Cristina denunció ser parte de una guerra jurídica

La vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner definió la causa en su contra por presunta corrupción en la obra pública como el “caso paradigmático de lawfare (guerra jurídica) en la Argentina”, en referencia a “la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares”.

A un día de prestar declaración indagatoria en el juicio que la investiga por el supuesto direccionamiento de los contratos de obra pública vial durante su gobierno, la exmandataria publicó en sus redes sociales: “Mañana (por hoy), en Comodoro Py, tendrá lugar una audiencia oral del caso paradigmático de lawfare en la Argentina: la causa conocida mediáticamente como de la Obra pública”.

En ese expediente, según Fernández de Kirchner, “las mentiras, difamaciones y descalificaciones sobre mi persona fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo, desde las denuncias de diputados y dirigentes opositores, pasando por la filtración anticipada de las resoluciones de Julián Ercolini -el juez mutante de instrucción-”.

“Hasta la lectura en vivo y en directo del escrito del fiscal, plagado de descalificaciones impropias para esta clase de presentaciones, autorizada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2”, completó la vicepresidenta electa.

Además, Fernández de Kirchner cuestionó al tribunal porque “deniega la transmisión en vivo de mi declaración como acusada, que no es otra cosa que mi principal acto de defensa, cuando impulsó y votó la transmisión en vivo de otros juicios orales”.

“En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático”, cerró la ex presidenta.

La cita está programada para las 9.30 ante el TOF 2, presidido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en los tribunales de Comodoro Py.

En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.

Además de la ex presidenta y Báez, también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.