismo autónomo, aunque siempre me pongo a disposición y tengo muchas reuniones con los fiscales generales —el anterior es un compañero de cátedra— y con los fiscales regionales. Es una lástima porque esta situación de alguna manera pone en tela de juicio un montón de cosas buenas que se han hecho. Es un Ministerio Público ha tenido una carga de trabajo significativa y que ha tenido un desempeño en muchos casos bastante eficiente, pero ha tenido una serie de inconvenientes internos. Hubo algunos fiscales que fueron sometidos a procesos y esto generó una situación de inestabilidad, de desequilibrio dentro del propio Ministerio Público. Es importante poner en caja al MPA porque por ley es una estructura vertical que requiere de una conducción muy férrea y una política muy unificada de persecución penal, pero también de una política comunicativa unificada. Eso requiere mucho control. Antes había que desconfiar del poder del juez de instrucción. Hoy hay que desconfiar del poder de los fiscales, porque el fiscal tiene mucho poder. Esto requiere un fuerte monitoreo hacia dentro de la institución y de la generación de controles cruzados. Controles que no deben pasar por otros poderes del Estado. No estoy de acuerdo con que la Legislatura se arrogue la potestad disciplinaria, porque no pasa en ninguna parte del mundo, porque el riesgo es que haya una colonización del poder político de alguien que tiene una función político criminal importante. Pero sí debe haber controles internos y externos con la participación de la ciudadanía. Los controles de gestión y la rendición de cuentas son deudas pendientes dentro del Poder Judicial y en las que estamos trabajando. Por ejemplo, saliendo del MPA y yendo al Poder Judicial, una forma de rendir cuentas es tener un sistema informático abierto, con producción de información en tiempo real, que permita entrar desde cualquier dispositivo y visualizar la radiografía del Poder Judicial de Santa Fe. Esto no sólo me sirve para que todos nos sintamos mirados y tratemos de tener el mejor desempeño, también me permite tener un insumo para ver dónde hay debilidades, dónde es necesario salir en apoyatura para reforzar determinadas cuestiones. En eso estamos comprometidos y tal vez haya coincidencia con las propuestas de reforma que se quieran plantear.
¿La adhesión de Santa Fe a la ley de provincialización del narcomenudeo puede ser una herramienta para enfrentar mejor al narcotráfico?
Lo relativizo, porque narcotráfico hay en todos lados, pero en general no mata, lo que mata en Rosario es la disputa por el mercado interno. Córdoba tuvo una tasa de homicidios de 2.6 cada 100 mil habitantes y nosotros tenemos 23. En Córdoba hay droga, pero Rosario se ha desregulado el mercado y se ha perdido el control del territorio por parte de la agencia policial: hay un montón de policías honestos y respetados, pero hay también una cantidad significativa de policías que han sido condenados en procesos públicos y orales. Se ha producido una suerte de fragmentación, de ruptura de la verticalidad y esto ha generado inconvenientes, a la par de una fragmentación de las bandas que hoy se disputan entre familias hasta por cuadra este tipo de mercados. Hay un nivel de encarcelamiento muy grande, que ha llevado a un problema dentro de la cárcel: tenemos cárceles súper pobladas, con problemas hacia los derechos de los presos, pero con problemas graves hacia la ciudadanía. Está comprobado que se ordenan muchos crímenes desde la cárcel porque el servicio penitenciario ha perdido el control de la cárcel. Son temas que con la ley de narcomenudeo no los vamos a resolver. Necesitamos alguna estrategia de intervención mucho más integral, fundamentalmente respecto de estos tres grandes actores: policía, fiscales y cárceles. Veremos cómo sale la ley de narcomenudeo. Por lo que me decía el doctor Baclini por alguna información que tenía el proyecto tiene algunas particularidades y sería una imprudencia opinar sin tener el texto, pero repito que se requiere un trabajo coordinado con las fuerzas federales. Si le van a traspasar el narcomenudeo a la provincia y no le van a dar los recursos, no dejemos de pensar que la Justicia federal ha recibido una ley con una cantidad de recursos muy superior a la carga de trabajo que tiene y que va a ser significativamente superior si además esa carga de trabajo disminuye. Habrá que buscar las formas de articulación para que la Justicia, las fuerzas policiales y la Justicia federal puedan trabajar conjuntamente y podamos aprovechar toda esta capacidad de trabajo que va a tener la Justicia federal si cubren todos estos cargos. Esperemos que la ley de fortalecimiento de la Justicia nacional no se convierta en una ley de debilitamiento de la Justicia provincial, porque hay un montón de fiscales y jueces nuestros que ya están yendo a concursar para irse al federal, por lo que te va a producir vacantes. Esa ley es una respuesta a un problema que tenía Rosario, pero no hubo un diagnóstico muy preciso a la hora de medir cuanti y cualitativamente las necesidades de la Justicia federal. Una segunda cuestión, algo crítica, tampoco va a ayudar mucho la cantidad de recursos que va a invertir si no cambian los procesos de trabajo. La Justicia federal, salvo Salta y Jujuy, sigue trabajando como en la época de la colonia. Es querer combatir la criminalidad del siglo XXI con una estructura, un sistema de organización, un proceso de gestión y una forma de litigación de 1830.
Desde el pullarismo han planteado la necesidad de una renovación de la Corte Suprema, con el argumento de la edad de los ministros. ¿Cree que hay una estrategia del gobernador electo de tener una Corte a su imagen y semejanza?
En primer lugar, a nadie le gusta cumplir años, al menos cuando ya ha pasado los 20 o los 30. Lo que hay son versiones, no estrictamente ligadas al gobernador electo. Yo lo conozco al gobernador Pullaro, es un hombre de diálogo, de respeto de las instituciones, de la división de poderes. El 10 de diciembre se abre una nueva etapa y seguramente estos temas van a ser abordados conjuntamente. Todo es válido desde la perspectiva de lo que es una propuesta política, yo no la cuestiono, pero hay que tener un poco más de prudencia. Estas son cuestiones delicadas porque involucran a un poder del Estado, que forma parte de la estructura de gobierno. Insisto con que hay que ser prudente. Ya hemos tenido algunos diálogos informales, incluso con funcionarios que van a ocupar cargos relevantes dentro de la estructura del ministerio de Seguridad y Justicia, pero no ha habido todavía un diálogo formal y tampoco ha sido materia de consideración hacia dentro de la Corte Suprema.
¿Si hubiera una seguidilla de juicios políticos podría desatarse un conflicto de poderes?
Para que haya juicio político tiene que haber una causal. Nosotros somos una corte en materia jurisdiccional al día. Referentes han planteado la intención de que se produzca una renovación dentro de la Corte Suprema. Veremos cuáles son las pretensiones, si es que existe, cuáles son las consideraciones y los fundamentos para sostener esto.
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Hablando de juicio político, ¿cuál es su mirada del proceso en el Congreso contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Lo he seguido poco y no puedo dar una opinión puntual, pero la Justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comodoro Py, no ha dejado de ser una fuente de problemas. Tenemos un país atravesado por una grieta que ha hecho mucho daño y esperemos que haya mucha voluntad para superarla. Siempre digo que el problema del Poder Judicial es la politización de la Justicia y la judicialización de la política. Esto produce la posibilidad de una colonización de la Justicia por parte del poder político, y cuando la Justicia es colonizada pierde independencia. Me preocupa mucho este tema porque algún sector de la Justicia federal incluso ha sido objeto de cuestionamiento del propio Papa Francisco, que ha denunciado algunas patologías judiciales. Esperemos que el próximo ministro de Justicia de la Nación, el doctor (Mariano) Cúneo Libarona, un hombre conocedor del terreno, pueda darse con habilidad una política que permita mejorar y fortalecer la independencia judicial.
¿Tuvo algún contacto, aunque sea informal, con Cúneo Libarona?
No, lo conozco pero todavía no hemos tenido contacto. Seguramente habrá conversaciones formales muy pronto, apenas asuma, con la Junta Federal de Cortes provinciales. Además, por lo que tengo entendido él tiene alguna preocupación por la zona de Rosario por el problema del cual hablamos y me parece importante que el ministro de Justicia no sólo se preocupe sino que se ocupe porque puede ser de mucha ayuda, mucho más que la ley de narcomenudeo para dar una estrategia conjunta en Rosario y su región. Por lo que tengo entendido, por un amigo común, Cúneo Libarona, ya antes de asumir, tiene muy presente el problema que estamos atravesando en esta región.
Se confirmó esta semana que Patricia Bullrich va a ser la ministra de Seguridad del nuevo gobierno. Ya ocupó el cargo con Macri, ¿hay contactos con ella?
Quiero hacer una aclaración: yo conceptualmente no identifico justicia con seguridad. De hecho, tuvimos que poner una materia en la Facultad de Derecho, Políticas democráticas en seguridad ciudadana, por la falsa creencia, por este mito instalado entre los abogados, los periodistas en todo el mundo de que hay un problema de seguridad y llaman a un penalista. Los penalistas no estudian seguridad, son problemas que se deberían estudiar en Ciencia Política, en Humanidades. No quiere decir esto que no haya un sector de la Justicia que no tenga transversalmente un punto de conexión con los problemas de seguridad. Hay un sistema penal, nuestros fiscales son los que tienen la tarea de llevar a cabo la persecución penal estratégica, los jueces que son los que definen la sentencia, pero hay que tener un concepto mucho más amplio de seguridad, se requiere un abordaje mucho más integral que lo estrictamente penal. Se requieren políticas primarias, de generación de empleo, salud, trabajo. Se necesita un abordaje con políticas de prevención situacional, con un abordaje multiagencial en territorio. Hay zonas donde se requiere mucha presencia estatal: ministerio de Salud, de Educación, de Vivienda, con la provincia y el municipio. Si puede estar Nación, mejor todavía. Poder hacer plazas, centros de denuncia, de recreación, de asistencia médica. El desafío del ministro de Seguridad excede largamente lo que puede ser una cuestión vinculada a la Justicia. En general, la dinámica de la violencia en la seguridad entendida en ese sentido, la Justicia civil, comercial, laboral no tiene punto de contacto. Es sólo una parte de la Justicia y específicamente el MPA, que es un organismo autónomo, el que juega como un actor político plural importante.
El 10 de diciembre va a asumir Milei como presidente. Esta semana la canciller designada, Diana Mondino, dijo que si el Congreso no les da las leyes que pretenden va a haber una oleada de DNU. ¿Puede estar en riesgo el andamiaje republicano en la Argentina?
Una democracia siempre debe tener presente algo que enseñaba y enseña el maestro Luigi Ferrajoli: las reglas están para ser cumplidas siempre, más en los momentos difíciles que en los momentos fáciles. Y las reglas no admiten excepción alguna. Gobernar por DNU es convertir la excepción en regla. Es revertir, trastocar el sentido de lo que quiere una república. Mi opinión, con todo respeto, es que no es una buena estrategia la idea de gobernar exclusivamente por DNU porque implicaría desconocer que hay una división de poderes. El resultado de las urnas no se refiere sólo al presidente de la Nación sino también respecto a los representantes del pueblo argentino que están en el Congreso: los diputados y los senadores. Los DNU tienen un trámite, deben pasar por una comisión y están previstos para situaciones muy puntuales. Esperemos que si hay políticas a proponer se discutan y gocen de consenso, porque por lo que se anuncia van a tener un impacto muy decisivo en la vida de las argentinas y los argentinos. Si algo no nos podemos permitir es un aumento de la conflictividad. Esto es como con la corrupción: cuando usted no tiene controles, aparecen la discrecionalidad del funcionario, la arbitrariedad y puede llegar a convertirse en una situación de irregularidad o hasta de corrupción. Esto se traslada al clima de la gente. Hay que cuidar mucho el clima social, porque puede empezar con una protesta, eso puede ir en aumento y se genera una situación donde las cosas se complican. Cuanto mayor consenso tenga una decisión o un acto de gobierno mayor será la garantía para reducir estos riesgos.
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