Confirmaron la condena a la expresidenta de la Nación por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación en el marco de la causa Vialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. La ex presidenta de la Nación recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A su vez, dentro del fallo de más de 1600 páginas, la Sala IV de Casación confirmó las condenas a los demás funcionarios nacionales y de las agencias viales involucradas en la causa.. Por ello, las demás condenas fueron para Báez (6 años de prisión), José López (ex secretario de Obras Públicas, 6 años), Nelson Periotti (ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, 6 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
De la misma manera, la audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py se anunció las absoluciones de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz; y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal, por prescipción.
Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña fueron quienes confirmaron la condena de la ex presidenta, mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle el delito de asociación ilícita como había pedido la Fiscalía. Los mismos sostuvieron que “se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas” durante su resolución.
No obstante, el fallo no tendrá efectos concretos, debido a que puede ser apelado por todas las partes durante 10 días hábiles para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El máximo tribunal será quien resuelva el expediente y definirá si ratifica la decisión de Casación, para dejar el fallo firme y en condiciones de ejecutarse. La Corte no cuenta con plazos para resolver.
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La causa juzgó los hechos remitidos a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, durante el período de 2003-2015.
Durante el mencionado período, las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas a Báez, también condenado en la causa. A través de esta asignación de obras públicas viales, el grupo empresarial obtuvo un crecimiento económico exponencial.
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La Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) contaron con funcionarios que convalidaron irregularidades en el desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras, por lo que fueron involucrados y condenados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. José Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas, fue también responsabilizado con los mismos actos.
En tanto, se demostró que desde el Poder Ejecutivo Nacional realizaron maniobras con la finalidad de concretar el circuito de irregularidades. Allí es donde señalaron la suscripción de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación en aquel momento, del Decreto PEN 54/09, el cual fue intervenido por López. El mencionado decreto permitió financiar directamente las obras viales que se le adjudicaron a Báez. Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
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